La injerencia de Meloni tendrá efectos negativos en las fusiones bancarias
El Estado italiano impone condiciones estrictas a la oferta por 12.700 millones de Unicredit por BPM
La adquisición prevista de Banco BPM por parte de Andrea Orcel parecía un acuerdo sencillo cuando el consejero delegado de Unicredit lo anunció a finales del año pasado. La realidad ha sido todo menos eso. El Estado italiano ha ejercido su poder de oro y ha impuesto condiciones estrictas a la oferta de 12.700 millones de euros. Incluso si el acuerdo de Orcel sale adelante, la sombra de la interferencia estatal en las fusiones y adquisiciones seguirá presente.
Las medidas, establecidas el viernes por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, complicarán la vida a Unicredit. Deberá mantener la ratio de préstamos sobre depósitos de BPM cerca de su nivel actual, lo que en teoría impedirá a Orcel recortar las relaciones de bajo rendimiento del negocio tras una futura adquisición. El mayor banco italiano también podría verse obligado a reducir más rápidamente y con un mayor coste su controvertido negocio en Rusia.
El acuerdo aún podría salir adelante, pero por los pelos. Orcel quiere obtener un rendimiento de la inversión del 15% de su oferta, hecha íntegramente en acciones. Su desembolso total ha aumentado mucho en los últimos meses. A ello hay que añadir el valor de la última oferta basada en el precio de las acciones de Unicredit ayer por la mañana, el impacto de la salida precipitada de Rusia, los costes de integración y, por último, el capital adicional que, en el peor de los casos, BPM podría tener que mantener tras la adquisición de la gestora de fondos Anima. El coste total podría ascender a 17 600 millones de euros, calculamos.
A cambio, Unicredit obtendrá los beneficios combinados de BPM y Anima, que según los analistas de Barclays ascienden a unos 2.100 millones de euros, además de cualquier ahorro de costes y aumento de los ingresos derivados de la fusión. Como resultado de las condiciones impuestas por Roma, esta última cifra podría reducirse en un tercio con respecto a las expectativas iniciales de Orcel, hasta los 800 millones de euros, estiman los analistas de JP Morgan. Si se descuenta el impuesto del 27% y se añaden los beneficios adquiridos, el beneficio total sería de 2.700 millones, lo que supone un rendimiento del 15,4%, apenas por encima del umbral mínimo del postor.
Esto implica que Orcel podría tener dificultades para aumentar mucho su oferta si los accionistas de BPM, entre los que se encuentra Crédit Agricole, con casi un 20% de participación, se muestran exigentes. Pero, incluso en ese caso, la operación parece mucho más arriesgada que cuando Unicredit se lanzó en noviembre. La otra cara de la moneda es que Orcel tiene pocas alternativas fáciles. Su posible acuerdo con Commerzbank ha recibido poco entusiasmo por parte del Gobierno alemán.
Sea cual sea el resultado del acuerdo con BPM, la intervención del Gobierno es difícil de justificar. El Banco de Italia y el Banco Central Europeo ya habían aprobado la oferta de Unicredit, lo que sugiere que no hay motivos de preocupación desde el punto de vista regulatorio. Y el Gobierno no ha utilizado su poder dorado, que suele emplearse para impedir adquisiciones extranjeras, en ninguna otra operación bancaria reciente. El peligro es que los inversores lo vean como un ejemplo de injerencia política, lo que podría aumentar el coste del capital para las empresas italianas y añadir un riesgo adicional a futuras ofertas. Incluso si el acuerdo de Orcel sale adelante, el peligro es que otros ni siquiera lleguen a despegar.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
