Las asociaciones de jueces alertan de las luces y las sombras de la reforma judicial
En el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid se puso el foco en los cambios que afectarán al acceso a la carrera judicial y en el proceso de deslegitimación de la magistratura
Que los jueces ejercen sus funciones con independencia es algo que lo que hay consenso entre las cuatro asociaciones de la magistratura, aunque con matices. Algunas denuncian un exceso de ruido en torno a sus actuaciones y los casos mediáticos como el del fiscal general del Estado, el de la esposa del presidente del Gobierno y el de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no contribuyen a un debate sosegado. A este cóctel se suma la puesta en marcha de una serie de reformas que afectan directamente a la carrera judicial, a la acusación popular incluso de casos vivos, a la formación de los futuros jueces y a la financiación de las distintas asociaciones de la magistratura. Todos estos cambios tienen luces, pero también algunas sombras de peso.
Las dudas sobre el alcance y los efectos que pueden tener estas iniciativas legislativas quedaron patentes en el último Foro Justicia, el encuentro organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que congregó a representantes de las cuatro asociaciones judiciales. Allí se puso el foco en las novedades sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero también en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la independencia de los jueces y magistrados.
Sobre esto, el decano del ICAM Eugenio Ribón destacó en la apertura que la independencia judicial atañe a todos los ciudadanos y no solo a los operadores jurídicos, aunque la abogacía no está al margen. “Sin jueces independientes no hay justicia real, al igual que sin abogados independientes y sin secreto profesional de la abogacía, tampoco hay democracia” y sostuvo que los magistrados deben ejercer sus funciones sin presiones políticas ni económicas.
Al entrar en la valoración por parte de las asociaciones, la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pilar Astray, sostuvo de manera tajante que las reformas son una amenaza para las actuaciones de los jueces, sin embargo, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) destacó un proceso de deslegitimación a nivel global, pero que en España se ha traducido en un señalamiento a jueces que ha mermado la confianza de la ciudadanía. “Ha habido Poderes del Estado que han criticado no solo las resoluciones, sino a las personas que las redactan” y a ello, se ha sumado un “proceso legislativo objetivo que intenta socavar la independencia judicial”.
Esta tesis fue rechazada por Benjamín Sánchez Fernández, representante de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD). “En España no hay problemas de independencia del Poder Judicial, no somos ni Hungría ni Polonia, pero hay mucho ruido”. Pero para Foro Judicial Independiente (FJI) sí hay un problema. Para su portavoz, Roberto García Ceniceros, la independencia judicial va más allá de que los jueces y magistrados trabajen mucho y bien. “Supone que no exista ningún tipo de injerencia por parte de otros poderes” pero también hizo autocrítica: “Tendremos que hacer un examen de conciencia por miembros de la carrera que asumimos como normales ciertos pronunciamientos”, reflexionó.
Propuestas legislativas
Sobre el anteproyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en términos generales incluye cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal, crea un sistema de becas y modifica tanto los exámenes para ser juez como el sistema de asignación de plazas, además de algunas restricciones tanto a la financiación de las asociaciones judiciales como a los magistrados que se pronuncien sobre determinados asuntos, la representante de la APM expresó su total rechazo porque supone un “aumento injerencia política”, por ejemplo, en la designación de los miembros de los comités de ética judicial, que a su juicio deberían nombrar sus pares al no ser un órgano representativo, sino interno. También criticó que la futura ley abra la puerta a que las Cortes designen a cuatro de sus miembros, algo que ahora no ocurre.
Considera que no están justificados los cambios en las pruebas de acceso al a judicatura. “Tampoco se justifica la reforma del cuarto turno, a no ser que queramos disminuir el nivel”, subrayó. También expresó su desconcierto por que en las salas de Gobierno se reduzca el mandato de los miembros electos “y no de los natos”, que se mantienen en un periodo de cinco años. “La APM no se opone a un sistema de becas ni que se graben los exámenes, pero la ley orgánica se hace por otra cosa”, advirtió Pilar Astray.
Por su parte, el representante de los vitorinos cuestionó que el Poder Judicial esté anquilosado en el pasado: el 57% son mujeres y la mayoría de los jueces eran niños cuando terminó el franquismo y actualmente existen garantías para que las personas de cualquier origen social accedan a la carrera judicial mediante su esfuerzo individual. “Es erróneo criticar blanco o negro si queremos ser creíbles. El anteproyecto tiene luces, pero las sombras son de enorme calado”, advirtió. Y señaló que nadie puede oponerse a la mejor de un sistema de becas.
Sobre la prohibición a que la asociaciones de jueces reciban financiación, recalcó que están obligadas legalmente a rendir cuentas de nuestros gastos e ingresos ante el CGPJ cada año. “¿Por qué creen que vamos a ser menos independientes por recibir financiación de un banco para gastar en cursos de formación? El porqué es sembrar esa duda en la ciudadanía”, insistió. Pero señaló que hay que esperar cómo queda el anteproyecto de ley, aunque se mostró preocupado.
“El legislador miente o, como mínimo, se equivoca”, expresó Roberto García, que calificó como una “ignorancia inexcusable” sostener que la formación de la jueces es memorística. El representante de FJI destacó que actualmente la carrera judicial “se conjuga en femenino” gracias a las oposiciones libres y alertó de los alcances que tiene el proceso de estabilización de los jueces sustitutos y la flexibilización del acceso a través del cuarto turno, que es como se conoce al nombramiento como magistrado de juristas reconocidos con más de diez años de ejercicio profesional, es decir, no por oposición.
Aunque alabó el sistema de becas, cuestionó que se gestionen desde el centro de estudios que dependerá del Ministerio de Justicia. “Parece un intento claro de intentar inmiscuirse en la conformación de la carrera judicial”.
El portavoz de JJpD se mostró crítico con estos cuestionamientos y exigió más rigor. “Habrá que esperar la tramitación y si se llega a aprobar porque es un anteproyecto”. También puso el foco en el posicionamiento de algunos magistrados y aludió a un discurso del Luis María Díez-Picazo: “La separación entre Administración de Justicia y política no exige solo que el poder político no interfiera en la función judicial, sino también que el juez asuma que no es un actor político y se comporte en consecuencia”.
Al recalcar Benjamín Sánchez que las restricciones en la financiación privada de las asociaciones están directamente vinculadas con la percepción de independencia de los jueces y a una mayor transparencia, Sergio Oliva apoyó esta afirmación y destacó que “hay que ser transparente con toda la financiación, la pública y la privada”.
“Espacios de impunidad”
Las restricciones a la acusación popular también fueron criticadas por todas las asociaciones, aunque en diferente grado. Pilar Astray considera que “la hace tan dificultosa y sometida a tanta fiscalización, que no se respeta el artículo 125 de la Constitución. Se exige un interés relevante concreto, que es en sí una traba”. En esto coincide con Sergio Oliva, que cree que se la vacía de contenido y recordó que el hecho de que en una disposición transitoria se indique que se aplicará procedimientos vivos, como jurista le hace pensar que “está diseñada para casos particulares y concretos”.
Para Foro Judicial Independiente, la limitación de la acusación popular es grave porque “se están generando espacios de impunidad”, especialmente en delitos que actúan contra un interés público, “ergo, delitos que pueden ser cometidos por la clase política”. “Ahora es el momento de que los jueces hablemos de los proyectos legislativos, no cuando están en el BOE y los tengamos que aplicar”, concluyó Roberto García.
Por su parte, Benjamín Sánchez considera que se ha reflexionado poco sobre la utilidad social de la acusación popular y considera que este no es el momento para abordarlo, dado que está pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y sobre que el hecho de que se regule en una disposición transitoria su aplicación a los procedimientos en vigor, se preguntó: “¿Un derecho transitorio es conforme a la Constitución cuando sustrae derechos fundamentales consumados? En nuestra opinión, no”.
Polémica por el fiscal general
Al finalizar el foro, se levantó cierta polémica. Cuando pidieron al representante de JJpD una opinión sobre la situación del fiscal general del Estado, Benjamín Sánchez respondió: “No hablo de política”, aunque posteriormente aclaró que pensaba que le preguntaban por su dimisión.
Sobre esto, el portavoz vitorino expresó que “cuando tienes la condición de fiscal general del Estado y haces determinadas manifestaciones procesales que ponen en duda todo el sistema, no queda más alternativa que presentar la dimisión”. Aunque evitó pronunciarse sobre la renuncia, Roberto García explicó que, por el principio de jerarquía, resulta difícil saber cómo debe actuar el fiscal de este caso porque “la persona investigada es su superior jerárquico” y avanzó: “Ojalá pudiésemos tener un ministerio fiscal realmente independiente y autónomo”.