El déficit de equipamiento amenaza con romper las costuras del país
Con necesidad en carreteras, aeropuertos, ferrocarril, energía o vivienda, la inversión pública es rehén de la falta de Presupuesto
A lo largo de este año, todo observador paciente habrá caído en la cuenta de la existencia de déficits crecientes en determinados servicios públicos, que anticipan colapsos puntuales en el porvenir si no se corrigen a tiempo. En todos los casos se trata de deficiencias en el equipamiento de las infraestructuras de gestión pública, que solo pueden ser superadas con un esfuerzo inversor muy importante, y para el que se necesita una política y planificación presupuestarias serias, de las que carece España desde hace casi un trienio. A la desidia inversora y la paulatina obsolescencia de algunas de las infraestructuras vitales, hay que sumar la presión natural de una población creciente, que es la que sostiene el crecimiento, y que amenaza con tensar y romper las costuras del país.
En julio ya advertimos de este asunto, con la esperanza de que un nuevo proyecto de Presupuestos cayese en la cuenta de estos déficits y repusiese las vías de la inversión pública, atendiendo más al necesario gasto productivo que al de carácter social, que tanto gusta al Gobierno. Pero no tal. Sobrepasada la fecha de presentación del proyecto sin noticias de nuevas cuentas públicas, pese a la obligación constitucional de presentarlas, nadie apuesta un duro por ellas, y esperar que las haya en 2027 es también un ejercicio de melancolía.
En 2025 hemos visto cómo un apagón colapsaba una de las mayores economías del mundo durante un día completo; cómo reiteradas veces los trenes dejaban de funcionar y secuestraban a millares de pasajeros en las estaciones ferroviarias, o en algún descampado de la piel de toro; cómo los retrasos en los vuelos se acumulaban con un récord cercano a los cien millones de visitantes extranjeros; cómo el déficit de construcción residencial dispara los precios de las casas para comprar o para alquilar; cómo el clima seco provocaba la mayor oleada de incendios en parajes abandonados a su suerte; cómo lluvias torrenciales generaban inundaciones que metían en la gente el miedo a repetir los episodios del año pasado en Valencia; o cómo, igual que el año pasado y el venidero, se abarrotan las urgencias en los hospitales urbanos, y las listas de espera no se acortan ni con el uso creciente de servicios sanitarios privados, sin los cuales la sanidad pública colapsaría.
En todos y cada uno de estos casos hay un déficit de inversión acumulado de años, y en muchos de ellos ni siquiera se ha atendido la depreciación de las infraestructuras, de responsabilidad y titularidad pública en la mayoría de los casos. Es evidente que la capitalización de la economía con el equipamiento económico e industrial es responsabilidad compartida, pero la puesta a disposición de las grandes infraestructuras de transporte y de carácter sanitario y educativo es de incumbencia pública, si bien la financiación siempre proviene de los agentes privados vía impuestos.
En los años transcurridos de este siglo, los moradores del país han pasado de 40 millones a 50 (49,5 millones cuando termine este año), nada menos que un incremento del 25%, o un 1% cada año, absorbido enteramente con inmigración, y que ha servido para sostener el crecimiento económico del país con la aportación de fuerza laboral asequible y un impulso continuo a la demanda de consumo. Parece evidente que el equipamiento físico del país diseñado para 40 millones de personas no puede ser eficiente si tiene que atender a 50 millones, y que en muchos servicios la demanda tensa tanto a la oferta que termina por descoser las costuras de las infraestructuras existentes.
Ha pasado, y pasará de nuevo si no se da un fuerte impulso a la inversión, con la generación y provisión de energía, con el tráfico ferroviario y aéreo, con la atención sanitaria y educativa, con la provisión de agua en las grandes ciudades y zonas turísticas, con los accesos a las grandes urbes, etc. Y, si no aparece tal impulso inversor, que por lo visto hasta ahora es muy limitado y ceñido a los recursos que proporciona la Unión Europea, los cuellos de botella en muchas de las actividades productivas lastrarán aún más la productividad, provocarán una contracción en el crecimiento potencial y reducirán el avance y el reparto de la riqueza.
En las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado algunas iniciativas que van en el sentido correcto, aunque parecen insuficientes, como la creación de un escudo antiapagones, el plan de inversión de 13.600 millones en redes eléctricas para incrementar la capacidad de la red de alta tensión y los accesos de particulares e industria (poco coherentes, a decir verdad, con la intención no revocada de finiquitar las nucleares). O los 12.900 millones que la red de aeropuertos pretende gastar para mejorar sus infraestructuras hasta 2031 y acoger la avalancha de tráfico esperada, y que, una vez más, pagarán las aerolíneas y los viajeros.
Pero los déficits están en todas las infraestructuras, sobre todo las de titularidad pública, además de en muchas de carácter privado o compartido, como la vivienda, la sanidad o la educación, servicios y bienes cuya provisión sería siempre deficitaria sin la participación privada. Si en el pasado ha habido episodios de sobreinversión en infraestructuras (España es el país de la UE que más stock de capital mantiene ocioso, con un 23,1% en las infraestructuras y un 12,7% en los servicios), desde la crisis financiera la inversión pública se ha reducido drásticamente, y solo en los últimos años ha recuperado el tono con aportaciones europeas.
El informe sobre El stock de capital en España de 1995 a 2024 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE), dirigido por Francisco Pérez, Matilde Mas y Juan F. de Guevara, apunta a los déficits en vías de transporte, obras hidráulicas o equipamiento urbano, y lamenta que ahora 75 de cada 100 euros de inversión se destinan a cubrir la depreciación de los activos, y solo 25 a incrementar el stock. Y la asociación de grandes constructoras, Seopan, los detalla reiteradamente en los cálculos realizados por la ingeniería Sener. Identifica proyectos necesarios en infraestructura de transporte de 150.000 millones y de otros 198.000 en proyectos hidráulicos, energéticos y sanitarios.
De momento, el Gobierno se limita a anunciar planes plurianuales ordinarios en determinadas actividades (provisión energética o aeroportuaria), que recaerán en la espalda del usuario del servicio, y fía la corrección de la mayoría de los déficits de equipamiento a los planes pactados con Bruselas. Pero, cuando falta año y medio para culminar su ejecución, se ha consumido menos de la mitad del dinero, y nada se sabe aún de a qué se destinarán los 80.000 millones en créditos reembolsables destinados a España, si al final acepta utilizarlos. Con todo, se antoja poco esfuerzo inversor para reforzar la competitividad de la economía, y poco o nada más se puede esperar en ausencia de Presupuestos, o de Presupuestos activamente inversores en caso de que existiesen.
