Aplazamiento de Verifactu: aprendamos de los errores
El anuncio no es una buena noticia para el tejido productivo, pero ofrece la oportunidad de hacer mejor las cosas
La noticia del aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, anunciada por el Gobierno, lejos de considerarse una buena noticia para el sector empresarial –como en una primera lectura han interpretado algunas organizaciones–, es en realidad un síntoma preocupante que debería llevarnos a reflexionar sobre la falta de preparación, planificación y pedagogía en torno a un cambio normativo esencial para la modernización de nuestro tejido productivo. El hecho es, además, especialmente grave, cuando faltaban menos de 30 días para su entrada en vigor. Recuérdese que su implementación para empresas iba a producirse el primero de enero y, para los autónomos, con el inicio del mes de julio.
Ahora el calendario, según el anuncio del Gobierno, se relaja de nuevo –es la segunda vez que ocurre tras el aplazamiento comunicado en julio de 2024, que ya retrasó la fecha prevista inicialmente– y vuelve a dejar a los autónomos sin un marco legal claro que les permita saber cómo actuar. Los dos aplazamientos consecutivos han fomentado la idea de que basta con esperar y no hacer nada, lo que solo aumentará el riesgo de sanciones y errores cuando la obligación entre finalmente en vigor. Esta incertidumbre, especialmente difícil de gestionar para quienes desarrollan su actividad prácticamente en solitario, dificulta la planificación y paraliza la toma de decisiones, frenando además el proceso de digitalización de empresas y autónomos.
Conviene recordar que el sistema Verifactu, regulado por el Real Decreto 1007/2023, no es una ocurrencia, sino que, en la línea de lo que otros países de nuestro entorno han legislado –como Portugal, Francia o Italia, con modelos consolidados de facturación certificada–, forma parte de una estrategia más amplia de modernización y digitalización de la economía. Obliga a empresas y autónomos a emitir facturas mediante un software que garantice su integridad, inalterabilidad y trazabilidad, permitiendo su envío inmediato a la Agencia Tributaria. Su propósito es claro: mejorar la transparencia y aportar seguridad a todos los actores implicados.
Desde la literatura económica son numerosas las voces que alertan de las consecuencias derivadas de este tipo de aplazamientos administrativos. Entre ellas, no es menor el coste de oportunidad y la pérdida de eficiencia. Si la nueva normativa buscaba corregir deficiencias del modelo actual, su retraso implica prolongar en el tiempo una situación que genera ineficiencias y que penaliza la necesaria modernización del sistema.
Pero también, desde la perspectiva de la psicología conductual aplicada a la toma de decisiones económicas, el aplazamiento tiene efectos relevantes. El retraso –y en este caso ya van dos– valida la inercia de no adaptarse y refuerza la resistencia al cambio. Además, si los agentes perciben que basta con presionar para obtener prórrogas, se reduce el incentivo para prepararse con antelación. A ello se suma el mensaje desmoralizador que puede suponer el aplazamiento para aquellas empresas y autónomos que sí realizaron sus inversiones con tiempo y estaban ya perfectamente preparados para la nueva regulación. Es lógico que se sientan perjudicados frente a quienes no hicieron los deberes. Incluso podrían pensar, y con razón, que se ha generado un entorno de competencia desleal.
Asimismo, no puede obviarse el quebranto económico que el aplazamiento supone para las empresas del sector tecnológico que llevaban muchos meses adaptando sus sistemas a las especificaciones oficiales. El nuevo retraso les obligará a rehacer sus planificaciones e inversiones y a modificar sus estrategias de promoción y comercialización hacia sus clientes. Es otro perjuicio derivado de hacer depender decisiones técnicas de un calendario político sujeto a constantes cambios.
Si finalmente se confirma el aplazamiento, el nuevo periodo que se abriría para la adaptación de pymes y autónomos debería aprovecharse para que la Administración hiciera mejor las cosas. Nos referimos, por ejemplo, a utilizar este tiempo adicional para desarrollar una labor real de acompañamiento técnico y pedagógico.
Es decir, si consideramos que el calendario ya anunciado será –esta vez sí, esperemos– inamovible, las Administraciones deberían reforzar sus campañas de información con el fin de desterrar cualquier suspicacia por parte de los agentes económicos afectados. Del mismo modo, parecería aconsejable prolongar la vigencia de los programas de financiación a la digitalización, como ha ocurrido con el Kit Digital, incidiendo especialmente en la inversión en software de facturación.
Aparte del argumento de las sanciones como principal factor de motivación para asumir el cambio (la normativa contempla multas de hasta 50.000 euros por utilizar o producir software que permita la alteración de datos contables o de facturación, y la Administración tributaria ha advertido de que estará especialmente vigilante respecto de aquellas empresas que, durante el periodo de carencia, no avancen en su adaptación), otro elemento que podría dinamizar la adopción del cambio es el argumento de la profesionalidad como elemento diferenciador.
Tanto autónomos como pymes deberían entender que, cuanto antes se adapten, antes comenzarán a proyectar un mensaje de orden, fiabilidad y buen hacer hacia otras empresas con las que se relacionan. Nos referimos a clientes, proveedores o colaboradores. Incluso, en muchos casos, esta alineación con estándares y procesos equiparables a los de las grandes corporaciones puede ser un factor decisivo a la hora de resultar elegidos como partners.
En definitiva, el anuncio de aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, al margen de lo que a priori pueda pensarse, no es una buena noticia para nuestro tejido productivo, inmerso en la transformación de sus procesos hacia un entorno digitalizado. No obstante, si adoptamos una lectura constructiva, nos ofrece a todos, y en primer lugar a las Administraciones públicas, la oportunidad de hacer las cosas mejor mediante una labor real de acompañamiento, con mayores cotas de divulgación, pedagogía y apoyo financiero. Aprendamos de los errores y utilicemos este tiempo extra para hacer por fin las cosas bien.
