Telefónica, las reglas... y el dilema de la geopolítica
Las regulaciones beneficiosas para un momento histórico pueden tornarse incómodas cuando el mundo cambia
Las normas y costumbres son hijas del momento histórico en el que se forjan. Los ejemplos históricos son innumerables, de manera que convenios pensados para una época se convierten en invitados incómodos cuando el mundo cambia. El régimen internacional de refugio y asilo se diseñó con el objetivo de dar cobertura a los disidentes que lograban escapar del bloque comunista, la mayoría de ellos personas cualificadas, con una vocación de lucha contra la Unión Soviética y sus regímenes satélites, y con un claro fin propagandista. Las cosas se torcieron cuando, en vez de dotar de cobertura legal a personas como docentes, periodistas e intelectuales, el instrumento legal forzó a admitir a refugiados sin pedigrí, personas corrientes y molientes que buscan escapar del horror de la guerra y la opresión. Todo el mundo admitiría a Malala Yousazfai como refugiada. Pero somos mucho más exigentes con el resto de solicitantes de asilo.
Así pues, normas que hasta ayer nos parecían inamovibles pueden hoy suponer cierta incomodidad. Y en el mundo en el que vivimos, las normas, aún vigentes en muchos casos, que rigieron la globalización en términos de libertad de circulación de capitales y mercancías puede que ya no sean lo que, como países desarrollados, deseamos. El último caso que nos ha generado incomodidad es la operación de la saudí STC en Telefónica. La tecnológica española, que cotiza en España y Estados Unidos, creció en los años 90 y 2000 precisamente comprando infraestructuras y compañías telefónicas en proceso de privatización en América Latina. En aquel momento nos pareció una oportunidad de oro para la internacionalización económica española del cambio de siglo. Las compañías españolas se aprovecharon entonces de las reglas que impulsaban la libertad de circulación de los capitales, la protección de inversiones extranjeras y la liberalización de los sectores estratégicos en América Latina, muchas de ellas prescritas por el Banco Mundial o el FMI y bendecidas por la OCDE.
Hoy esas reglas, pensadas para un mundo donde los países occidentales eran los que compraban e invertían, se han dado la vuelta. Hoy son los países emergentes los que compran e invierten. Desde 2005 hemos sido testigos del auge de los fondos soberanos y de numerosas adquisiciones de empresas europeas por parte de gigantes emergentes. Solo en 2022 España contabilizó 38.000 millones de euros de inversión extranjera en nuestro país, de los cuales un 10% provenía de países asiáticos, con China y Emiratos Árabes Unidos como principales inversores de este continente. Según señala un informe del IE, los fondos soberanos invirtieron en 2021 un total de 2.800 millones de euros en nuestro país, a través de 12 compañías. También mantienen posiciones relevantes en firmas como Iberdrola o Cepsa.
Nada habría que objetar a ese flujo inversor, si no fuera por el momento de competencia geopolítica en el que vivimos, que afecta particularmente a los sectores tan sensibles como la tecnología. Aunque las instituciones financieras internacionales han trabajado mucho por garantizar que esas inversiones siguen criterios de mercado y no geopolíticos, no siempre es así, y el debate sobre su influencia sigue abierto. En un estudio de 2021, Wang examinó 5.800 operaciones de fondos soberanos y encontró evidencia suficiente para pensar que la geopolítica tiende a influir en sus decisiones. Así, son ya numerosos los países europeos que están limitando el alcance de las inversiones extranjeras en sectores sensibles. En 2019, la Unión Europea decidió aprobar su propia regulación sobre control de inversiones por motivos de seguridad o de orden público, a través del Reglamento 2019/452, pilar del sistema europeo de control. En 2022, Alemania prohibió la compra china de dos fabricantes alemanes de microchips. No solo se trata de recibir inversiones, sino incluso de hacerlas. Estados Unidos acaba de prohibir las inversiones estadounidenses en tecnologías críticas en China.
Consecuentemente, permitir posiciones de control en compañías estratégicas en términos tecnológicos o de defensa, como Telefónica, debe ser motivo de examen pormenorizado. No sería la primera vez que ocurre en nuestro país: la toma de control de Abertis por parte de la empresa italiana Atlantia, en 2018, tuvo que examinarse con detenimiento dada la posición que Abertis mantenía en Hispasat, una empresa muy sensible en términos de defensa. Hispasat terminó finalmente en manos de Red Eléctrica Española.
En un mundo donde la geopolítica manda sobre la economía, España se enfrenta, entonces, a un dilema: o se compromete con el régimen internacional de apertura, seguridad jurídica y protección de inversiones que nosotros mismos hemos contribuido a crear, y del cual tanto nos hemos aprovechado, o actuamos a la luz de nuestro derecho y obligación de preservar nuestra autonomía estratégica. Este dilema, que afecta ahora al caso de Telefónica, será cada vez más común y, si queremos ofrecer una imagen seria y solvente en el escenario internacional, cuando antes lo resolvamos de manera sistemática y transparente, mejor.
José Moisés Martín Carretero es economista y colaborador de Agenda Pública
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