¿Qué tienen en común CaixaBank, Ferrovial y la ‘ley del solo sí es sí’?
Sánchez aguanta a Podemos, soporta que el banco participado por el Estado le lleve a los tribunales y señala a los empresarios por pragmatismo electoral
La próxima semana se cumple el tercer aniversario del inicio del confinamiento para frenar la expansión del coronavirus. Entonces, Pedro Sánchez metió a todos los españoles en casa sin rechistar con tan solo una alocución televisiva. Hoy, es un presidente al frente de una coalición de Gobierno herida de muerte por fuego amigo y que se arrastra por el barro con el único objetivo de llegar vivos a las elecciones generales de diciembre.
El autor de Manual de Resistencia ha demostrado que tiene una enorme capacidad de resiliencia y determinación. Pero todos estos tópicos de libro de autoayuda pueden acabar perdiendo su significado y convirtiéndose en un boomerang. En mecánica, la resistencia es esa fuerza que dificulta el movimiento de una máquina, que disminuye su utilidad.
La coalición de Gobierno ha llegado a un punto de resistencia que se ha convertido en inútil. Así se evidenció el martes, cuando el PSOE tuvo que sacar adelante su proposición para corregir la ley del solo sí es sí, que ha excarcelado ya a casi 80 violadores, con el apoyo de su opositor (PP) y el empecinamiento de Podemos en sostenella pese al desastre.
Un día antes del debate parlamentario, CaixaBank hizo saber que recurrirá el impuesto extraordinario que los bancos van a tener que soportar durante dos años por decisión del Gobierno, que busca recaudar 3.000 millones de euros, de los que algo más de 800 millones salen de CaixaBank. Los argumentos del recurso son que dicho impuesto es confiscatorio, discriminatorio y distorsiona la competencia en la zona euro.
Este recurso no tendría nada de extraordinario si no fuera porque el Estado español, gobernado por Pedro Sánchez, es el segundo accionista de CaixaBank, con un 16% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob); el primero es la Fundación La Caixa con un 30%. Menudo papelón para la aragonesa Teresa Santero Quintillá, consejera de CaixaBank en representación del Frob, quizás pudo ausentarse del consejo, alegando conflicto de interés.
Pese a estas duras acusaciones, el presidente Sánchez no ha dicho ni palabra, ni sus representadas en el FROB, las otrora dicharacheras ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, que cuentan con cinco asientos en la Comisión Rectora del Frob, y son las autoras fácticas de la Ley 38/2022 que impuso el gravamen a bancos, eléctricas y grandes fortunas. Los mismos que reclaman al sector bancario para que “arrime el hombro”, callan cuando llevan a los tribunales la norma que ejecuta esa ayuda bajo la acusación de confiscar, discriminar y distorsionar.
CaixaBank ha hecho lo que tenía que hacer. Plegarse a los intereses del Gobierno, porque tiene los derechos políticos del 16% del capital, hubiera sido un mensaje letal para la cotización de sus acciones, puesto que sería tanto como comportarse como una empresa más de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI.
Esa ley de gravámenes temporales se publicó en el BOE el día de los Santos Inocentes, pero nació el 12 de julio del año pasado, en el debate sobre el Estado de la Nación. Pedro Sánchez lanzó un discurso que es hijo legítimo de la derrota, por mayoría absoluta del PP, en las elecciones autonómicas andaluzas de quince días antes. Aquel día, el líder del PSOE pegó un giro a la izquierda anunciando nuevos impuestos, señalando a dos sectores y a los riquísimos. Después arrancó el curso en septiembre con una reunión con la “ciudadanía” que resultó una pantomima en lugar de las anteriores convocatorias con el mundo empresarial, el Ibex, que venía realizando en Casa América.
Los mismos empresarios a los que había elogiado por su apoyo durante la pandemia, se habían convertido en apestados, en los poderes ocultos que mueven los medios de comunicación y el mundo empresarial, en general, adoptando así el viejo lenguaje de Pablo Iglesias. En el primer debate en el Senado entre los dos líderes políticos, el 6 de septiembre pasado, Pedro Sánchez dijo a Alberto Núñez Feijóo que “quien le puso ahí (al frente del PP) fueron las grandes energéticas, las grandes corporaciones de este país”.
El enfrentamiento entre el presidente y el líder de la oposición se ha ido agriando desde aquel debate en el Senado. Sánchez quiere convencer a los demás de que Feijóo es insolvente y este de que el presidente es un rompepatrias, amigo de los independentistas. En el PSOE están convencidos de que la estrategia les ha funcionado, que el subidón del PP en intención de voto se ha frenado, y, por eso, el 17 de enero pasado Pedro Sánchez convoca en Davos a los líderes de empresas españolas que habían acudido a este foro económico que anualmente se reúne en la pequeña localidad suiza.
Puro espejismo. El 28 de febrero, Ferrovial anunciaba por la tarde su intención de trasladar su sede social a los Países Bajos. En el Gobierno “no se enteraron bien” hasta media mañana del día siguiente. Alguien en el Palacio de la Moncloa debió recordar la foto de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con Alberto Núñez Feijóo en el foro del diario ABC del 10 de enero pasado y dio instrucciones de salir en tromba contra la empresa y su principal accionista y revivir los poderes ocultos. La contención inicial de la ministra de Hacienda, la del ramo, asegurando que “no hay ningún riesgo de que la inversión que está en España se vaya y, por tanto, tributará en el país”, resulta irreconocible.
Al margen de las motivaciones de Ferrovial y cómo las han explicado, lo obvio es que los Gobiernos tienen que facilitar que haya el mejor clima para que las empresas quieran invertir en el país, puesto que esto redundará en más crecimiento económico, empleo y recaudación. Pedro Sánchez puede mirar a sus homólogos de Alemania o Portugal, ambos socialistas, y comprobará que no practican ese señalamiento y ensañamiento con las empresas, pese a que también tienen unas perspectivas electorales menguantes. Ellos no han convertido a los empresarios en rehenes de sus expectativas, conscientes de que al caballo no se le mete a palos en la cuadra.
Pedro Sánchez necesita movilizar al votante de izquierda. Si la participación en las manifestaciones de este 8-M es un termómetro, la conclusión es clara: la proximidad de un cambio de Gobierno está cuajando; de ahí tanta histeria.
Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense
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