Cuando el marketing partidista perjudica al interés general
Entre el PP y el PSOE tienen una mayoría suficiente como para aprobar Presupuestos, reformar las pensiones y facilitar la construcción de las viviendas que faltan
Entre seis y ocho comunidades autónomas se unirán al Gobierno central en su prórroga obligada de Presupuestos al no contar con los votos parlamentarios suficientes para aprobar unos nuevos, de cara a 2026. Y no pasa nada, porque nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo psicodélico, más que líquido, donde el imperio de la fuerza se impone al imperio del derecho que caracteriza a las democracias.
A título de ejemplo, el presidente de USA ha declarado bloqueado el espacio aéreo venezolano…. mediante un tuit que ha tenido el mismo efecto que si fuera la preceptiva orden ejecutiva respaldada por el Congreso. O varios medios publican que el presidente del Gobierno ha dado la instrucción a sus ministros de gobernar sin el Parlamento… y nadie lo ha desmentido, por absurdo que parezca. La democracia y sus procedimientos se están deteriorando a pasos agigantados desde dentro, a manos de los actuales gobernantes, en medio de la pasividad de los ciudadanos, que nos vamos acostumbrando, como a la vejez, poco a poco.
En el caso español, el arrinconamiento de los Parlamentos, sedes de la soberanía popular, en algo tan crucial como aprobar las cuentas a los Gobiernos se justifica de dos maneras, a cuál más exótica: primera, aguanto en el Gobierno (central y autonómico) contra viento y marea porque los adversarios son peores, es decir, en el fondo, por falso patriotismo; y, segunda, dada la elevada fragmentación del Parlamento, reflejo de una sociedad rota y polarizada, es imposible, para cualquiera, aprobar un Presupuesto u otras leyes. Conviene decirlo alto y claro: ambas justificaciones son una estocada en la cervical de la democracia y un paso claro hacia alguna forma de autocracia: como los ciudadanos me eligieron, me considero legitimado para vulnerar aquellas normas de control que, en las actuales circunstancias de polarización, representen un obstáculo a la continuidad de mi mandato.
Llegados a ese punto, se instala la arbitrariedad, apenas limitada, de momento, por la supervisión que de algunos asuntos siguen ejerciendo los tribunales y las autoridades de la Unión Europea. Así, cumplir o no con las obligaciones comunitarias en materia de gasto, déficit y deuda pública queda a la voluntad del Gobierno, que decide su grado de cumplimiento. Y lo mismo en aquellas comunidades con prórroga presupuestaria. O, por ejemplo, leemos que “España renuncia a cerca del 75% de los créditos del fondo de recuperación europeo” (El País, 2/12), y no solo es que nadie se siente obligado a dar alguna explicación, es que tampoco nadie parece impelido a exigirla.
En línea con lo ya dicho por la Airef, varios expertos, y yo mismo en esta columna, ahora es la OCDE la que avisa de que la última reforma del sistema de pensiones (convalidada por el Parlamento) es insuficiente para garantizar su sostenibilidad por tres razones: envejecimiento superior al calculado; revalorización por un IPC al alza; y mantenimiento del modelo de pensiones más generoso (relación pensión/último salario) del continente. De no hacer nada, los actuales 23.000 millones de euros en préstamos del Estado a la Seguridad Social se multiplicarán o, alternativamente, el mecanismo previsto en la Ley (MEI) incrementará año a año la cuña fiscal del trabajo, que ya es una de las mñás elevadas de Europa. Pues bien, si no hay mayoría para unos Presupuestos, tampoco se podrá reformar la reforma de pensiones porque “esta relación [la del Gobierno con Junts] se ha acabado”, a pesar de los bochornosos mea culpa lanzados por el presidente.
Seguiremos, también, sin nuevo modelo de financiación autonómica, que no solo debe devolver la igualdad de trato a todos los españoles, vivan donde vivan, equiparando la financiación per cápita entre comunidades, sino que debe ayudar a financiar las reformas necesarias para acabar con las inaceptables listas de espera de la sanidad. Ni con cupo catalán, ni sin él, parece posible resolver estos problemas, por falta de mayoría en el Parlamento. Y algo similar ocurre con el problema de la vivienda, señalado por Cáritas como “el epicentro de la exclusión social”. Más allá de propuestas románticas o de disparates económicos, si se quiere resolver el asunto es imprescindible que se consiga un amplio acuerdo institucional entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para construir nuevas viviendas.
Solo tres ejemplos de cómo, en un sistema democrático como el nuestro, gobernar sin el Parlamento equivale a estar por estar, sin resolver los principales problemas de los ciudadanos, algo que requiere el uso de normas mayoritariamente respaldadas en las Cámaras. El problema es que dicha ausencia de mayorías no es real. No responde a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, ni a una lectura desacomplejada de la composición de la Cámara: entre el PP y el PSOE representan a casi el 70% de los votantes, una mayoría lo suficientemente amplia como para aprobar Presupuestos, reformar las pensiones y facilitar la construcción de los cientos de miles de viviendas que nos faltan.
Parecería razonable que, en momentos críticos para Europa, en medio de un cambio drástico del orden mundial que está cuestionando la democracia, con las amenazas del cambio climático y de la IA y mientras la desigualdad de riqueza es una cuña que agranda las divisiones sociales en España, los partidos políticos con sentido de Estado llamaran a la unidad de los ciudadanos en torno a la defensa de nuestros intereses nacionales.
La pregunta entonces es: ¿por qué no se llega a acuerdos entre los dos partidos mayoritarios del país y de la Cámara, en momentos de especial complejidad para los ciudadanos, sobre asuntos de Estado como los citados? Esa, y no la excesiva fragmentación, es la verdadera anormalidad del momento político por el que atravesamos: una polarización radical entre los dos grandes partidos que está perjudicando ya, al interés general y a la propia democracia, al dar más peso del que tienen a minorías radicales cuyos intereses no son los de la mayoría de los ciudadanos.
¿Hasta cuándo dejaremos que el marketing electoral polarizador perjudique al interés nacional?
