En los acontecimientos catastróficos el agua cobra actualidad
No es de recibo que queden sin cumplir la inmensa mayoría de los programas de medidas de los planes hidrológicos y su correspondiente inversión
En España hay regiones sometidas a mucho estrés hídrico y otras que, por el contrario, cuentan con suficiente agua, las cuales en situaciones normales son excedentarias, pero en las que las infraestructuras de almacenamiento son escasas y por ello en las épocas de sequía se quedan pronto sin reservas.
Los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo, 2022-2027, han sido recientemente aprobados por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, y algunos de ellos contestados.
Estos planes hidrológicos que actualizan los anteriores dando prioridad a las acciones necesarias para garantizar el buen estado de las masas de agua, contemplan una inversión de unos 23.000 millones de euros y 6.500 medidas. De ese dinero 6.600 millones estarán destinados a la mejora del saneamiento y la depuración y 2.200 millones a la del abastecimiento.
La realidad es que, por diversas causas, entre ellas los propios planes hidrológicos, han comenzado a aflorar las guerras del agua. Las dos más relevantes son las acaecidas entre Castilla-La Mancha y el Levante y la de Doñana. Ninguna de las dos está sustentada en razones técnicas, en estudios previos a la toma de las decisiones políticas; cuestión que afecta sobremanera a Doñana, que desde el principio ha sido una lucha de clases políticas, cuyas consecuencias afectan a todos los ciudadanos.
La obligación primera y principal de los políticos es velar por el bien común, el de todos los ciudadanos, ya que, entre otras cosas, las Cortes son la representación del pueblo y por tanto, han de laborar por él y para él. La realidad es otra y los intereses partidistas son los que priman y más en situación de advenimiento de elecciones, lo cual no es bueno.
Estamos inmersos en una época de sequía y ahora todos son lamentos; época en la que incluso se derriban los muros de contención de almacenamientos de agua. La sequía es una situación que se ha repetido a lo largo de la historia conocida y también en la reciente. Ahí quedan los kilómetros de tubería montados a toda prisa para trasvasar agua que apenas se utilizó porque llegaron las lluvias. Todavía está presente en la memoria de muchos la gran sequía que sufrió Cataluña en 2008, en la que se aprobó un trasvase desde el río Segre, afluente del Ebro, y el puerto de Barcelona se preparó para recibir barcos cargados de agua; luego la situación cambió, se derogó el trasvase y como consecuencia quedaron pagados y sin colocar cientos de metros de tubería. Desde entonces se han hecho actuaciones, pero no las suficientes, y Cataluña vuelve a estar sedienta. Esto lo podemos extrapolar al resto de España y es que del agua se habla mucho, pero se invierte poco en ella. Eso sí, en momentos de crisis cobra actualidad, pero nadie hace autocrítica por lo que no se ha hecho; cambia la situación y llega de nuevo el olvido.
España, además de planes hidrológicos de cuenca, desde 2007 tiene planes especiales de sequía, cuya última revisión se efectuó en diciembre de 2018. En estos momentos los nuevos planes especiales de sequía, una vez concluido el periodo de consulta pública que abarcó de abril a junio de 2023, siguen sus trámites para su aprobación. Según el Miteco, una vez aprobados los planes hidrológicos “corresponde ahora ajustar los planes especiales de sequía a dichos planes”. Son planes subordinados, por tanto, su buen fin depende en buena parte del cumplimiento de los planes hidrológicos.
Es de todo punto evidente que los periodos de sequía se van a seguir produciendo y también las inundaciones, por eso es importante dejar los asuntos partidistas y trabajar en un pacto nacional por el agua, materializado en un Plan Hidrológico Nacional, en el que primen la ciencia y la técnica y los políticos vuelquen sus mejores ideas. Se tiene que acabar esto es lo que hay que hacer porque mando yo y acudir a la técnica para que busque soluciones proporcionadas y útiles, en las que seguro se incluirán infraestructuras de todo tipo; las necesarias gusten o no. Esas soluciones son todas las posibles sin descartar ninguna, tanto las presas como la regeneración, los trasvases como la desalación, etc.
No es de recibo que queden sin cumplir la inmensa mayoría de los programas de medidas de los planes hidrológicos y su correspondiente inversión. Y ojo a navegantes, esperemos que esta no sufra todo el peso del ajuste fiscal que se anuncia próximo a imponer por Europa.
Tenemos un gran retraso de inversión en agua, que se puede cifrar en unos 50.000 millones de euros, cifra escandalosa, pero que aún lo es más si se piensa que seguimos pagando multas por falta de depuración o, lo que es igual, de depuradoras. Además, es necesario no olvidar la imprescindible inversión en saneamiento y abastecimiento para cambiar al menos la mitad de las tuberías y evitar así las pérdidas de agua, que en el caso del saneamiento contaminan los acuíferos. Solo en las operaciones de conservación y mantenimiento de las infraestructuras del ciclo integral de agua se deberían invertir 3.000 millones de euro/año.
El Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia hubiera podido ser una buena herramienta para devolver al agua ese retraso inversor, pero la escasez de fondos dedicados a esta tarea, la demora en ejecutarlo y la opacidad que lo acompaña siembran la duda sobre su efectividad real.
Hacer lo sensato con base científica y técnica acompañándolo de las inversiones necesarias es lo justo y necesario. De nada sirven las discusiones si no terminan en acuerdos bien fundados y, por supuesto, ejecutados, lo que hasta ahora no ha sucedido con los planes hidrológicos de cuenca.
Antolín Aldonza es portavoz de la Junta Directiva de Asagua
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