El elefante azul entra en la cacharrería del silicio
A pesar de sus deseos, Trump y su Ejecutivo no pueden borrar de un plumazo la Ley de Chips
Decíamos ayer en estas mismas páginas, que la Donald Trump se encontraba tres asuntos centrales sobre la mesa del Despacho Oval en el ámbito de las políticas de semiconductores: contribuir a definir una salida para la crisis de Intel, fijar el marco de las relaciones con el ecosistema chino, completar el desarrollo y ejecución de la Ley de Chips. El nuevo Ejecutivo del partido del elefante azul ha dado indicios de movimientos en los tres frentes.
En primer lugar, la larga mano de la Casa Blanca parece estar detrás de las distintas operaciones para salvar la empresa californiana que se han rumoreado desde el inicio de año, desde la toma de una participación mayoritaria de un grupo liderado por Elon Musk hasta la segmentación de activos e intereses entre Broadcom y TSMC. Sobre el segundo ámbito, la revisión y endurecimiento de las restricciones comerciales en semiconductores sobre China es un telón de fondo continuo desde la segunda toma de posesión como presidente de EE UU del magnate neoyorquino. Pero han sido las perspectivas sobre las intenciones del Gobierno del Partido Republicano sobre la Ley de Chips el epicentro de un terremoto en la industria del silicio.
“Debería deshacerse de la Ley de Chips. Y lo que quede, señor presidente, debería utilizarlo para reducir la deuda. O cualquier otro motivo que desee”. Esta frase del presidente Trump dirigida al líder del Congreso en su primera intervención ante una reunión conjunta de las cámaras confirmaba los anuncios velados de acabar con uno de los programas estrella de la Administración Biden que había realizado en campaña electoral. También daba contexto al sprint final de la Secretaría de Comercio para confirmar las ayudas anunciadas a distintas empresas en los primeros meses de 2024: con el último gran acuerdo, firmado con Samsung, se consiguió confirmar contratos por valor de 32.000 millones de dólares sobre los 36.000 millones pre adjudicados en el espacio temporal entre la elección de Trump y su toma de posesión.
A pesar de sus deseos, el presidente y su Ejecutivo no pueden borrar de un plumazo la Ley de Chips y detener por siempre las actuaciones de apoyo a las líneas de manufactura. Sin embargo, Howard Lutnick, el secretario de Comercio del gabinete de Donald Trump, se negó a garantizar el cumplimiento de contratos de subvención que no había leído durante su audiencia de confirmación de nominación en el senado, pero expusó claramente cuál iba a ser la línea de acción: Revisar los contratos existentes y vigilar rigurosamente el cumplimiento. Significativamente, también señaló que era reticente a pedir más fondos para el programa hasta evaluar el impacto de las actuaciones en marcha. Consecuentemente, podemos deducir que, como señalaba el presidente, Congreso y Senado iban a poder disponer de aproximadamente 7.000 millones de dólares no empleados –el total que se había previsto emplear para subvenciones a la fabricación eran 39.000 millones– hasta ahora para otros fines. Adicionalmente a los fondos de apoyo a las líneas de apoyo a la producción, existen unos 11.000 millones de dólares destinados al I+D que parecen, por ahora, fuera del furor exterminador del Partido Republicano.
Las dificultades contractuales para frenar la ejecución de la Ley de Chips parecen estar orientando al Ejecutivo trumpista hacia otra estrategia para lograr este objetivo: una silenciosa muerte por inanición. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk ha incluido en su rango de actuaciones iniciales a la Oficina del Programa de la Ley de Chips, donde el tecnólogo sudafricano ha situado una persona de su más estricta confianza. Tan solo quedan en la Oficina actualmente 22 personas trabajando de las 200 con las que llegó a contar. La reducción personal frenará necesariamente el ritmo de las evaluaciones de hitos de las actuaciones en curso y, consecuentemente, el desembolso de los fondos comprometidos tras los pagos iniciales. Y estos pagos pendientes son sustanciales. Por ejemplo, mirando únicamente a las empresas taiwanesas, TSMC solo ha recibido 1.500 millones de dólares de la subvención de 6.600 millones concedida y GlobalWafers aún no ha recibido un solo dólar de los 406 millones acordados.
El impacto de la obstaculización a la ejecución de la Ley de Chips de la nueva Administración estadounidense es de amplio alcance según los datos de seguimiento del programa que pública la Semiconductor Industry Association. No solo frenaría las inversiones de las empresas directamente subvencionadas –estimadas en 350.000 millones de dólares– sino también las adicionales que estaban anunciadas en el resto del ecosistema, hasta 100.000 millones más. La actitud hostil de la industria ante una ralentización de las inversiones públicas sería la norma y no la actitud pragmática de TSMC, con capacidad financiera sólida y beneficiada por otras derivadas del freno del programa como la eliminación de potenciales competidores que tendrían dificultades para soportarlo (caso Intel). También el daño reputacional a EE UU como destino de inversiones sería inmenso, pues estaríamos hablando de revocar de facto uno de los paquetes de ayudas de mayor tamaño en la historia del país.
La derogación formal o efectiva de la Ley de Chips de EE UU, una idea que parecía extraña e inverosímil hace apenas tres meses ha entrado en la agenda del sector. Más allá de los aranceles como bálsamo de Fierabrás se tiene poca idea de qué medidas alternativas para promoción del ecosistema de los chips estadounidense tiene el presidente Trump y su equipo. La primera evidencia de la desconfianza generada es la caída en un 13% del índice bursátil de referencia de la industria del silicio –PHLX SOX– en la quincena entre el 20 de febrero y 7 de marzo, dentro de la cual el fatal destino de la Ley de Chips ha empezado a vislumbrarse. El resultado hasta ahora es la incertidumbre y caos sobre un sector que parecía revivir, la asociación sectorial estadounidense ya ha lanzado su primer cálculo. La asociación sectorial estadounidense ya ha lanzado su primer cálculo: con la Ley de Chips la manufactura de semiconductores en EE UU alcanzará el 14% global en 2032, sin ella descenderá del 10% al 8%.
Emilio García García es ex director de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y coautor del libro Chips y Poder.
