China, el control de minerales y la apuesta por España
Parece razonable extremar la cautela y escrutar con lupa los intereses y estructura accionarial de los socios implicados
Empresas chinas ponen el foco en España. Tres gigantes industriales —Yankuang Energy Group, Beijing Energy International Holding y Singapore Taizhong Global Development— han acordado aportar 200 millones de euros a la empresa hispanoaustraliana Highfield para desarrollar una mina de potasio en Navarra, en lo que supone el mayor proyecto minero en marcha en nuestro país. El movimiento deberá pasar el filtro del Gobierno y superar las limitaciones el escudo antiopas, al afectar a un sector estratégico. En efecto, el potasio es fundamental para la producción de fertilizantes, cuya producción se concentra en Rusia y Bielorrusia. De hecho, la guerra en Ucrania recortó drásticamente las exportaciones de este mineral a Europa, elevó el precio y ha sido uno de los elementos que explica el descontrol de la inflación.
No hay duda de que el proyecto en sí acapara el máximo interés, sobre todo en la medida en que contribuya a reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea. No obstante, parece razonable extremar la cautela y escrutar con lupa los intereses y estructura accionarial de los socios implicados en la iniciativa, en tanto no es extraño encontrar al Estado chino detrás de estos grupos industriales. En este sentido, procede equilibrar la necesidad de atraer inversiones y crear la seguridad jurídica básica para que los grandes capitales apuesten por España con la defensa del interés nacional. Casos recientes, como la opa lanzada sobre Talgo por el grupo húngaro Ganz-Mavag y las conexiones con Rusia detectadas por la inteligencia española, alimentan la tesis de que no caben complejos cuando se trata de poner a buen recaudo la soberanía estratégica del país.
Pocos movimientos empresariales chinos son inocentes y carentes de estrategia. Por ejemplo, basta recordar que Pekín, en plena guerra comercial con la UE a resultas de los aranceles a los coches chinos, prohibió el pasado mes de diciembre la exportación de tecnologías esenciales para el procesamiento de tierras raras. No en vano, el país asiático controla la producción, el procesamiento y la separación de estos minerales, abundantes en el interior de Mongolia. Los países occidentales, por el contrario, aún luchan por establecer una cadena de valor que respalde la creciente demanda de vehículos eléctricos y energía verde. En su momento, China justificó la decisión en aras a “salvaguardar la seguridad nacional, el interés público-social y la moralidad pública”. Sin perder de vista los intereses económicos y comerciales, parece lógico tentarse la ropa.
