Una bomba reputacional para la banca
El funcionamiento de las tarjetas ‘revolving’ explica que se hayan convertido en un instrumento de pago polémico y que hayan acumulado ya una alta tasa de conflictividad
La notable judicialización que se ha generado en los últimos años en torno a las tarjetas de crédito revolving amenaza con sentar las bases de un nuevo conflicto de riesgo reputacional para la banca. Es cierto que el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre estos créditos, hecho público el pasado febrero, ha supuesto un respaldo para el sector financiero, al establecer que un crédito revolving solo puede considerarse abusivo si supera en seis puntos porcentuales la media del precio de mercado de este producto, una condición que respetan la mayor parte de las entidades bancarias.
Sin embargo, las demandas judiciales en las que se cuestiona no el tipo de interés, sino la transparencia del contrato, han comenzado a llegar a los juzgados y a generar las primeras sentencias de nulidad, basadas en la escasa claridad de estos productos para muchos clientes. Se trata de una vía que los despachos de abogados especializados en este tipo de litigios consideran más factible para obtener un respaldo judicial.
El funcionamiento de las tarjetas revolving difiere sustancialmente del de los créditos comunes, lo que explica que se hayan convertido en un instrumento de pago polémico y que hayan acumulado ya una alta tasa de conflictividad. La tarjeta permite aplazar y fraccionar los pagos de las compras, pero en lugar de pasar el cobro a mes vencido, como sucede con una tarjeta de crédito tradicional, el abono se realiza en cuotas mensuales, las cuales generan intereses, generalmente altos, que rondan y superan el 20%, todo lo cual dificulta que el cliente pueda prever fácilmente la cuota que deberá abonar.
Los datos que maneja el Banco de España apuntan a un volumen de reclamaciones que, en caso de ser respaldado, puede salir muy caro a la banca tanto en términos financieros, como de imagen reputacional y confianza. Según las estadísticas del supervisor, las quejas se han multiplicado por 50 en los últimos años, al pasar de 204 en 2018 a 10.132 en 2022. La banca acumula un saldo vivo de 11.354 millones de euros en crédito revolving a cierre de febrero, lo que constituye una bomba de relojería que puede o no activarse en función del signo con el que se resuelvan las demandas en curso.
Más allá de que haya demandas que finalmente no se ajusten a derecho, son varios los pronunciamientos judiciales que confirman que se trata de un producto cuya complejidad contractual supera la media. En un mercado en el que se prima la transparencia y la protección al cliente, y dada la experiencia y las cicatrices acumuladas en anteriores batallas, la banca haría bien en buscar una solución efectiva que permita desjudicializar el conflicto y mejorar la confianza.
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