Los recursos naturales y la recuperación de los bienes comunes
La puesta en marcha de siete minas en España por el criterio de Bruselas sufrirá una contestación social cada vez más fuerte
La transición energética que hemos emprendido, sin posibilidad de retorno, no solo es apostar por las energías renovables, aprovechando el sol, el viento o el agua, sino que implica, por la electrificación de la demanda y el desarrollo de los electrocombustibles, una mayor demanda de minerales, con la creciente presión de potenciar su extracción como medida para consolidar posiciones de independencia de cara al desarrollo tecnológico e industrial. Metales como el litio, titanio, wolframio, cobalto, níquel, cobre, aluminio… o el grafito y las denominadas tierras raras se han convertido en esenciales para el futuro. Pero sus límites actuales no dan validez a posiciones catastrofistas motivadas por el agotamiento de los recursos.
Por otro lado, vemos que el alcance de la transición energética se ha ido ampliando desde un cambio en la oferta de fuentes de energía, de lo fósil a lo renovable, hasta considerar que su marco de actuación debe extenderse e incluir los aspectos medioambientales y sociales, porque afecta a toda la sociedad en un marco temporal intergeneracional. En este sentido, ya no podemos hablar solo de transición energética, sino que lo más lógico es hablar de transición ecosocial.
El acceso universal, y a coste cero, a recursos como el sol o el viento deja de serlo por la necesaria autorización administrativa de las instalaciones para su aprovechamiento. La limitación de la capacidad para aprovechar recursos renovables no se debe a la disponibilidad del recurso, sino a otras cuestiones ajenas, como puede ser la capacidad de evacuación o la falta de una demanda ajustada a la energía generada.
En el caso del agua o de la extracción de minerales, desde la perspectiva legal europea, la explotación o extracción se lleva a cabo mediante concesiones administrativas que se otorgan a los solicitantes, entidades privadas en su mayoría, recordando al proceso de cercamientos privados de los terrenos comunales en la época feudal. Consiguen así las autorizaciones necesarias para la construcción de las instalaciones, la ocupación de un terreno público y la explotación de unos recursos naturales que son de todas y todos.
La puesta en marcha de siete explotaciones mineras en España consideradas como estratégicas, según el criterio avanzado por la Comisión Europea (CE), se llevará a cabo con una contestación social cada vez más fuerte, porque en el aprovechamiento prima más el beneficio de quien ha sido bendecido por la concesión de la explotación que el uso de un bien común . Los efectos que el neoliberalismo y la globalización han introducido deberían hacernos reflexionar sobre si la mercantilización de los recursos naturales es una práctica recomendable para alcanzar ese cambio de paradigma que aconseja la apuesta por una economía más verde. Estamos a tiempo de corregir la sobreexplotación sin participación social que se ha dado tanto en las renovables como en las explotaciones mineras.
La transición ecosocial debe estar directamente relacionada con la capacidad de generación de valor social para todos y todas. Para conseguirlo es necesario que las fuentes renovables, en particular, y los recursos naturales, en general, no solo estén protegidos de una posible mala explotación, sino que, intrínsecamente, se les considere bienes comunes propiedad de toda la sociedad.
En el siglo XVIII, Jean François Rousseau reflejaba la necesidad de un contrato social en el que se antepusiera la voluntad general sobre la individual, sobre todo cuando se trata de bienes de acceso universal. La necesidad de recuperar el concepto de bienes comunes ha crecido a partir de las propuestas de un nutrido conjunto de teorías que llevan décadas subrayando la opción de refundar la idea de lo público, que se sumarían a la clásica división entre bienes públicos y privados. Propuestas como las de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía de 2009, las llevadas a cabo por la Comisión Rodotá para la Reforma de los Bienes Públicos en Italia, la de Luigi Ferrajoli de elaborar una Constitución de la Tierra, sin olvidar las rechazadas propuestas de incluir los bienes comunes naturales en el proceso constituyente chileno o los derechos de la Madre Tierra en las constituciones de Bolivia y Ecuador, ponen de manifiesto la necesidad de repensar la consideración y la salvaguarda y disfrute de los recursos naturales. Y esto, sin perder de vista la observación que en 1968 exponía Garret Hardin en La tragedia de los bienes comunes, en la que dejaba constancia de la tendencia a la maximización de la utilidad por parte del individuo sin contar con el resto de la sociedad.
La no privatización de los recursos naturales, cada vez más escasos en un marco de crisis ambiental, lleva consigo frenar la apropiación privada de toda una serie de bienes que deben tener la característica de comunes, sobre todo, en base a su inalienabilidad, que les otorga la condición de bien o derecho innegociable con el fin de que la sociedad en su conjunto no pueda ser privada de este. La consideración de bien común implica que todos los individuos de la comunidad tengan derecho a hacer uso u obtener beneficios de ese determinado recurso. Es decir, que un bien común, para que lo sea, debe estar disponible en el tiempo para toda la comunidad, con una gestión democrática, manteniendo la titularidad colectiva y el derecho local de participación en el valor creado.
Solemos pensar que la responsabilidad de las malas prácticas de explotación de recursos es de las empresas privadas que anteponen el beneficio económico, sin preocuparse por las consecuencias ecológicas y sociales de su actividad. Sin embargo, es el Estado, como colaborador necesario, el que lo permite, porque haya legislado de manera favorable a los intereses empresariales en el uso de recursos naturales o porque apueste por la mercantilización del dominio público.
La Constitución Española, en su artículo 45.2, incluye: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. El Estado debería adaptar su faceta de propietario o titular de los bienes naturales para convertirse también en su custodio, abriendo la posibilidad de nuevas dinámicas de participación y de uso.
Aristóteles decía que “nadie cuida lo que no es de nadie”. Quizás sea el momento para abrir, en el debate entre los límites del mercado y los del Estado, una nueva vía de gestión y de convivencia en comunidad, respetando y perpetuando los recursos naturales y minerales, el agua, el viento y el sol como bienes comunes.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovable
