Corruptores y corrompidos
Los incentivos para corromper son muy altos, y mayores que en otros países
En España hemos avanzado bastante en detectar y perseguir a los corrompidos: los de la Gürtel, los dos vicepresidentes y otros consejeros de Esperanza Aguirre y, ahora, los que han aparecido en el PSOE. La exigencia de responsabilidad a este tipo de corruptos es similar a la de otros países y además contamos con una sensibilidad importante de la opinión pública en contra de estos delincuentes.
Pero no es suficiente con desear reducir al máximo el número de los que se corrompen. Porque la corrupción es un asunto de dos: los corrompidos y los corruptores. Esto es importante porque, aunque hubiera mucha gente dispuesta a corromperse, no habría corrupción sin corruptores. Y en la persecución y castigo efectivo de los corruptores, España es diferente de países como Estados Unidos o el Reino Unido.
La mayoría de la gente y los periodistas han reaccionado saludablemente ante Ábalos, Koldo o Cerdán. Pero no se han visto reacciones de indignación similares con las empresas que, según el informe de la UCO, han pagado a los corrompidos. Y, sin esas empresas, aquellos no podrían haber consumado sus delitos. (Salvando la presunción de inocencia para todos.)
Nuestra justicia y policía han demostrado estos años su eficiencia en la persecución y castigo de los corrompidos, pero no se puede decir lo mismo del trato dado a las empresas corruptoras. Hasta la fecha, solamente dos o tres empresas pequeñas y desconocidas han pagado por corromper en España. Nada comparable con las enormes sanciones a las empresas corruptas que se han impuesto en EE UU (antes de Trump) o en el Reino Unido.
La legislación española desde 2010 sanciona a los corrompidos, pero las normas contra los corruptores son confusas y tienen agujeros. Esto impide que la justicia aplique sanciones parecidas a las de esos países.
Es comprensible que en estos momentos se concentre la atención en los corrompidos. Pero, al revisar los procedimientos, precisamente para reducir el número de corrompidos, será necesario reducir los enormes incentivos económicos que tienen las empresas españolas para corromper.
Estos incentivos en España pueden ser muy importantes. En el caso de la corrupción actual, parece que las empresas consiguieron unos contratos por encima de 600 millones de euros, y pagaron a los corruptos unos 600.000 euros. Si hubieran tenido que conseguir esos contratos sin sobornar, tendrían que haber ofertado por unos 570 millones, en el supuesto de que las empresas que no sobornaron hubieran ofertado a un 5% más barato.
Desde el punto de vista estrictamente económico, este caso les podría costar a los contribuyentes 30 millones de euros, de los cuales los corrompidos se habrían llevado unos 600.000 y las empresas corruptoras, 29,4 millones.
Se pueden hacer otros supuestos, pero lo que quiero subrayar es que, si no hay fuertes sanciones económicas a las empresas corruptoras, los incentivos para corromper seguirán siendo muy fuertes. Y, si no se reducen estos incentivos, seguirá habiendo muchos corrompidos, independientemente de los partidos que gobiernen el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. O, visto de otra forma, por muchos que fueran los que estuvieran dispuestos a dejarse corromper, ninguno lo conseguiría si no hubiera corruptores.
La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en España las sanciones económicas a las empresas corruptoras. Las leyes españolas tienen siempre de todo. Pero, debido a variados subterfugios, al final las empresas corruptoras no pagan nada o devuelven a los contribuyentes unas cantidades muy inferiores a los beneficios que obtuvieron corrompiendo.
Entiendo y comparto la indignación con la conducta de los corrompidos, pero el economista interior me lleva a alertar de que, mientras los incentivos para corromper sigan siendo muy altos, seguiremos sufriendo más corrupción de la existente en otros países.
Miguel Á. Fernández Ordóñez fue gobernador del Banco de España
