Los retos fiscales de la presidencia española en el Consejo de la UE
España nunca ha sido buena en practicar el lobby en Europa. Ahora tendremos un escaparate, ¿sabremos aprovecharlo?
En julio España asumirá la presidencia del Consejo. No estamos en la mejor coyuntura política para una presidencia que exige mucha coordinación entre Bruselas y España. El alto nivel de los funcionarios destacados en Bruselas hará que no peligren los objetivos fiscales que se pretenden adoptar, que no son pocos, pero se requerirá una pronta y eficaz respuesta por parte del Gobierno electo, lo cual parece complicado.
Durante este semestre deberían aprobarse una batería de propuestas que están pendientes y el prestigio del poder de negociación de España será evaluado. Hay presidencias que pasan al olvido por no haberse impulsado apenas nada, y otras que son recordadas por aprobarse una serie de importantes propuestas fiscales que estaban abocadas al ostracismo. Las expectativas generadas son elevadas, debido a la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y la necesidad de que ciertas propuestas sean aprobadas con anterioridad.
En relación al impuesto sobre sociedades nos encontramos inmersos desde hace unos años en un debate a nivel global. La UE ha hecho suyas las propuestas presentadas por el G20/OCDE y ha presentado otras propias. Antes de finalizar 2023 se requerirá a todos los Estados la trasposición y publicación de la normativa interna de la Directiva (UE) 2022/2523, que establece una serie de métodos para la fijación de un nivel efectivo de tributación mínimo del 15% aplicable a grupos multinacionales que operan en la UE. Esta directiva parte de una iniciativa del G20/OCDE (Pilar 2), y que por tanto pretende aplicarse a nivel global, pero en la directiva se tienen en cuenta especificidades del mercado interior.
Otra iniciativa del G20/OCDE (Pilar 1), bastante más problemática y que tiene menos consenso que la anterior, es la relativa a la reasignación de los derechos impositivos en las operaciones llevadas a cabo entre multinacionales dentro y fuera de la UE. La Comisión publicará en breve los avances en relación a este asunto con el objetivo de continuar el debate en el seno del Consejo en caso de ausencia de acuerdo a nivel global.
En el último semestre de 2023 se pretende aprobar una propuesta que establece un marco común para calcular la base imponible de las empresas de forma igualitaria en todos los Estados de la UE (algo sobre lo que la Comisión lleva luchando desde hace décadas desde diferentes formatos), conocida por su acrónimo Befit. Como experta del Parlamento Europeo, he tenido el honor de llevar a cabo un estudio económico detallado sobre esta iniciativa, su ventajas/desventajas y los beneficios esperados. Entre otros, se reducirían los trámites burocráticos, la resolución de conflictos sería más ágil, se fomentaría la inversión transfronteriza y también se ayudaría a las pymes a tener una mayor proyección internacional, lo que, por ahora y debido a los costes, les resulta muy complicado. Se tratará de buscar una postura común en relación con la propuesta de directiva conocida por su acrónimo Debra, la cual establece normas para equilibrar, en la financiación de los grupos, el uso del capital (vía incremento de capital), respecto al uso de deuda (vía préstamo) y se limitará la deducibilidad de los intereses a efectos del impuesto sobre sociedades.
Se intentará también encontrar consenso sobre la propuesta presentada este año 2023 por la Comisión para imposibilitar que los asesores o intermediarios diseñen, comercialicen y/o ayuden a crear esquemas de evasión fiscal o planificación fiscal agresiva en países no pertenecientes a la UE en detrimento de los ingresos tributarios de los Estados miembros. La propuesta Safe tiene por objeto complementar otra propuesta de directiva (Atad3) en la que se pretende denegar los incentivos o beneficios fiscales a aquellas empresas conductoras consideradas ficticias, al tener nula o escasa actividad y carecer de personal, las cuales son utilizadas con fines fraudulentos.
En materia de cooperación administrativa, se intentará aprobar la modificación de la directiva DAC8, relativa al intercambio automático de información sobre criptoactivos y el dinero electrónico.
Igualmente importantes son las propuestas que integran el paquete de IVA en la era digital, las cuales intentan reforzar el intercambio de información en tiempo real de operaciones transfronterizas para reducir el fraude fiscal. Se pretende extender el uso de la ventanilla única para operaciones que todavía no quedan cubiertas. Además, se estudiarán modificaciones en la actual directiva del IVA que son necesarias y el establecimiento de un mecanismo de resolución de conflictos ya existente en materia de impuesto sobre sociedades. Sin duda un reto innegable para España será el seguir negociando por llegar a un acuerdo de cooperación en materia de IVA entre Reino Unido (y sus territorios, i.e. Gibraltar) y la UE.
No menos importante es la fiscalidad verde donde tenemos que subrayar la propuesta de la modificación de la directiva del régimen común de la fiscalidad de la energía, con el objetivo de alinear la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad con las políticas de energía, medio ambiente y clima de la UE, racionalizando el uso de exenciones y reducciones fiscales por parte de los Estados miembros. El 28 de marzo de 2023 el Consejo aprobó una serie de medidas de enorme importancia, un impuesto de plásticos común (que España tiene, pero gravado a un tipo más bajo que lo que pretende la UE), impuestos al queroseno y sobre todo gravar el carbono en frontera, clave para evitar que las empresas de terceros Estados operen en la UE en condiciones más favorables que las situadas en la UE sometidas a una estricta legislación medioambiental.
No podemos olvidar el debate sobre qué nuevos impuestos (tasa Google/tasa Tobin) van a ser recaudados para nutrir los recursos propios de la Comisión y, por tanto, no podrán ser recaudados por los Estados para su propio presupuesto.
Los retos son sin duda considerables. España nunca ha sido fuerte en la práctica del lobby (bien entendido) en las instituciones europeas en comparación con otros Estados de la UE, que llevan años defendiendo sus intereses en la UE y reforzando su presencia e influencia en las políticas de la UE. La influencia real de España en las instituciones europeas esta muy alejada de su potencial. Ahora tenemos un escaparate único durante seis meses, ¿sabremos aprovecharlo como un Estado unido o nos perderemos en debates/luchas poco constructivas de política interna?
Patricia Lampreave Márquez es abogada y experta fiscal del Parlamento Europeo
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