Vicios y virtudes de la tupida red de protección de rentas
Los mecanismos dan cobertura universal, pero sus cuantías son un inhibidor en la búsqueda de empleo
España ha tejido una tupida red de protección social de rentas que ha atrapado a más de ocho millones y medio de personas de todas las edades en el bienintencionado deseo, no del todo conseguido, de extirpar la pobreza. La línea que ha cerrado definitivamente el círculo ha sido el Ingreso Mínimo Vital y sus correcciones recientes para maridar protección y empleo, que han encajado desincentivos apreciables a la búsqueda de ocupación en colectivos numerosos, y muy modestos réditos como estímulo al trabajo. El régimen de cuantías, muy cercanas a los salarios en los servicios de bajo valor añadido con los que compiten, y la pasividad fiscalizadora, atrapan artificialmente a numerosos colectivos en la red.
El último informe gubernamental sobre el alcance del Sistema de Garantías de Ingresos Mínimos, elaborado por la secretaría de Estado de Derechos Sociales y referido a 2023, identifica a un colectivo protegido por los distintos subsidios públicos de cerca de ocho millones y medio de personas (8.227.167), con un gasto de casi 38.000 millones de euros. En el cómputo se integran desde los perceptores de pensiones no contributivas (antiguas asistenciales), hasta los pensionistas contributivos que precisan de complementos de mínimos de sus prestaciones, pasando por el Seguro Obrero de Vejez e Invalidez (SOVI) o las pensiones de orfandad; los sistemas nacionales de protección contra el desempleo (seguro, subsidio, renta activa de inserción y subsidio agrario); los mecanismos autonómicos de rentas mínimas de inserción; las ayudas a la infancia; y el Ingreso Mínimo Vital, el subsidio más reciente que ha pretendido cerrar el círculo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En la práctica, y a juzgar por el recorrido temporal de esta última red, hay universalidad absoluta en la protección, dado que el colectivo acogido está numéricamente estancado, pese a que los datos proporcionados por la administración identifican a un colectivo de algo más de medio millón de hogares que tendrían derecho al ingreso mínimo vital (supone un 55% de los potenciales perceptores identificados por Hacienda), y que ni siquiera lo solicitan. La renuncia puede estar justificada por la presencia todavía importante, aunque nunca cuantificada, de la economía sumergida. (Las mediciones, poco científicas, oscilan entre el 15% y el 20%, ligeramente superiores a las de la UE, y se obtienen básicamente cruzando datos de recaudación del IVA con encuestas de consumo y volúmenes de dinero en circulación).
Para que el círculo de protección ya perfectamente cuadrado no se esclerotice y atrape para siempre a determinados colectivos en rentas de beneficencia, y sirva de impulso a la búsqueda de mejores condiciones de vida, debe permear de manera continua con el mercado de trabajo. El diseño normativo de los tres mecanismos que cubren la falta de renta básica (seguro y subsidio por desempleo, Ingreso Mínimo Vital y sistema de Rentas Mínimas de Inserción) establece una relación directa con el mercado laboral, cubriendo necesidades vitales cuando no se dispone de empleo, pero obligando teóricamente a su búsqueda de manera activa, y permitiendo incluso compatibilizar subsidio y ocupación remunerada. Otra cuestión es que el espíritu de la norma se respete con celo y se fiscalice con rigor el comportamiento de los perceptores.
Lo cierto es que la laxitud administrativa en la gestión de estos extremos y las cuantías de las prestaciones, bastante modestas en la mayoría de los casos, pero no en todos, desincentiva la búsqueda activa de empleos para salir de la trampa de la pobreza. La irrupción del Ingreso Mínimo Vital ha sacado a importantes colectivos de la inactividad atraídos por la percepción de una renta, por limitada que sea, pero en muchos casos ese ha sido el punto de llegada para esos colectivos.
La última opinión publicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la ejecución del Ingreso Mínimo Vital explora en detalle la conexión entre la prestación y el empleo, y recomienda reformular su diseño, especialmente en lo referido al complemento de apoyo al empleo que acompaña a la prestación genérica. El mecanismo está vigente desde junio de 2020, y proporciona ya referencias suficientes para hacer un análisis crítico de su funcionamiento.
Nueve de cada diez perceptores permanecen alojados en la protección más de doce meses, el 75% supera los 24 meses, un 60%, más de tres años, y casi la mitad (un 45%), durante cuatro años. Los colectivos más longevos en el modelo son los que antes acumulaban largos periodos de desempleo, los que disponen de nóminas más elevadas (por cada cien euros más de subsidio se reduce en un 14% la probabilidad de dejarlo), o que se han trasvasado desde los mecanismos gemelos de protección de las comunidades autónomas.
El organismo fiscalizador detalla también que el IMV reduce la probabilidad de trabajar, con mayor impacto entre los que cobran prestación más alta, los menores de 30 años y los perceptores que tienen condición de monoparentales. En el caso de quienes perciben nóminas más altas, su disposición a trabajar cuando llevan seis meses cobrando desciende un 23%, mientras que en el caso de los menores de treinta años, tal disposición desciende un 29%, y un 19% en el caso de las personas de referencia en hogares monoparentales, independientemente de que se trate de hombres o mujeres. Destaca también el informe de AIReF que, en caso de perder la prestación, habitual en los últimos meses del año cuando se cruzan los datos aportados por el perceptor y los de la Agencia Tributaria, sube ligeramente la disposición a trabajar, aunque en una proporción limitada (7%).
Desde 2023 el Gobierno ha tratado de reforzar la vinculación entre prestación y trabajo incorporando un nuevo incentivo económico al empleo entre los perceptores, pero la experiencia dice que no logra mitigar la pasividad en la búsqueda de ocupación. Un instrumento de parecida naturaleza se ha establecido también desde noviembre de 2024: el complemento de apoyo al empleo para los perceptores de subsidio por desempleo que pueden compatibilizar con un trabajo, y que es superior cuanto más pronto se vuelva a trabajar y cuanto más elevada sea la jornada.
Pero la Administración ha puesto no menos empeño, sino más, en garantizar la continuidad de las prestaciones, con un sistema, también creado en noviembre de 2024, que permite el paso automático del subsidio por desempleo al ingreso mínimo vital cuando se agota el primero. Además, en la misma fecha, una modificación del subsidio de paro permite a determinados colectivos prolongar el subsidio una vez agotado el derecho, con cuantías similares y prácticamente indefinidas. Con esta medida 288.000 personas se mantienen en la red de protección, y elevan el colectivo del subsidio de paro a más de 830.000, de los que solo 545.000 lo hacen, a julio, por sus cotizaciones.
Con toda la red de prestaciones (seguro con 928.000 perceptores, subsidio con 833.000, IMV con 452.000, y RMI con 571.000), el colectivo con cobertura supera al de demandantes de empleo, y con el régimen de cuantías vigente desincentiva en muchos casos la búsqueda de mejores condiciones de vida ligadas a la ocupación, una deficiencia que va en contra de la naturaleza y el espíritu de una red creada para cubrir las necesidades de renta en caso de pobreza extrema y falta de trabajo.
Las cuantías también juegan su papel inhibidor. La media del seguro de paro es de unos 975 euros; la del subsidio, en torno a 540 euros; la del Ingreso Mínimo Vital oscila entre 7.231 euros anuales de mínima y 15.951 euros de máxima por hogar; y la de las Rentas Mínimas de Inserción, de competencia autonómica y alcance universal, va de los 559 euros mensuales a los 954. La cuantía máxima de las rentas autonómicas supera los 600 euros mensuales u 8.400 anuales del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en toda España, y en siete comunidades supera incluso al SMI.
Por tanto, todas ellas son cantidades similares o superiores a los salarios de entrada en tareas de bajo valor añadido, lo que las convierte en una competencia inhibidora con el trabajo. En un mercado abierto, y pese al intervencionismo activo de la autoridad laboral, las remuneraciones de tales actividades tienden a mantenerse en la franja salarial más modesta por la fuerte presión que ejercen los colectivos de inmigrantes, que aceptan tales compensaciones económicas porque su grado de resistencia es mucho menor, ya que mayoritariamente carecen de soportes de apoyo familiar.