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A colación del derecho y las libertades

Necesitamos un derecho con perspectiva liberal que no suponga una injerencia más allá de la estrictamente necesaria para establecer unas necesidades básicas

Justicia
Agencia Getty

A estas alturas, podríamos decir que es en cierto modo evidente que, por un lado, la sofisticación de las relaciones humanas, empresariales y entre jurisdicciones así como de la tecnología, los modos de hacer negocios o los estilos de gestión, tanto pública como empresarial, ha alcanzado unas cotas poco imaginables allá por el siglo XIX o incluso primera parte del XX, cuando surgen y se desarrollan (al menos en sus formulaciones que más se utilizan hoy por hoy) gran parte de las teorías filosóficas liberales, socialistas y socialdemócratas, y se empiezan a instaurar las democracias liberales occidentales hoy ya supuestamente consolidadas.

Por otro lado, dicha sofisticación ha hecho necesaria una regulación jurídica de tamaño y complejidad mastodónticas a todos los niveles (local, nacional y supranacional) y que por supuesto dicha regulación tiene un sustento lógico en tanto en cuanto es necesario establecer normas para hacer viable toda aquella sofisticación, al tiempo que para salvaguardar los derechos de los individuos, de las entidades de toda índole y de los territorios esencialmente.

No obstante, es posible que en todo este afán regulatorio podamos perder la perspectiva y la esencia, a mi juicio, de lo que debieran ser unos ordenamientos jurídicos que, sin dejar de proteger y para ello regular los derechos y libertades civiles, e incluso establecer unos baremos mínimos de igualdad y acceso a oportunidades de todos los ciudadanos, no intervengan de modo letal precisamente en los derechos y libertades.

Es decir, necesitamos un derecho con perspectiva liberal, ya sea más liberal en el sentido puro del término desde su concepción de teoría económica como en el sentido más referente al individuo y su libertad, como incluso más o menos socialdemócrata. Según el gusto de cada cual, pero que no suponga una injerencia más allá de la estrictamente necesaria para establecer unas reglas del juego equilibradas y garantistas de los mínimos derechos, libertades y necesidades básicas, sin interferir en el libre desarrollo de los ciudadanos, de las entidades e instituciones privadas, y, por tanto, en la evolución y el progreso real de una sociedad realmente libre.

La relevancia que el Derecho (con mayúsculas) tiene en esta labor es tan obvia como necesaria e imprescindible desde el principio de los tiempos, puesto que es el Derecho el instrumento que articula todas y cada una de esas relaciones e interacciones entre los individuos, entre éstos y las entidades privadas de cualquier índole y entre todos ellos y las instituciones públicas. Decía el libro de Teoría del Derecho del Catedrático Luis Roldán que “las múltiples y diversas razones que fundamentan la sociabilidad humana, justifican también y en la misma medida el sometimiento del hombre a unas normas de conducta”. Se refería pues claramente al Derecho.

El Derecho establece todo ese marco relacional plasmando en leyes y normas de distinta índole y jerarquía legal que rigen nuestras sociedades a todos los niveles, y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la sacrosanta independencia entre ellos, tienen en esto un papel protagonista.

Son esos poderes y el correcto y cabal ejercicio de los mismos con transparencia e independencia lo que determina que el Derecho sea un Derecho represivo, excesivamente intervencionista al punto de entorpecer las mencionadas interacciones entre individuos, entidades privadas e instituciones públicas. O un Derecho liberal, que sin dejar de regular aquello estrictamente necesario para el correcto y mínimamente ordenado desarrollo de dichas relaciones, permita la fluidez de estas mismas, en aras de la libertad individual, la igualdad y el progreso económico que, ineludiblemente, se generan cuando una sociedad democrática y sus ciudadanos permanecen libres, pudiendo desarrollarse plenamente en la consecución de sus respectivos y legítimos objetivos. No hay más que mirar a algunas de las jurisdicciones a nivel internacional para observar la evidencia, en mi opinión, de esa afirmación.

Traigo todo esto a colación, y me erijo (aunque humilde mercantilista) en filósofo jurídico de medio pelo ad hoc, por un lado, por las últimas propuestas que protagonizan el debate público sobre un supuesto establecimiento de “reglas de juego” para el ejercicio de profesiones como el periodismo, por ejemplo, de la libertad de prensa así como por la humilde apreciación de ciertas disfunciones que se observan en cuanto a la independencia de los tres poderes antes referidos. Lo que no obsta, por cierto, a que, como he dicho, deban regularse ciertos ámbitos necesariamente para que en aras a la transparencia y la honestidad públicas, se eviten situaciones de turbio perfil en el ejercicio de alguno o varios de los mencionados poderes.

Es decir, traigo todo esto a colación de la necesidad como sociedad de abogar por un Derecho liberal (en el sentido más amplio) y una apuesta al mismo tiempo, sin embargo, por la ética y la estética (códigos éticos para el poder ejecutivo, así como regulación de conflictos de interés o independencia en la elección de miembros de órganos de gobierno mediante).

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