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Opa hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Canarias, centrales eléctricas viejas como coches cubanos y una factura millonaria

Los equipos suman hasta 60 años y crece el riesgo de apagones. La Ley Soria bloquea las inversiones y el SOS del Ministerio afronta presupuestos de vértigo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la marisma de el Rocío./ PACO PUENTES (ELPAIS)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la marisma de el Rocío./ PACO PUENTES (ELPAIS)PACO PUENTES

Un Chevrolet Bel-Air o un Ford Thunderbird de mediados de los cincuenta. No es difícil encontrar alguno de esos icónicos modelos americanos por las maltrechas carreteras de Cuba, a menudo alquilados en La Habana a turistas ávidos de escuchar por última vez el sonido de un V8. A falta de plan B, los cubanos mantienen en forma los motores de sus almendrones, como son conocidos esos vehículos en la jerga local, al punto de que muchos de ellos han logrado la hazaña de sobrevivir a Fidel. Con esas máquinas, empero, podrían competir en senectud los equipos eléctricos instalados en otra isla, separada del paraíso caribeño por 6.500 kilómetros y, desde luego, con más posibilidades económicas. Canarias, lejos de convertirse en un polo de modernidad y un campo de pruebas ideal para el desarrollo del coche eléctrico, se ha trocado en terreno abonado para los apagones por la obsolescencia de dispositivos que cuentan en algunos casos con 60 años de vida. Desde 2009, de hecho, son ya nueve los ceros eléctricos registrados en el archipiélago. Lo peor es que el fundido a negro no solo va a ir a más, sino que va a costar muchos millones. Entretanto y aunque parezca mentira, los canarios, como sus primos cubanos, tendrán que resolver.

El origen de todos los males está en la Ley Soria, aprobada en el año 2013. La normativa, alumbrada para más inri por un ministro canario, fue la primera que intentó ordenar el suministro en las islas, con la idea de liberalizar y dar entrada a otros players en un mercado controlado por Unelco, la marca local de Endesa. Sin embargo, al tiempo que daba ese paso, el texto también introducía un elemento de bloqueo que ha terminado por enquistarse y prolongarse durante una década. Según contempla, para que una empresa tenga derecho a invertir en las islas, precisa de un plácet administrativo denominado “resolución de compatibilidad”. No hay alternativa. Se trata de un sello de calidad que solo puede obtenerse mediante concurso público y con el que aquel Gobierno del PP, además de abrir el melón, se garantizaba el control total de las iniciativas. El real decreto que desarrolló parcialmente la norma no vio la luz hasta 2015 y Bruselas no terminó de dar su visto bueno al proyecto hasta 2020, ya con un Gobierno socialista. ¿Conclusión? Siete años de parálisis total.

“El sistema de generación en Canarias es antediluviano. Si la idea era romper el monopolio de Endesa, no tenía sentido hacerlo gota a gota, sino obligando a la compañía a vender. Impedir la inversión a quien tenga más de un 40% del mercado puede tener sentido, pero cómo se hizo simplemente terminó por colapsar el modelo”, expone un ejecutivo de larga trayectoria en el sector eléctrico. El ejemplo más kafkiano del fracaso del legislador puede rastrearse en un movimiento inédito, el traspaso de una central por parte de un operador al gestor de red. Sucedió en 2014 con la grancanaria central de Chira-Soria, hidráulica de bombeo traspasada por ley de Endesa a Red Eléctrica (REE) con el fin de garantizar la “seguridad de suministro y la estabilidad del sistema”, en palabras de su entonces presidente, el fallecido José Folgado. Diez años después, ni siquiera ese proyecto ha superado la tramitación administrativa. REE también mira desde la barrera cómo la conexión submarina entre La Gomera y Tenerife duerme el sueño de los justos y va camino de la década de retraso respecto a la fecha inicial de puesta en servicio, en 2016. Un despropósito.

“En general, estamos hablando de centrales térmicas, propiedad de Endesa, a las que no se han hecho las inversiones que necesitaban y solo se han llevado a cabo los mantenimientos más básicos -remacha un experto en regulación desde una firma de análisis-. Hace falta ‘resolución de compatibilidad’ y no ha habido concursos para obtenerla. Es fácil imaginar lo que eso puede suponer en grupos de 40 o 60 años, intocados desde hace una década” De hecho, la propia Endesa ha confirmado la presencia desde 2013 de tres equipos de nueva generación en La Gomera, isla en la que tuvo lugar el último apagón, que no se pueden poner en marcha por carecer de autorización. En paralelo, en los últimos tres años ha salido potencia del sistema al no cumplir con los crecientes y estrictos requisitos medioambientales, provocando un déficit a corto plazo de 120MW y 80MW en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Declaración de alerta roja

La solución del Ministerio de Teresa Ribera es acogerse a la declaración de emergencia autonómica, lo que permitirá saltarse los requerimientos de la Ley Soria e introducir grupos electrógenos. Se trata, no obstante, de una patada hacia adelante, de un parche que tiene sus riesgos, ya que las adjudicaciones no solo implican decisiones discrecionales por parte de las administraciones, sino incertidumbres para los interesados. “Pueden encontrarse con potenciales procedimientos desiertos -se explica desde una firma energética-. Es una fórmula que sirve para un caso como el del volcán de La Palma, que va a durar a lo sumo unos meses, pero no tiene sentido cuando se trata de corregir un desequilibrio estructural. Para curarse en salud, quien se interese va a poner sobre la mesa un presupuesto millonario. A ver quién firma el cheque”. No en vano, el telón de fondo del sainete entronca con un sinfín de intereses políticos y dogmas energéticos.

Hoy en día, resulta imposible circular entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas sin reparar en el ingente despliegue de molinos -y también placas solares- a ambos lados de la flamante autopista. Sin embargo, pese al boom renovable, los grupos de generación convencional, más en un sistema aislado como es el canario, son esenciales como respaldo de red. Y una vez que se concedan las pertinentes resoluciones de compatibilidad, pueden pasar lustros hasta que las centrales estén operativas. El nuevo Gobierno de Coalición Canaria y PP ha vuelto a la carga con la opción del gas como energía de transición, más limpio que el fueloil que actualmente queman a mansalva las centrales. Sin embargo, la apuesta presenta contraindicaciones. Sobre todo, no parece razonable apostar por infraestructuras con tanto coste de amortización para tan corto espacio de tiempo. “Una regasificadora, podría ser; tubos no tienen sentido”, expone el citado ejecutivo. No sería de extrañar que actores históricos muy ligados al entorno insular, como Disa, propiedad de los Carceller y primer operador canario de productos energéticos, intenten hacer valer sus intereses. La deseable receta de renovables a tope y electrificación de la demanda, también válida para la península, afronta demasiados obstáculos en Canarias. Solventar lo más básico es imprescindible, por justicia para quienes tantas veces se sintieron lejos, y no solo por cuestiones geográficas.

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