Las víctimas pasivas de los siete años de escalada del salario mínimo
Desde 2019 se destruyen pequeñas empresas de comercio y hostelería: ¿deberían tener régimen fiscal y laboral diferente?
Cuanta más literatura teórica y más evidencias prácticas hay de que la escalada del salario mínimo interprofesional destruye empleo o reduce su creación, más se obstinan los responsables políticos de la economía en asegurar lo contrario agitando las cifras de creación nominal de ocupación de los últimos años. Curiosamente, ambas cosas son posibles, por contradictorias y excluyentes que parezcan al convivir ambas en un entorno de fuerte crecimiento concentrado en los servicios y por la aparición de figuras laborales que facilitan el desdoblamiento de puestos de trabajo.
Pero es innegable también que, en los últimos siete años, y también en un clima de agitada ebullición del crecimiento, han desaparecido miles de pequeñas empresas y de empleos agrarios y domésticos. Y en ambos fenómenos la escalada del salario mínimo iniciada en 2019 y de las cotizaciones que le acompañan tienen una responsabilidad inexcusable. Hay responsabilidades añadidas, pero la de la normativa laboral ha sido determinante, y puede haber llegado el momento de establecer un régimen diferenciado que cuide negocios y empleos.
Por consagrado que esté constitucionalmente como un derecho, y por mucha protección normativa y judicial que tenga, el trabajo se desenvuelve en un mercado cada vez más abierto, aunque nunca completamente abierto por las limitaciones que impone la movilidad y una norma sobreprotectora. Y hay que recordar que en todos los mercados la cantidad consumida de un bien o un servicio y su precio lo determinan la oferta y la demanda, por mucho intervencionismo que se quiera inyectar con las normas, como ha ocurrido en España en los últimos años, con un activismo que recuerda más al proteccionismo franquista que a la libertad de contratación europea.
Y en determinar la cantidad de trabajo que precisa una economía para funcionar es clave el precio, el punto justo en el que se encuentran y se dan la mano la oferta y la demanda. De tal manera que, si el precio baja, habrá una adquisición más abundante del servicio, en este caso el factor trabajo; y si el precio sube por circunstancias ajenas al mercado, la utilización del factor trabajo será más reducida. Respecto al efecto que ha podido tener la subida del precio del factor trabajo como consecuencia de la exuberante subida del salario mínimo interprofesional, hay mucha literatura económica al respecto, y toda ella coincidente en el sentido contractivo sobre el empleo.
En el caso de España, haciendo abstracción del ejercicio 2020 por la aparición súbita de la pandemia, y dado que se han encadenado varios años de fuerte crecimiento de la economía por la presión de la demanda y nuevas regulaciones de la contratación laboral que facilitaban la utilización intensa del tiempo parcial, el efecto de la escalada del SMI ha sido de una reducción de la creación de empleo. No quiere decir que no haya tenido algún efecto positivo el alza del SMI, especialmente en la activación de la demanda para contribuir al crecimiento por el incremento de las rentas de los colectivos afectados de manera directa, como también ha podido tenerlo residualmente sobre la inflación y los márgenes empresariales. Pero la contrapartida ha sido una reducción potencial de los colectivos laborales, que se habrían incrementado más con subidas moderadas de su coste laboral.
Hay varias cuantificaciones de la pérdida de oportunidad para el empleo que ha supuesto la subida del SMI, y todas con resultados muy similares. La patronal CEOE maneja informes que hablan de una pérdida de empleo o empleo no creado de 350.000 personas desde 2019, algo más del 1,5% de la ocupación agregada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la subida del SMI de 2019 por sí sola (de un 22,3%, para llevar su cuantía de 736 euros por catorce pagas a 900) habría reducido la creación de puestos de trabajo entre un 0,28% y un 0,45%; y la de 2023 (con un alza del 8% desde los 1.000 euros a los 1.080) lo habría reducido entre un 0,34 y un 0,53%.
El servicio de Estudios del Banco de España, por su parte, estimó tras la subida de 2019 por sí sola un impacto de entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales en el empleo total de la economía. Pero concluye también que el efecto pernicioso se concentraría en los colectivos de rentas más modestas, que habrían tenido una pérdida de entre 6 y 11 puntos porcentuales, concentrados entre los colectivos más jóvenes, los de mayor edad y los que disponen de menos cualificación.
La subida del salario mínimo, de un 61% desde 2018, ha desplazado hacia arriba el salario medio, pero ha concentrado a colectivos mucho más numerosos en los estratos cercanos a su cuantía y ha desplazado hacia abajo a la mediana salarial, la que divide en dos colectivos iguales a los asalariados por su remuneración. Así, cobran ahora el SMI casi el 8% de los asalariados, frente al 3,5 que lo hacían en 2018, y si entonces cotizaban por bases de hasta el 125% del SMI un 7,9% de los empleos, ahora lo hacen casi el 23%, según la Muestra Continua de Vidas Laborales explorada por AIReF.
Y dado que la escalada del SMI lleva aparejada similar subida en las bases de cotización de los colectivos a los que implica, el coste aprieta dos veces a las empresas, tanto en retribución como en cotizaciones. La Encuesta de Coste Laboral revela que al finalizar 2024 la aportación media por asalariado a la Seguridad Social era de 755 euros al mes, 154 euros más que al finalizar 2018, lo que supone un incremento del 25%. En el caso de los colectivos del SMI y alrededores, el incremento es superior, similar al avance del propio salario mínimo, en lo que las empresas en general consideran un impuesto al empleo.
Además, el efecto sobre la creación y mantenimiento de empresas ha sido muy intenso, con la ayuda de otros fenómenos, como el avance del e-commerce en el caso del comercio minorista, o la expansión de las franquicias de restauración en el caso de servicios de hostelería, seguramente las dos actividades más castigadas por los sobrecostes laborales de los últimos años.
Veamos. Las cuentas de cotización de empresas controladas por la Seguridad Social se mueven en torno a 1,430 millones en los últimos meses, con un descenso de unas cincuenta mil desde 2019, y lejos del récord alcanzado en 2009 de 1,521 millones de cuentas de cotización. Y los descensos se han registrado en las empresas de menor tamaño, las que cuentan con entre uno y cinco trabajadores. Las unipersonales han perdido 76.000 cuentas y las de 2 a 5 trabajadores, 14.000.
Por el contrario, el resto de tamaños de empresa han experimentado un fuerte crecimiento, destacando sobre todo las empresas de 6 a 50 trabajadores, con un avance de 35.000 cuentas. El número de las de mayor tamaño también ha crecido, y han absorbido parte del empleo destruido por las pymes y micropymes, ya que disponen de mayor capacidad para absorber mayores costes y del liderazgo preciso para aventurar alzas de precios de sus bienes y servicios, así como de mantener o elevar sus márgenes. Las muy pequeñas, sencillamente, no pueden hacerlo, y sucumben.
En el comercio minorista, en el que alternan autónomos y empresas con un solo empleado y en el que la patronal advierte que los costes laborales han subido el triple que sus ventas, cotizaban 225.000 empresas en 2018 y ahora lo hacen solo 190.570, con descensos en cada uno de los ejercicios. En el inicio de 2025 es también el comercio quien lidera la disolución de empresas. Y en el caso de los establecimientos de comidas y bebidas, con una tendencia contractiva similar, han pasado de 180.000 mediado el año 2018 a 163.800 en febrero de este año. Son los dos ejemplos más significativos por la intensidad de las microempresas en tales actividades, pero el castigo se ha hecho extensivo a todas aquellas en las que la capacidad de maniobra para subir precios sea nula o muy escasa.
Al hilo de este comportamiento, los empresarios han mostrado su preocupación en las respuestas dadas en la Encuesta sobre Actividad del Banco de España. La mayoría admite que únicamente tenía en el salario mínimo al 10% de sus plantillas, pero hay un colectivo de una de cada nueve empresas con una incidencia elevada, por tener en salario mínimo o su entorno a más de la mitad de la plantilla, y que son las que más han sufrido el golpe.
En cuanto a la reacción ante la escalada del coste salarial, un tercio de las empresas admite que ha tenido que reducir sus márgenes, mientras que una de cada cuatro corporaciones reconoce haber trasladado el sobrecoste a los precios finales. Y en cuanto a los efectos en el empleo, el 21% de las empresas afectadas ha reducido las nuevas contrataciones, en tanto que un 10% ha recortado sus efectivos laborales con despidos.
Pero el efecto sobre el empleo ha sido serio también en actividades irregulares, como la contratación de temporada en el campo o el empleo en el hogar. Entre ambos colectivos, según los registros de afiliación de la Seguridad Social, se han perdido más de 175.000 cotizantes desde 2018 a 2024: 120.000 en el campo y 57.000 en el trabajo doméstico.
En definitivas cuentas, la subida desatada del salario mínimo y las cotizaciones no es neutral, y deja muchas víctimas en el camino. Sería discutible si atenta o no contra la libre competencia y la igualdad de trato establecer regímenes fiscales, laborales y de Seguridad Social diferenciados para empresas y microempresas en una economía tan intensiva en tales instrumentos. Pero dado el peso de las actividades de comercio minorista, servicios turísticos y hosteleros y la aparición coyuntural recurrente de labores agrarias, no estaría de más echarle una pensada a reglas diferenciadas para preservar negocios y empleos.
José Antonio Vega
Periodista
