La obstinada curva de la experiencia de la corrupción política española
Hay que suavizar el régimen de aforamientos y la discrecionalidad de los autoindultos o amnistías
Se atribuye a Karl Popper la frase de que la única ley general que hay en Economía es la que formuló Lord Acton: concretamente, que la probabilidad de que un hombre se corrompa es directamente proporcional al poder que ostente. Aunque puede que la realidad sea más compleja, ya que estaríamos ante lo que en economía llamamos un problema de endogeneidad, dado que no es fácil determinar si el político corrupto nace, es decir, si ya era corrupto antes de alcanzar el poder, o se hace, tras llegar a él, como sugiere Acton.
Pero lo cierto es que Popper fue mucho mejor filósofo político, con aportaciones tan necesarias actualmente como la paradoja de la tolerancia, y, sobre todo, epistemólogo, por su imprescindible falsacionismo (que merecería una estrofa en el Gaudeamus igitur), que economista. De hecho, la economía sí dispone de diferentes leyes generales, comenzando por las de demanda y oferta. Ya que, como es sabido, si sube el precio de un bien, manteniéndose constante el resto de factores, generalmente bajará su demanda y aumentará su oferta.
Pero, quizás, entre estas leyes generales, una de las más beneficiosas para la humanidad ha sido la de la curva de la experiencia, que mantiene que, cuando nos dedicamos a una misma tarea, con el tiempo, seremos más eficientes en su desempeño, por la experiencia adquirida. Hijas de ella son la división y especialización en el trabajo.
Lamentablemente, la lucha contra la corrupción en España, durante el periodo democrático, parece ajena a esta máxima. A pesar de que contamos con décadas de malas experiencias.
Es desolador constatar que no parece haberse conseguido medida alguna eficaz que disminuya la probabilidad de floración de corruptos en los aledaños del Gobierno, especialmente en épocas de expansión económica. Ya que estaríamos hablando de una corrupción procíclica, que espera a que crezca la tarta para recolectar las migas. Si los Roldanes-Filesos fueron hijos de la próspera España que medió entre la incorporación a Europa y los fastos del 92, los Bárcenas-Gurteleros lo fueron de la pujante burbuja inmobiliaria, hasta llegar a esta nueva especie, recientemente descubierta, que ha prosperado con el crecimiento económico que se inició en la segunda mitad de la década pasada, y que nos ha llevado a la exuberante economía de los Nuevos Felices Veinte.
Es más, disponemos ya de suficiente evidencia empírica que sugeriría que muchas de las medidas tomadas para evitar la germinación de nuevos brotes corruptos no solo no han sido muy exitosas, sino que pueden haber tenido perversos efectos secundarios. Por ejemplo, el exceso de burocracia derivado de, entre otras normas, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que debería haber volcado todas las enseñanzas acumuladas en la lucha anticorrupción, no solo no ha evitado este nuevo brote, sino que puede haber limitado la capacidad de gestión administrativa de los Gobiernos. Lo que contribuiría a explicar cómo España pasó, de ser un eficaz ejecutor de fondos europeos, a ser el peor de toda Europa en el último Marco Plurianual 2014-2020.
Quizás, la novedad más destacable de esta nueva oleada de corrupción ha sido la mayor y barata accesibilidad tecnológica de los implicados, en un curioso ejemplo de sustitución laboral tecnológica. Gracias al creciente número de apps para el móvil, el político corrupto se puede ahorrar la contratación de caros y poco fiables técnicos, como Villarejo o Paesa, ya que cualquier ciudadano, incluso bruto, como se autodefine el aizkolari navarro, puede grabar todas las tramas y guardarlas en discos duros encriptados. Esta certeza debería de frenar a muchos de los futuros corruptos.
En un peligroso momento de cuestionamiento de las democracias en el mundo, nuestro país necesita desesperadamente de un gran Acuerdo Nacional Anticorrupción. Un estricto ANA, entre sus dos grandes partidos, sustentado en múltiples pilares. En primer lugar, ofreciendo directrices que delimiten claramente lo que es corrupción, para separarla de la mala gestión y, aunque nos duela, debemos proteger a los servidores públicos que yerren, que metan la pata, pero no la mano, para evitar la parálisis de la Administración por miedo a tomar decisiones.
En segundo lugar, la clase política española deberá hacer significativas concesiones, que deben de ir desde suavizar el régimen de aforamientos, para evitar el insoportable bochorno de que presuntos corruptos puedan anidar meses en los Parlamentos o, incluso, busquen el rápido cobijo de estos cuando se saben próximos a ser encauzados. También hay que repensar la discrecionalidad que tienen los políticos de autootorgarse indultos o amnistías, ante delitos que lleven aparejado menoscabo del sacrosanto dinero público.
Además, aunque el llamado lawfare pueda ser contraproducente para la democracia, peor siempre será una justicia famélica. Por lo que debemos fortalecer aquellas áreas de la justicia y las fuerzas de seguridad que persigan a los políticos corruptos y, con similar ahínco, a sus corruptores. Estos últimos deben contar con un régimen de incentivos que no solo proteja, sino que premie la delación, a la vez que expulse, a muy largo plazo, a las empresas corruptoras de la contratación pública.
Y sí necesitamos reforzar la educación para la ciudadanía, que, con contenidos consensuados, lejos de cualquier batalla cultural o religiosa, centre sus enseñanzas en el triunfo de las sociedades democráticas modernas, y sus necesarios Estados del bienestar, cuyo mantenimiento futuro, entre tanto nuevo aficionado a la motosierra, exige de abundantes dosis de pedagogía cívica y fiscal. Pero, sobre todo, se trata de buscar y replicar, es decir, copiar y pegar, buenas prácticas de aquellos países que coticen más alto en los rankings de buen gobierno.
En resumen, si nuestra obstinada curva de la experiencia no funciona, importémosla de aquellos países más exitosos en la lucha contra la corrupción política.
José Ignacio Castillo Manzano es presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla
