El nuevo retraso de los Presupuestos es difícil de justificar
La última dilación solo tendría sentido si en los meses que gana el Ejecutivo logra atraer de nuevo el favor de Junts
España se ha instalado en la anomalía presupuestaria. Una situación de la que son responsables todas las fuerzas políticas, cuya prioridad debiera ser llegar a acuerdos que satisfagan los equilibrios parlamentarios que emanan de las urnas en lugar de favorecer los bloqueos, y también el Gobierno. Pero solo este último tiene la obligación constitucional de presentar unas cuentas públicas en tiempo y forma, cosa que no ha hecho.
El último giro de guion ante el previsible bloqueo parlamentario ha sido el anuncio, por parte de Hacienda, de un nuevo calendario. Aprobado el techo de gasto, una materia que compete en exclusiva al Ejecutivo, el Ministerio que encabeza María Jesús Montero pretende presentar la senda de gasto, que sí requiere la aprobación del Legislativo, antes de acabar el año. Con ello, prevé presentar un proyecto de Presupuestos en el primer trimestre de 2026 para que pudieran estar aprobados en primavera.
La Constitución no obliga a aprobar nuevas cuentas, pero sí señala claramente en su artículo 134 que el Ejecutivo deberá llevar una propuesta de Presupuestos al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Este precepto lleva mucho tiempo sin cumplirse de manera injustificada. El Gobierno tiene derecho, y seguramente razones, para defender que si España mantiene prorrogados los Presupuestos de 2023 es por el cortoplacismo y la falta de responsabilidad de algunas formaciones políticas. Argumentos que podría utilizar en el caso de un nuevo fiasco para aprobar las cuentas. Pero eso no le exime del trámite de ir al Congreso con un proyecto, a riesgo de que quede patente su debilidad parlamentaria. Un mensaje repetido desde el Ejecutivo es que se pueden alcanzar los objetivos de política económica con la prórroga presupuestaria más el reparto de los fondos europeos Next Generation, que permiten mantener la inversión sin tener que negociar múltiples cesiones a sus aliados parlamentarios.
La última dilación solo tendría sentido si en los meses que gana el Ejecutivo logra atraer de nuevo el favor de Junts, tras la sonora ruptura que la formación independentista escenificó a finales de octubre. Son argumentos políticos que se podrían explicar a una ciudadanía con más madurez democrática de la que le presumen muchas veces las formaciones políticas. Pero eso nada tiene que ver con las obligaciones constitucionales que apelan a todos. También al Gobierno.
