La preservación del capital natural y la política económica
Incluir los servicios ambientales en la gestión del país es clave, o corremos el riesgo de crecer en el vacío
La inclusión de objetivos climáticos y ambientales en la política económica se está convirtiendo en una nueva frontera para los policy makers. Construida sobre conceptos económico-ambientales desarrollados hace ya años, la creciente conciencia ambiental en el mundo desarrollado está impulsando esta integración entre dos conocimientos tradicionalmente muy alejados: la ecología y la economía.
En efecto, hay puntos de contacto entre ambos que ameritan un análisis conjunto: el desequilibrio climático y el deterioro de los recursos naturales generan no solo impactos sobre el planeta y sus ecosistemas, sino también sobre el bienestar económico de sus habitantes. El hecho de que estos impactos no siempre lleven asociado un precio (una externalidad, en la jerga económica) no implica que no sean reales.
Estos impactos medioambientales, junto a otros determinantes del bienestar social, hacen que el PIB sea un indicador insuficiente. A pesar de su utilidad al reflejar el bienestar material generado por el flujo de bienes y servicios intercambiados en los mercados y los producidos por el sector público, el PIB deja de lado el bienestar natural proporcionado por el ecosistema en el que vivimos. Es aquí donde aparece el concepto económico-ambiental de capital natural: un factor productivo más que nos presta servicios ambientales de distinto tipo, tanto de regulación biológica (ciclos del agua y del carbono, polinización entre otros) y de carácter recreativo (visitas a parques naturales), como sobre todo la provisión de bienes esenciales (alimentos, aire y agua limpios, principios activos para medicamentos por destacar solo algunos de ellos).
La inclusión de este factor productivo en el análisis económico tiene sus complicaciones prácticas, dado que muchos de esos servicios no tienen un valor explícito –por no existir un mercado para ello– y en ocasiones tampoco es fácil estimarlo por vías indirectas. Además, cada uno de estos servicios suele resultar de interacciones de enorme complejidad entre los recursos naturales de una zona determinada, dificultando la necesaria determinación de la relación entre inputs y outputs individualizados.
Por otra parte, la contabilidad nacional tradicional asume que una determinada depreciación del capital puede compensarse invirtiendo por importe similar. En el caso del capital natural, preservar suele ser mucho más barato que regenerar, con lo que esta simetría entre depreciación e inversión se pierde. De hecho, hay ocasiones en que regenerar es imposible: los ecosistemas resultan ser muy resilientes, pero llegado un punto de inflexión o no retorno colapsan y su rehabilitación resulta inviable. Capturar la existencia de estas no linealidades tampoco es sencillo.
Pese a estos obstáculos, incluir los servicios ambientales dentro de la política económica es indispensable. De lo contrario, corremos el riesgo de fomentar un crecimiento en el vacío, donde nuestra creciente prosperidad económica se genere a costa de nuestra prosperidad natural, y un menor crecimiento del bienestar total. Por tanto, debemos valorar adecuadamente tanto el gasto en protección y regeneración de los recursos naturales (que debe ser considerado inversión), como las afectaciones negativas al capital natural generadas por la actividad económica (que deben ser consideradas depreciación del capital y, por tanto, reducción de la riqueza nacional).
Algo similar puede decirse respecto de las políticas para frenar el cambio climático: el equilibrio climático es asimismo un activo planetario, cuyo deterioro –fundamentalmente asociado a las emisiones de los combustibles fósiles– genera impactos en el bienestar de la población mundial. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno global, cada país no puede reducir su impacto climático solo mediante políticas climáticas ambiciosas de ámbito nacional, como sucede con el capital natural y, por lo tanto, es imprescindible la colaboración internacional. En este sentido, se podría impulsar la gobernanza global climática mediante el establecimiento de clubs climáticos: grupo de países que fomenten sus relaciones económicas de acuerdo con el cumplimiento de políticas climáticas como regulaciones e impuestos al carbono, o los flujos financieros orientados a la sostenibilidad. Se avanzaría así más rápido hacia la internalización del coste para la sociedad de las emisiones de GEI.
La primera estimación del valor económico del capital natural español lo cifra en 467.000 millones de euros y confirma que este capital no se ha degradado significativamente desde 1995 –pese al intenso crecimiento económico en el país–, aunque el capital natural por habitante sí ha disminuido un 15%, debido al aumento de la población. Por su parte, más de 50 empresas españolas grandes y pymes vienen desarrollando hace años una línea de trabajo sobre capital natural, sensibilizando a las empresas sobre la minimización de impactos ambientales e intercambiando mejores experiencias; línea culminada con la participación en la COP15 de biodiversidad y la intervención en la reciente reunión de directores generales de biodiversidad de la UE.
¿A qué conclusiones lleva esta integración de la perspectiva climático-ambiental en la política económica? Una primera es que el instrumental económico tradicional debe adaptarse para tratar el problema ambiental e incluir el capital natural. Un corolario importante, en estos servicios medioambientales sin precio de mercado es la necesidad de invertir más en la preservación y regeneración del capital natural, siempre que sea posible bajo colaboración público-privada. La creación de mecanismos de mercado para contribuir, al menos en ciertas áreas, a estos objetivos permitiría acelerar el proceso.
De manera más general, se requiere internalizar en mayor medida las externalidades climáticas y ambientales, y promover una verdadera circularidad de los recursos mediante la adecuada valorización de las materias primas secundarias. La política de innovación es asimismo fundamental, tanto para multiplicar el impacto por euro invertido de la inversión en capital natural, como para minimizar el impacto ambiental de la actividad económica. Todo ello será necesario para asegurar que el crecimiento económico continuado sea –en un horizonte suficientemente amplio– compatible con la restricción que marca la dotación de recursos naturales y físicos del planeta.
Particularmente en un país como España, cuya dotación de recursos naturales —biodiversidad, viento y sol— es excepcional en el contexto europeo, la preservación, aprovechamiento y potenciación de este gran patrimonio natural constituye una importante oportunidad económica para el país y debe ser tratada como tal. La internalización de externalidades climático-ambientales es el camino para conseguirlo, conjugando la mejora del bienestar de la sociedad y el crecimiento económico y preservación del entorno natural.
Luis Martí / Rafael Doménech son Vicepresidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde y director de Políticas Públicas y Regulación de Acciona/ Responsable de Análisis Económico de BBVA Research y doctor en Economía por la Universidad de Valencia
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