Bruselas simplifica los fondos de inversión con criterios sostenibles para evitar el ‘greenwashing’
La Comisión Europea diseña una nueva clasificación para estos productos para facilitar su comprensión a los pequeños inversores
La Comisión Europea ha puesto en marcha una revisión de los fondos de inversión que tienen en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) para sus decisiones de inversión. Cuatro años después de la puesta en marcha del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), ha propuesto acabar con el paraguas bajo el que se clasificaban hasta ahora los fondos de inversión sostenibles —los artículos 8 y 9—, y crear tres categorías diferenciadas: vehículos sostenibles, de transición y ESG básica.
El reglamento, clasificaba los fondos sostenibles en dos categorías: artículo 9, los más puros, y los artículo 8. El temor a posibles demandas por ecopostureo, o greenwashing, provocó que las gestoras de fondos pusieran en cuarentena estos vehículos y muchos de ellos pasaran a la categoría inferior. Por si no fuera poco, la apuesta de la Comisión Europea por elevar el gasto en defensa, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha despertado el interés de los inversores por empresas que hasta entonces eran excluidas de los fondos sostenibles, mientras que las grandes gestoras han ido abandonando sus compromisos contra el cambio climático y muchas han salido de la iniciativa Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), un grupo internacional de gestores de activos comprometidos con el objetivo de alcanzar emisiones de gases de efecto invernadero iguales a cero para 2050 o antes.
La Comisión Europea reconoce que el sistema de etiquetado utilizado con los fondos ESG “ha generado confusión —especialmente entre los inversores minoristas— e incrementando el riesgo de greenwashing y de venta indebida de productos. Como resultado, el reglamento no ha cumplido plenamente sus objetivos de ayudar al sector financiero de la UE a asignar capital a las prioridades sostenibles de Europa". De ahí que este miércoles haya propuesto una revisión que, por un lado, busca simplificar el papeleo al sector financiero y, por otro lado, impulsar la contratación de estos vehículos por parte de los inversores minoristas.
Para la creación de las nuevas categorías, la Comisión destaca que se ha recurrido a las prácticas de mercado existentes y que están pensadas para simplificar la toma de decisiones de los pequeños inversores. Así, en la categoría sostenible, la más pura, estarán vehículos que contribuyan a objetivos de sostenibilidad, como el clima, el medio ambiente o metas sociales, y que inviertan en empresas o proyectos con altos estándares de sostenibilidad. La segunda categoría, la de transición, está pensada para aquellos fondos que canalizan inversiones hacia empresas o proyectos que buscan el cambio hacia prácticas más sostenibles. Y la última, denominada ESG básica, está planteada para vehículos que no cumplen criterios de inversión sostenible o de transición, pero que integran factores de sostenibilidad.
Todos los fondos de inversión que se inscriban en una de estas categorías deberán tener el 70% de su cartera en activos que cumplan las características de cada etiqueta y descartar las inversiones en empresas que violen derechos humanos, tabaqueras, fabricantes de armas prohibidas o combustibles fósiles por encima de cierto límite. Con ello, la Comisión Europea busca alinear el reglamento de finanzas sostenibles a la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU), dentro de la que se enmarca la etiqueta europea de inversiones.
“Lo más importante es que las categorías son más simples, claras y menos dependientes de datos que los conceptos actuales del SFDR”, reconoce la Comisión Europea, que añade además que solo podrán incorporar el término ESG en su nombre los fondos de inversión aquellos que estén categorizados en la nueva clasificación.
El supervisor del mercado europeo, la ESMA, ha evaluado recientemente junto a los reguladores nacionales como la CNMV español, el cumplimiento de la normativa que regula las inversiones ESG en el sector de la gestión de activos, y ha dado un aprobado general. Con todo, ha advertido de puntos mejorables, tanto en la aplicación real de los riesgos de sostenibilidad en la gestión como en la información al cliente. Entre los principales puntos a mejorar, según destacó en octubre la CNMV está “el empleo de un lenguaje vago, demasiado general, así como la existencia de información incompleta o insuficiente”.
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