Antes que reducir la jornada laboral
Recortar media hora al día no figura entre mis diez prioridades de mejora relacionadas con el mercado de trabajo
Reducir la jornada legal media hora al día no figura entre mis diez prioridades de mejora relacionadas con el mercado laboral. Y, leyendo los informes de los dos sindicatos mayoritarios que han apoyado la medida, me atrevo a pensar que también son conscientes de que hay otros muchos problemas antes sobre los que fijar el foco de la realidad y no el de la propaganda. Por ejemplo, la siniestralidad laboral, con más de dos trabajadores al día (y subiendo) fallecidos por accidente laboral, algo que, unido a los miles de enfermedades laborales, convierten a la siniestralidad laboral en “el drama escondido para la sociedad española”. Parecería que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos (de 1995) y ser más rigurosos con los planes de prevención es importante y urgente. No hacerlo, nos deja con más de un millón de accidentes de trabajo al año, de los que la mitad provocaron bajas laborales y costes sanitarios, así como, deja sin atender las nuevas enfermedades provocadas por la digitalización, incluyendo los más de tres millones de ocupados que teletrabajan desde su domicilio, así como las 600.000 bajas anuales en 2023 por “trastornos mentales y de comportamiento”.
Las horas extras no pagadas, calculadas por CC OO en 2,7 millones que afectarían a 420.000 personas, me parece una explotación laboral inaceptable que golpea, de forma especial, a los colectivos más débiles. La forma más habitual es contratar y pagar a tiempo parcial, pero obligarte a trabajar una jornada completa por el mismo sueldo. Esto no es ajeno a uno de los datos sobre los que menos se llama la atención y que, a mí, me parece más bochornoso: tres millones de trabajadores se encuentran en situación de pobreza a pesar de tener empleo. Con una pobreza laboral del 14%, se comprende mejor que mantengamos la mayor tasa de pobreza infantil de Europa, con un 35% de menores en riesgo de exclusión social.
El mercado laboral está batiendo récords de empleo, acercándonos a los 22 millones de ocupados por primera vez en nuestra historia. Y es una magnífica noticia. Sin embargo, según datos de Funcas, la renta neta media real por hogar todavía no ha recuperado los niveles de 2008: mientras los salarios han crecido un 27;7% en esos años, la inflación lo ha hecho un 33,5%. Ese dato es coherente con la creciente desigualdad que ha producido en la distribución de la renta entre salarios y beneficios, con estos últimos creciendo a mucho mayor ritmo que los primeros, lo que no deja de ser llamativo para tener “el Gobierno más progresista de la historia” que no ha abordado, entre sus promesas, la necesaria reforma fiscal integral que debería acompañar al cambio de modelo de financiación autonómica para inyectar a los servicios públicos los recursos que necesitan para evitar su actual deterioro.
Desde el punto de vista de la conciliación vida personal y laboral, una red potente de guarderías públicas gratuitas de cero a tres años y un realineamiento de los horarios de vida a la media europea, seguramente sería más redistributivo que la reducción de media hora de trabajo al día. Los españoles, de media, empleamos una hora al día en ir y volver al trabajo, actividad que resulta “estresante” para un 40%. Dado que la mitad de los trabajadores vive fuera de la ciudad donde trabaja por cuestiones de acceso a la vivienda, mejorar esto ayudaría también.
Para un Gobierno que ha hecho pivotar su reforma laboral sobre la reducción de la temporalidad habiendo cosechado éxito en esa misión (aunque, en parte, se haya transformado en fijo discontinuo o/y a tiempo parcial involuntario), sorprende que, como empleador, haya incrementado hasta un 28% la temporalidad en el sector público, duplicando la existente en el privado, incumpliendo varias sentencias europeas y su propia intención de haberla dejado ya en el 8%.
La innegable mejora de la ocupación en los últimos años ha hecho que algunos, desde el Gobierno, pero también desde los sindicatos, se vengan arriba atisbando el pleno empleo como una posibilidad al alcance de la mano. En un reciente foro financiero internacional, el presidente Sánchez ha elogiado nuestro modelo laboral y se ha marcado como objetivo alcanzar el pleno empleo en 2027 cuando acabe la legislatura. Los sindicatos, más realistas, añaden que para lograrlo haría falta “cambiar nuestro modelo productivo” porque el actual no es capaz, desde hace décadas, de dar trabajo a todos los que lo demandan, más allá de ciclos coyunturales. Veamos algunos datos.
Tenemos todavía 2,5 millones de personas en paro registrado. El 60% mujeres, el 73% del sector servicios, un 58% mayores de 45 años y casi la mitad, de larga duración. De todos ellos, solo el 63% recibe algún tipo de prestación. Dado que menos del 2% de ocupados lo son gracias a una oficina pública de empleo, la responsabilidad del pleno empleo tiene que caer en nuestro aparato productivo cuyos datos esenciales son: abrumadora presencia de empresas pequeñas (74% tienen menos de 5 trabajadores), muy concentradas en el sector servicios (75% del total de empresas y 77% del empleo asalariado) y pocas empresas grandes (0,5%) que, sin embargo, emplean al 44% de los asalariados.
Dado que la productividad y la innovación aumenta con el tamaño de la empresa y nuestro sector servicios concentra mano de obra poco cualificada y con baja retribución (un estudio del IVIE evidencia que las provincias con mayor peso del sector servicios/turismo son, también, las de menor renta per cápita), es urgente articular un plan integral de medidas evaluables a los tres años, para aumentar el tamaño medio de nuestras empresas y, a la par, que refuerce un sector industrial moderno, acompañado de un empeño en formación profesional actualizada para trabajadores en activo y actuales parados. Ese salto en la cadena de valor internacional, exigiría actuaciones conjuntas de todas las administraciones y un gran respaldo parlamentario y presupuestario. ¿Hay alguien ocupándose de estas cosas?
Jordi Sevilla es economista.
