El desastre eléctrico no lo arregla otro impuesto
El coste de la luz representa solo en torno a un 50% en la tarifa
Recuperar la idea de un impuesto europeo sobre los supuestos beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena crisis por el cierre de Ormuz es el penúltimo giro populista del Gobierno, que la propia Comisión Europea, a diferencia de 2022 tras la crisis de Ucrania, ha echado abajo por falta de consenso. Así, sin respaldo europeo, el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad nacional de aprobarlo, o no, y cómo: si, otra vez, sobre la cifra de negocios, olvidando los supuestos beneficios extraordinarios, así como si incluye, o no, a las eléctricas, asunto sobre el que cambia de opinión según el día: el presidente las excluyó en una reunión europea y el PSOE las ha incluido en una proposición presentada en el Congreso.
Los expertos en marketing político de La Moncloa ya no saben qué más hacer para intentar que los partidos del Gobierno remonten en las elecciones, sobre todo cuando las generales se van acercando mes a mes. Pero cualquiera que conozca la actual y problemática realidad de nuestro sector eléctrico, al margen del debate sobre si hay o no beneficios extraordinarios, sabe que ni así se resuelven, ni se ocultan los evidentes fracasos de la política eléctrica del Ejecutivo, algunos de los cuales se mencionan a continuación.
El primero ha sido centrar, casi en exclusiva, la estrategia de descarbonización en el sector eléctrico, fomentando y subvencionando las energías renovables, pero con más gas complementario y sin acciones eficaces en transporte, industria o agricultura. Por ello, aunque las emisiones de CO₂ tienden a la baja, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional de Energía y Clima. Así, hemos rebajado un 6% las emisiones respecto al año de referencia, 1990, cuando la previsión es llegar al 32% en 2030.
El segundo, reconocido por la presidenta de la Comisión, es el error estratégico que supone empecinarse en poner fin a las centrales nucleares, “una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones”, según Von der Leyen. Por eso, Bruselas estimula el alargamiento de la vida útil de las centrales existentes (como en Bélgica y Países Bajos) e, incluso, apoya la creación de nuevos minirreactores. Una España sin nuclear tendrá más gas, es decir, más emisiones, mayor precio y más vulnerabilidad. El silencio está siendo la respuesta del Gobierno a la petición de las empresas de alargar tres años la vida útil de nuestras centrales sobre el calendario pactado, que nos llevaría a que Almaraz I cerrara en noviembre de 2027. Dado que, como veremos, hay demasiados supuestos del PNIEC que no se están cumpliendo, este alargamiento, y por más años aún (el Parlamento Europeo ha solicitado una prórroga al menos hasta 2040), debería ser la respuesta responsable de un Gobierno responsable. Pero en el actual clima electoral, y con un presidente que aspira a ser el referente de la extrema izquierda española, no es descartable una negativa al alargamiento solicitado, en la misma línea populista del impuesto reclamado.
El tercer problema son unas redes, tanto de transporte como de distribución, incapaces de absorber todas las necesidades de demanda (centros de datos, nuevas urbanizaciones, puntos de recarga de coche eléctrico, etcétera) y toda la oferta existente. Los errores del Gobierno en la planificación de infraestructuras de red, más los retrasos en su ejecución, han convertido a estas en un embudo por saturación extrema y cuellos de botella, lo que está limitando el crecimiento económico e incluso la propia transición, conforme hay cada vez más parques de renovables que no pueden, o tardan mucho, en conectarse a la red.
El cuarto problema es el freno a las inversiones en renovables que representa la excesiva cantidad de “vertidos” (reducción intencionada de generación), tanto porque la red no puede absorberla como porque no hay demanda suficiente en ese momento (y el almacenamiento es insuficiente) o porque el precio del mercado es cercano a cero. Así, se está produciendo un freno considerable a las inversiones previstas y algunos riesgos para empresas ya constituidas, por falta de rentabilidad en los proyectos. Las medidas de refuerzo adoptadas por Red Eléctrica tras el apagón de hace un año, en el sentido de limitar la presencia de renovables en el mix diario e incrementar la de fuentes tradicionales, sobre todo gas, también provocan el mismo efecto, aunque sean necesarias para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
El quinto problema es el retraso en el almacenamiento, clave de bóveda esencial del proceso de transición, ya que reduciría mucho los vertidos. El retraso en la regulación del almacenamiento por parte del Gobierno (hasta 2025, tras el apagón) explica que hoy haya una capacidad estimada (bombeo hidráulico más baterías y termosolar) de unos 10 GW, lo que representa el 45% del objetivo de 22,5 GW previsto para 2030.
El sexto problema está vinculado al apagón y sus consecuencias a un doble nivel: el coste de la operación reforzada puesta en marcha tras el mismo, que REE calcula en más de 700 millones de euros hasta la fecha, y el desbarajuste provocado por las acusaciones cruzadas entre las empresas eléctricas y el operador del sistema sobre las responsabilidades respectivas en el apagón, y de este con una CNMC que ha lanzado más de 60 expedientes sancionadores, tal vez para eludir su propia responsabilidad por no aprobar en plazo la imprescindible nueva normativa P.O.7.4. Sin olvidar que planean elevadas indemnizaciones que deberán determinar los tribunales.
Si tenemos en cuenta que, en la actual tarifa eléctrica, el coste de la electricidad representa solo en torno a un 50%, siendo el resto los llamados peajes (25%) y los impuestos (otro 25%), no parece que un nuevo impuesto sobre los (inexistentes) beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del cierre de Ormuz vaya a resolver ninguno de los seis graves problemas señalados, y a los que el Gobierno haría bien en dedicarles más trabajo y menos propaganda electoral. La clase media y trabajadora se lo agradecería.