El coste de no poder gobernar y el beneficio de poder hacerlo
Con la urgente necesidad de inversión, pese al nuevo fondo soberano, es una negligencia renunciar al crédito europeo
La exención fiscal completa de las rentas que los caseros obtengan por el alquiler de sus viviendas es uno de los triples saltos mortales con tirabuzón ideológico más arriesgados del presidente del Gobierno en los últimos tiempos, viajando del populismo de izquierdas, practicado hasta ahora en materia de vivienda, al liberalismo tradicional, ante la desesperación por el alza vertical de las casas y sus arrendamientos. Pero es también el mejor botón de muestra de la incertidumbre sobre la política económica que lamentan inversores y empresarios, y de los contradictorios intereses que la sostienen.
Y es, desde luego, por anecdótico que parezca, un ejemplo más del coste que para la actividad económica y el progreso del país tiene no poder gobernar, y del beneficio que se obtendría de poder hacerlo. Como lo es también, y esto no es una anécdota, la renuncia a 62.000 millones de euros en créditos europeos blandos para inversión transformadora del aparato productivo por incapacidad de aprobar unas pocas reformas en el Parlamento, cuando más necesarias son tanto estas como aquellos. O como lo es también, desde el arranque de la legislatura, la incapacidad para disponer de un Presupuesto que actualice las prioridades inversoras.
Cuesta creer que no existe una flagrante negligencia política en la renuncia a tales cantidades de dinero con peregrinas justificaciones basadas en el supuesto sobrecoste de tales créditos frente a las emisiones del Tesoro, con unos diferenciales tan estrechos y una variabilidad tan imprevisible que un trimestre pueden jugar a favor, y otro, en contra. Pero son las justificaciones públicas esgrimidas para hacer pequeñas las cada vez más grandes e insalvables dificultades de superar votaciones en el Parlamento.
La economía española ha tenido un prolongado apagón inversor desde la pandemia, y solo en los dos últimos años se ha reanimado, primero en la construcción residencial y después en la industria, en muchos casos con la palanca proporcionada por los fondos Next Generation de la Unión Europea. España, junto a Italia, obtuvo el premio gordo de la respuesta europea a la crisis del covid, y logró arrancar recursos por 163.000 millones de euros, con 79.800 millones en subvenciones a fondo perdido y 83.200 millones a préstamo retornable con coste financiero. La única condición para obtenerlos e invertirlos era el compromiso de una serie de reformas para transformar el aparato productivo.
Del programa de inyecciones no retornables España ha recibido ya 55.000 millones, casi siete de cada diez euros; pero de los créditos solo ha recibido 16.000, y espera otros 5.500: al resto renuncia con los argumentos citados antes, aunque la causa es la incapacidad para legislar las peticiones pactados con Bruselas, la incapacidad para poder gobernar. Inicialmente la renuncia podía llegar a los 62.500 millones; pero falta por concretar cuál será la cantidad definitiva, dado que ha anunciado el Gobierno, ¡aleluya!, la creación de un fondo soberano de inversión capitalizado con 10.500 millones procedentes de los créditos europeos.
Están pendientes reformas comprometidas como la atención sanitaria rural, el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, el Plan Nacional de Competencias Digitales, la Ley de Industria, la regulación de los grupos de presión, la de la Defensa de la Competencia, o la revisión integral y urgente de los gastos fiscales, así como otras muchas reformas con las que el Gobierno llena la boca a sabiendas de su nula capacidad para aprobarlas. Y está pendiente otro interminable rosario de cambios que no aparecen en el compromiso con Bruselas, pero sí en el espíritu de los informes de Draghi y Letta para Europa, y que son imprescindibles para actualizar el modelo productivo y estirar el crecimiento potencial.
Y conviene no olvidar que el año pasado colapsó la provisión de energía eléctrica con un apagón total de 24 horas, y volverá a pasar si no se da otro impulso a la inversión energética. Conviene no olvidar tampoco que habrá cuellos de botella en el tráfico aéreo y ferroviario, en la atención sanitaria y educativa, en la provisión de agua en grandes ciudades y zonas turísticas, en los accesos a las grandes urbes, si no se activa la inversión, tal como ya escribimos en el agua en octubre pasado. Avisados estamos.
Renunciar al dinero comunitario con coste tiene un coste mayor porque se renuncia también a capitalizar varios fondos del Estado que cofinancian proyectos de carácter privado, como el autonómico de inversiones sostenibles que debía llegar a 22.000 millones de euros o el propio ICO, que es el gran avalista público para el crédito privado, y que gestionará el nuevo fondo anunciado de 10.500 millones. Pero, dada la dimensión de los planes de inversión industrial o de infraestructuras tan necesarios, como los de cuantía millonaria identificados por las grandes constructoras en reiteradas ocasiones, ¿no sería conveniente capturar todo el crédito ofrecido por la UE y convertirlo en un fabuloso multiplicador de la inversión pública y privada? Si España Crece con 10.500 millones de capital, que parece poca cosa, ¿cuánto lo haría con 60.000?
Si la explicación de la renuncia fuese que el dinero comunitario es más caro que el emitido por el Tesoro, el Gobierno debería ponerse ya a emitir obligaciones a largo plazo para cebar tales fondos o poder dar continuidad a los proyectos de inversión que están en marcha y los que hayan de generarse. Y para ello deberían recogerse en la estrategia de financiación del Tesoro, en la que no aparecen, y que solo atenderá los 55.000 millones de emisiones netas y los 230.000 millones precisos para refinanciar los vencimientos.
De hacerlo, estaríamos ante un incremento adicional de la deuda, pero quién sabe si emitido a coste más bajo que el que pueda capturarse en el porvenir. De hecho, Italia, que priorizó la petición del dinero a crédito, logró captarlo más barato que si lo hubiese hecho su Tesoro, y logró cualificar la deuda prolongando la vida media de los títulos. Algo que también podría hacer ahora el Tesoro español para aliviar la presión de los plazos cortos en la cartera de vencimientos. Hay que recordar que los créditos Next Generation son a 30 años con 10 de carencia, y que son eurobonos de plena naturaleza, por los que tanto ha suspirado España.
Los dineros a los que el Gobierno renuncia podían consolidar lanzar la inversión cuando más necesaria es. Primero, porque la de origen extranjero ha registrado una fuerte contracción en los últimos trimestres. En segundo lugar, porque la aportación de la inversión al crecimiento será declinante en los próximos años: de hacerlo en 1,1 punto porcentual en 2025, lo hará en 0,9 en 2026 y en 0,5 en 2027, según el Banco de España. El Gobierno admite también que la formación bruta de capital será menos generosa este y los dos próximos años que lo fue en 2025, cuando creció al 6%. Y, en tercer lugar, y seguramente no el menor de los motivos, porque los flujos financieros a los que se renuncia bien pudieran suplir la falta de Presupuestos y de su activismo inversor, así como el pesimismo que albergan la mitad de los empresarios sobre la certidumbre de la política económica, que condiciona en buena manera las decisiones de nueva inversión.