Las costuras bancarias de la unión monetaria
Las trabas para el uso de una cuenta de otro miembro de la eurozona en España son un ejemplo de lo que queda por hacer
Las barreras legales y administrativas entre distintos mercados de la zona euro son una de las dos respuestas a la pregunta de por qué no hay más fusiones bancarias en la eurozona, asumiendo que el tamaño de los bancos está por debajo de sus competidores de otras geografías. El sector, en el tercer año de tipos de interés lejos del cero, tiene dinero para poder acometer eventuales operaciones. Pero estas no llegan.
Los expertos citan las normativas sobre las garantías de depósitos, la supervisión sectorial y la legislación mercantil, especialmente la relativa a las suspensiones de pagos y la prelación de las deudas, como los obstáculos más importantes a la integración de este mercado. Como suelen recordar los banqueros, en aquellas entidades con implantación en varios Estados de la Unión, cada filial opera de una forma diferente, y las sinergias son muy limitadas.
Las trabas para el uso de una cuenta de otro miembro de la eurozona en España son un ejemplo a nivel de calle de lo que queda por hacer en términos de integración europea. Bruselas ha detectado que España y Francia son dos de los países que más complican el día a día a personas que, simplemente, han elegido un banco que no tiene ficha en el Banco de España. En términos agregados, un problema secundario. En términos individuales, un quebradero de cabeza para trabajadores desplazados o clientes de determinados neobancos, de solución más o menos sencilla: las entidades pueden pedir la ficha bancaria y los usuarios, solicitar el alta en una entidad online con presencia en el país y obtener, así, el ansiado IBAN con los caracteres ES.
Ahora bien, en términos de integración financiera es una pésima noticia, por más que no se trate de un asunto generalizado: los casos suman 3.500 en toda la zona euro en un año. España es, junto con Francia, el país que acapara el mayor número de quejas.
El Gobierno ha adoptado un plan para cumplir los mandatos de Bruselas, que pasan por que comercios y administraciones públicas admitan pagos e ingresos desde cualquier cuenta de la zona euro. El ministerio de Economía redactó hace un año el primer anteproyecto de ley para acabar con esta discriminación y, de paso, evitar una multa, de carácter meramente simbólico, del Ejecutivo comunitario. No hay, en realidad, argumentos que justificaran actuar de otro modo.
