Más transparencia en defensa
Ahora que los poderes públicos apuestan por integrar la industria nacional para que gane protagonismo en Europa, sería conveniente tener cierta trazabilidad sobre el gasto público
No es fácil rastrear el dinero que España gasta en defensa. Los desembolsos reales que la Administración General del Estado destina a equipamiento armamentístico, mantenimiento del Ejército y otras rúbricas del capítulo militar superan con creces el montante registrado en los Presupuestos de cada año. No es una práctica nueva. Se trata de una técnica habitual que han seguido durante los últimos años varios Gobiernos. Fuentes de Hacienda justificaron hace meses que no pueden reflejar el gasto real en defensa en el proyecto de Presupuestos porque no lograrían convencer a los socios parlamentarios que necesitan para sacar adelante las cuentas. Los responsables aluden también el impacto que tendría en la opinión pública aumentar el gasto en detrimento de otras partidas más sociales.
La realidad es que la desviación entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado supera el 20% en los últimos dos años. La diferencia sería mayor si se tienen en cuenta los gastos en I+D y la ejecución de las empresas públicas, que tienen un presupuesto estimativo y tienen más margen para agrandar la brecha entre lo previsto y lo gastado. Ni siquiera es fácil diferenciar qué cuantía corresponde a gasto corriente y cuánto a inversiones.
El argumento no deja de sorprender. Es cierto que hay partidos en las Cortes con posiciones históricas contrarias a estas políticas y que durante la última década los Gobiernos no han gozado de mayorías suficientes para sacar adelante las cuentas públicas sin una extenuante negociación. Prueba de ello son las incontables prórrogas presupuestarias desde 2016. A pesar de esa situación, el Ejecutivo debería primar la transparencia y la rendición de cuentas. Estos principios cobran importancia en un momento en que el tablero geopolítico está sufriendo una mutación importante con conflictos decisivos en Ucrania y en Gaza. En este contexto, los países de la OTAN se han comprometido a alcanzar un gasto en defensa del 2% del PIB en 2030. Ese objetivo supone duplicar el gasto militar español. La práctica presupuestaria que ejerce el Gobierno no ayuda a visualizar las evoluciones para alcanzar esta meta.
En un momento, en el que desde los poderes públicos se apuesta por integrar la industria nacional de defensa para que gane protagonismo en Europa, sería conveniente tener cierta trazabilidad sobre el gasto público para tener más control real de las cuentas públicas. En ese proceso, se podría avanzar en desgranar la identidad de las empresas que ganan los contratos públicos. Y cuáles son las compañías que más recursos públicos reciben.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
