Los cinco capitalismos españoles
El puzle de las empresas es lo suficientemente complejo como para requerir una hoja de ruta en política económica un poco más articulada de lo habitual
Si bien la coyuntura económica depende, en condiciones normales, cada vez menos de la actuación de los Gobiernos nacionales; y dado el peso que todavía tienen, en una economía globalizada, la competencia y los factores internacionales, es mucho lo que se puede hacer en el ámbito nacional para impulsar aquellos sectores más dinámicos y reformar las partes más atrasadas, aplicando medidas estructurales que mejoren los incentivos empresariales hacia la excelencia. La misma norma, con idénticas instituciones aplicadas sin tener en cuenta las diferencias abismales que existen en una estructura económica compleja como la española, pueden provocar resultados contradictorios. Un ejemplo claro: la reducción de la jornada laboral o la subida del salario mínimo no impactan igual en una gran empresa que en una microempresa.
La buena política económica necesita, por tanto, tener en cuenta el diseño fragmentado que tiene todo sistema económico, en un sentido diferente a los tres sectores tradicionales agrupados por la Contabilidad Nacional a efectos de calcular el PIB. Una visión más compleja de la economía española nos llevaría, pues, a distinguir hasta cinco capitalismos diferentes, cuyas necesidades y reglas del juego ni son, ni pueden ser, las mismas. Veámoslo.
Habría un primer capitalismo, formado por empresas de 250 trabajadores o más, que siendo el 0,46% del total, emplean al 44% de los asalariados, innovan, son productivas, pagan salarios dignos y forman una capa internacionalizada y altamente competitiva a nivel global, con presencia en el extranjero en muchos casos (la internacionalización de estas empresas ha sido uno de los principales cambios estructurales de la economía española en los últimos 30años). Muchas tienen convenios propios; todas, comité de empresa, y es aquí donde están las empresas que cotizan en Bolsa (en torno a 700 en España), con todas las obligaciones de cumplimiento normativo y transparencia a que ello obliga. La mayoría de estas grandes empresas se concentran en el sector industrial, donde alcanzan casi el 8% del tota; los servicios son el segundo, con apenas un 2,5% de grandes empresas.
El segundo grupo estaría formado por el 95% de las empresas de menos de 50 trabajadores, que dan empleo al 40% del total de los empleados, sobre todo en servicios y construcción, donde predomina la baja productividad, escasea la innovación, y las condiciones laborales tienden a ser más precarias. Forman otro bloque económico con problemas y necesidades diferentes al anterior. Por afinar un poco más el dato, según la Seguridad Social, el 84% de las empresas inscritas son microempresas que declaran tener menos de 10 trabajadores. Es decir, aunque solo ocupen al 19% de los asalariados del país, más de las tres cuartas partes de nuestro tejido empresarial están constituidas por microempresas, ubicadas en agricultura, construcción y servicios. Es razonable suponer que en este microsistema empresarial se concentran la mayoría de ese 40% de “empresas rezagadas” que, según el Observatorio de Productividad y Competitividad de BBVA, lastran, en cada sector, la productividad media, haciendo que nos sigamos situando por debajo de la media europea.
En tercer lugar, situamos el ecosistema emprendedor, con fuerte repunte de la inversión, con 8.500 empresas tecnológicas y 5.000 startups, además de 600 spinoffs y casi 500 scaleups de gran crecimiento, que dan empleo directo a más de 100.000 trabajadores y tienen un impacto económico de 15.000 millones de euros anuales, según información oficial, siendo los sectores de salud, biotech y educativo los que concentran mayor número de empresas. El sistema emprendedor ha crecido en los últimos años y, según el informe realizado por South Summit y IE University, el perfil del emprendedor en España es hombre en un 80% de los casos y con título universitario. El 45% se financia para la puesta en marcha con recursos propios, aunque ha crecido el mercado inversor tanto público (7%) como privado (33%) para siguientes rondas. Nuestras startups han ganado en madurez y en empleabilidad, aunque necesiten mejorar su capacidad organizativa (el salto a empresa). Dos de nuestros ecosistemas, Lanzadera y Tetuan Valley, han sido reconocidos en la prestigiosa lista internacional que, anualmente, publica el FT.
El cuarto capitalismo lo formam aquellas empresas participadas por el Estado (SEPI). Bien de forma mayoritaria (14), bien con minoría estratégica (10), agrupan a más de 80.000 trabajadores y reportan, globalmente, beneficios, sin contar las dependientes de la reciente SETT centrada en innovación tecnológica. La nueva política europea de autonomía estratégica refuerza un protagonismo activo del Estado en empresas y sectores con alto valor estratégico para el país, por lo que es un sector que ganará en crecimiento y protagonismo, obligando a revisar las reglas de gobernanza con que se rigen, que no pueden ser las mismas que las de una empresa privada.
Me permito distinguir un quinto bloque económico en España: aquel directamente afectado por la burocracia excesiva y los retrasos en los trámites administrativos, tanto por licencias y permisos que se eternizan, concursos públicos con dificultades para acceder y que se alargan o, simplemente, retrasos en el pago a proveedores por parte de las administraciones. Como destacados, podemos mencionar el sector de la construcción, los centros de datos o todo lo relacionado con tecnologías renovables, con economía circular (biogás, etc.), minería estratégica o puntos de recarga para el coche eléctrico. Las administraciones se han convertido en un freno a la inversión: cuatro de cada diez empresarios consideran que la sobrerregulación y la burocracia son uno de los asuntos críticos a la hora de invertir en España, según un informe del Instituto Juan de Mariana que añade que el 36% de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga burocrática excesiva. Según otro estudio del IEE, en litigiosidad tributaria por sí sola, España triplica la media europea.
El conjunto de realidades expuestas dibujan un puzle lo suficientemente complejo como para requerir una hoja de ruta en política económica un poco más articulada de lo habitual. En la que los acuerdos entre administraciones deben ser pieza esencial. Nuestro futuro depende de ello.
Jordi Sevilla es economista
