La administración pública, el primer empleador en los diez próximos años
España deberá renovar sus plantillas públicas en cerca de un millón de empleados hasta 2035, pero no incrementarlas
La Administración pública, de la que somos accionistas todos los españoles, será la empresa que más empleo reparta en los diez próximos años por la simple evolución vegetativa de sus plantillas, que están notablemente más envejecidas que las del sector privado. Solo para mantener el nivel actual de ocupación deberá absorber a más de 900.000 empleados (casi un tercio de los que tiene ahora), funcionarios o no, en el decenio venidero, y a casi 1,4 millones si la proyección se prolonga 15 años.
Hablamos de relevo en el empleo de una plantilla que tiene algo más de 3,5 millones de ocupados detectados por la Encuesta de Población Activa, contabilizando todos los niveles de la administración pública, sus organismos autónomos y las empresas de capital estatal, autonómico o municipal. No hablamos de creación de empleo nuevo en un grupo de empresas que lo han incrementado ya en casi un 30% en lo que va de siglo, un ritmo muy superior al mostrado por el sector privado (21%), y que está ya en los estándares relativos europeos en la mayoría de los servicios que presta a la población.
Pero nunca se puede descartar tal cosa, aunque las finanzas públicas que pagan las nóminas estén en una situación de acumulación de deuda estructural nunca antes registrada y un déficit estructural sobre el que no parece encontrarse ni la fórmula ni la voluntad de reducirlo.
En los últimos 20 años, el empleo público recogido en el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha pasado de los 2,3 millones de ocupados a casi 3 (2,96), un avance del 28,8%. Este ritmo prácticamente se duplica en el caso de las comunidades autónomas, que elevan sus efectivos laborales en un 54,5% (hasta 1,84 millones), mientras que los ayuntamientos los incrementan muy moderadamente (solo un 10%), y la administración del Estado los reduce en un 7,2%, consecuencia en parte del traspaso continuo de competencias a los territorios.
Los mayores incrementos, siempre en el círculo autonómico, se han registrado en los servicios públicos competencia de tales administraciones, fundamentalmente en la enseñanza y la sanidad. Pero lo han hecho a velocidades muy superiores a la que ha crecido la población a la que prestan servicios (13%), o el empleo privado. Los trabajadores dedicados a la docencia no universitaria han avanzado en un 45,4%, desde los 451.000 ocupados a los 656.000, mientras que en el caso de la enseñanza universitaria, el número de efectivos se ha duplicado (crece un 103,3%), y pasa de los 89.000 en 2002 a los 181.000 en 2023.
La explosión de las plantillas se ha producido en paralelo a la creación de campus públicos en todas las comunidades autónomas que se precien, no menos vigorosa que la experimentada en el sector privado en algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, y con resultados en la mayoría de los casos manifiestamente mejorables tanto en el ámbito público como en el privado. Si ponemos el foco en la enseñanza media, el incremento de personal ha sido inversamente proporcional a la mejora de los resultados relativos que internacionalmente proporciona el Informe Pisa.
En el caso de la atención sanitaria, el avance de la ocupación es de casi un 90% en los años consumidos del siglo, desde los 370.000 a los 700.000, y todo indica que el servicio sí ha mejorado, aunque sigue habiendo cuellos de botella en muchos territorios, con sonrojantes listas de espera en pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, y falta de médicos en zonas rurales con población muy envejecida que precisa atención diaria. Y todo ello, pese al nunca cuantificado desahogo que produce la sanidad privada, objeto de la censura continua por una parte de la sociedad, amparada en discursos sindicales y de partidos de izquierda, que también la consumen.
Pese a la incorporación masiva de personal funcionario o laboral en los años de este siglo, el envejecimiento de la fuerza laboral pública viene determinado por una primera oleada de incorporaciones en los últimos años ochenta y en los noventa de la mano de la universalización de los servicios sanitarios y educativos, así como por la paralización de las contrataciones de personal público con ocasión de las crisis fiscales del Estado, pero especialmente la de 2008-2013, que limitó con severidad la cobertura de vacantes por jubilación, en un intento desesperado por ahorrar recursos públicos.
Además, la incorporación al empleo en las administraciones públicas, pese a proporcionar unos estándares de seguridad envidiables, se retrasa hasta los 35 años de media (frente a los 26 de incorporación media al sector privado) por lo dilatado de sus procedimientos, especialmente para el personal funcionario que debe pasar por el filtro de las oposiciones, el cual ha sido sorteado por la interinidad o el personal de carácter laboral.
Hacienda edita un informe anual sobre el envejecimiento de las plantillas de la Administración del Estado, y en el más reciente concluye que, en diez años, el 58% del personal estará jubilado, ya que seis de cada diez trabajadores tienen más de 50 años, con el techo medio de edad entre el personal laboral fijo en 54,5 años, seguido de los funcionarios, con una media de 51,6 años. La EPA ofrece una proporción de más de 50 años entre los empleados públicos del 43,5%, mientras que en el sector privado solo tiene esa condición el 28% de la fuerza laboral. En las comunidades autónomas, el 44% de los efectivos tiene ahora más de 50 años, y una proporción superior en los ayuntamientos.
En los próximos años, pese al descenso de la fuerza laboral disponible por razón demográfica, la mayor empresa del país, la administración pública, tendrá, por tanto, que absorber a cerca de un millón de nuevos trabajadores, y mejorar el perfil de edad de sus plantillas. Solo Italia, donde la jubilación de los funcionarios es incluso más generosa que en España, en edad y en renta, tiene sus efectivos laborales más maduros, con casi el 50% de ellos con medio siglo cumplido, mientras que en España tienen tal condición el 46%; en la OCDE, de media, solo uno de cada cuatro tiene tal edad.
Cuestión discutible es incrementar el volumen de efectivos, equiparable ya al de los pares europeos, salvo en servicios muy puntuales, pero con muy mejorable productividad, con unas finanzas públicas sin holgura alguna y con la presión fiscal en máximos.
José Antonio Vega es periodista
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
