Proletarizar la lucha contra el cambio climático
La política climática debe tener en consideración la importancia de la clase trabajadora
El desenlace de la crisis financiera de 2007 supuso que el precio del petróleo alcanzara su máximo histórico en julio de 2008, con un valor de 147 dólares el barril, nivel de precio que se mantuvo en el periodo de 2011 a 2014 y que recuperó la voluntad de reducir la dependencia energética de los países de la Unión Europea. Este posicionamiento se vio reforzado y refrendado con la Cumbre de París, COP21, y el acuerdo global, con excepciones, para luchar contra los efectos del cambio climático.
La transición energética, tal y como se inició, fue exclusivamente por el lado de la oferta, de manera que los combustibles fósiles debían dejar paso a las fuentes de energía renovables, sin tener en cuenta el papel de los consumidores ni la modificación de la jerarquía y la gobernanza que implicaban el dominio de un sector energético que controlaba con mano férrea la regulación y el funcionamiento de los mercados. Parafraseando a Tancredi en la conversación con el príncipe de Salina de El Gatopardo, “es necesario que todo cambie, para que todo permanezca como está”.
El covid y, sobre todo, la manipulación de los mercados energéticos desde junio de 2021, como antesala de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, acabó de demostrar que nuestro cambio en el modelo de oferta era insuficiente, no solo para mantener la estabilidad y el crecimiento económico, sino para cubrir las necesidades energéticas básicas de la sociedad. Sufrimos precios de la electricidad y del gas nunca proyectados y se constató la necesidad no solo del cambio de oferta de energía, sino también de actuar sobre la demanda, protegiendo al consumidor e impulsando políticas de ahorro y de eficiencia energética.
Se demostró que el cambio de modelo era insuficiente porque el riesgo de no cubrir las necesidades energéticas y el aumento de la vulnerabilidad estaba quedando, cada vez más, de manifiesto. La reacción fue la de establecer ayudas económicas puntuales y coyunturales para los consumidores, pero no la de modificar el mal funcionamiento de un mercado marginalista que dejaba, y sigue dejando, que los combustibles fósiles fijen el precio para todas las energías y, que ha ido aligerando, con el Reglamento UE 852/2020, la taxonomía, al considerar como inversiones sostenibles aquellas que suponían una mejora relativa en el uso de las energías fósiles, o con el Reglamento UE 1735/2024 al favorecer invertir en tecnologías sin futuro. Como broche final de esta tendencia, el presidente Trump ha manifestado su decisión de no considerar prioritarias las inversiones ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).
La transición energética no tendrá éxito si en la ecuación no introducimos el papel de los consumidores y recuperamos la componente de justicia social y territorial de su desarrollo. La transición no puede circunscribirse al fomento de procesos de inversión, aceptando la propuesta del liberalismo climático que considera que hay tiempo y que los avances tecnológicos nos salvarán.
¿Por qué necesitamos hablar de transición ecosocial y no solo de transición energética? Considerar que la transición energética debe tener un mayor alcance y reconvertirla para que incorpore la componente social no supone desdeñar el pilar energético, sino darle el necesario recorrido para que toda la sociedad sea participe y no se quede en un discurso limitado a mejorar los procesos productivos con otros inputs energéticos.
Necesitamos una mayor presencia pública en la puesta en marcha de iniciativas que aprovechen el potencial transformador, incluir el efecto redistributivo en las iniciativas que se lleven a cabo y reconocer el derecho a una vida digna con la garantía universal de la cobertura de bienes y servicios esenciales.
Hemos ido constatando como las políticas basadas en el crecimiento, con el PIB, el control de emisiones o la intensidad energética como índices de referencia, no reducen el problema de haber traspasado 6 de los 9 límites de la Tierra, ni combaten la desigualdad social y territorial que ocasionan los efectos de la crisis energética y medioambiental. Podemos comprobar que el liderazgo en crecimiento en España conlleva también el liderazgo en pobreza, que en el cómputo de los ingresos del PIB no se incluyen los esfuerzos en economía circular, que no supone un menoscabo la esquilmación de recursos y que no fomentamos decrecer en actividades no sostenibles. La máxima de “todo vale, si suma” implica cerrar los ojos a la realidad y negar las limitaciones de recursos naturales que tenemos.
La política climática debe tener en consideración la importancia de la clase trabajadora. Es decir, la lucha contra el cambio climático es una lucha de clases, en la que no solo tenemos que reducir emisiones sino también desigualdades. Es necesario proletarizar la lucha contra el cambio climático y abandonar el maniqueísmo impuesto que supone tener que elegir entre el fin del mundo o llegar a fin de mes, o pensar que el cambio de modelo productivo genera desempleo. Si nuestras políticas están basadas en el dogmatismo que supone la lucha contra el cambio climático y nos olvidamos de cómo las personas van a sufrir las medidas que adoptemos, sin haber previsto mecanismos de ajuste, conseguiremos que el negacionismo se apodere de la realidad y que los discursos populistas mantengan el statu quo actual, que no es otro que el dominio y la jerarquía que marca el capital sobre las necesidades de las personas. Tenemos que aprender de lo sucedido en Francia con los chalecos amarillos y no pensar que la oposición a la lucha contra el cambio climático tiene solo un interés político, olvidándonos de que, en la mayoría de los casos, se debe a actuaciones que no tienen en cuenta a la sociedad y que no ofrecen alternativas ni resuelven las consecuencias de su aplicación. El proceso de reconversión del sistema productivo tiene que ir acompañado de la reordenación de la vida en común, tanto en el entorno urbano como en el medio rural, protegiéndolo y respetándolo porque, además, es donde se van a asentar muchas de las iniciativas de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.
El auge de posiciones ultras, y la intimidación y amenaza que ha supuesto la llegada de Trump, debe reforzar la posición de la Unión Europea en el compromiso, no solo para luchar contra el cambio climático y defender la libertad, la equidad y la justicia, sino, sobre todo, para recuperar el movimiento de los movimientos como reivindicación democrática para que sea labor de todos y de todas.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables.
