Abogados que explican el derecho con las manos a personas sordas
La discapacidad auditiva puede ser un hándicap ante un juez. Un pequeño grupo de abogados en España asesora a este colectivo
Más de 1.200.000 personas sufren algún tipo de discapacidad auditiva en España, según los datos del INE. Y en torno a 27.000 personas utilizan en su día a día la lengua de signos, es decir, son signantes. Las organizaciones especializadas insisten en huir de conclusiones universales sobre las personas sordas, un saco que diluye al individuo y esconde las peculiaridades de cada situación (por ejemplo, no todos los sordos saben signar, ni todos tienen la necesidad de hacerlo).
No obstante, es indudable que, para parte de este colectivo, abordar trámites como un juicio, una detención, presentar la declaración de la renta o lidiar con un divorcio puede ser una auténtica carrera de obstáculos. La razón: apenas hay jueces, funcionarios o abogados que utilicen la lengua de signos en España. Y conseguir un especialista que les asesore legamente en estos escenarios puede convertirse en una quimera.
Cinco Días ha contactado con tres de los poquísimos abogados en España que pueden explicar las leyes con las manos. Son especialistas en el asesoramiento de personas sordas y con discapacidad auditiva. Coinciden en que la falta de intérpretes y la escasa formación de los funcionarios dificulta la misión de blindar la igualdad de armas en los procesos judiciales. Estas son sus impresiones.
Faltan intérpretes
Gema Gil (Madrid, 1968) aprendió lengua de signos tras inscribir a su hijo oyente en un colegio para personas sordas. “Al principio era sólo un entretenimiento, pero luego me di cuenta de que necesitaba saber más, porque los padres empezaron a consultarme sobre temas legales”, cuenta la abogada.
En la actualidad, esta letrada forma parte, junto a dos compañeros, del estudio Abogados para Sordos, uno de los escasos bufetes en España enfocados en exclusiva en la gestión y el asesoramiento de personas sordas y con discapacidad auditiva.
Gil lamenta que en los juzgados y tribunales madrileños no haya intérpretes suficientes. En su opinión, “no hay muchos que tengan conocimiento del lenguaje jurídico o que sepan explicar ciertos términos o acciones legales”.
Los que hay por imperativo legal no siempre están disponibles. Si una persona sorda es detenida y trasladada a una comisaría, es probable que pasen varias horas hasta que consiga un intérprete. Especialmente, señala la abogada madrileña, si la detención ocurre un viernes por la tarde o en un pueblo. La ecuación se complica si le sumamos la falta de formación de los funcionarios, que pueden creer que los detenidos se niegan a hablar o a colaborar; o que, simplemente, son extranjeros que no hablan español.
Con la ley en la mano, las personas sordas deben tener a su disposición un intérprete jurado gratuito en cualquier ventanilla pública. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Los retrasos y los aplazamientos de vista están a la orden del día. “En las demandas remarco que mi cliente es sordo, aunque no tengo por qué. Así evito que llegue el día de la vista y no haya intérprete, cosa que me ha pasado muchas veces”, señala Gil, imprevistos que pueden derivar en retrasos de hasta cuatro meses en la causa.
Si el juzgado no lo proporciona, ¿puede un abogado hacer las veces de intérprete ante un juez? La respuesta es que no. La ley lo prohíbe de forma expresa. Las declaraciones pueden estar viciadas de raíz si pasan por el filtro de un tercero que puede ser parcial. Por eso es tan importante, remarcan los juristas, que el sistema de intérpretes funcione con fluidez.
Más formación
Hace diez años que la abogada María Marín (Zaragoza, 1979) atiende en su despacho a personas sordas y con discapacidad auditiva. Su despacho, PGM Abogados, sito en Zaragoza, consiguió un convenio de asesoramiento jurídico con la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), para ayudar a personas no oyentes en apuros legales. Al principio de esta aventura, Marín desconocía la lengua de signos. Pronto notó que la presencia del intérprete en la consulta era un elemento extraño. “Había cuestiones que, por desconfianza o por vergüenza, los clientes no querían compartir con un tercero”. Al fin y al cabo, es una comunidad pequeña y todos se conocen. Puede pasar que, en un divorcio, el mismo intérprete asista a una parte por la mañana, y a la contraria por la tarde.
Para disipar recelos, Marín estudió lengua de signos. En la actualidad, junto con otra compañera, atienden directamente a las personas sordas y con discapacidad auditiva sin intérpretes. “Ahora tenemos un trato más directo y cercano”, remarca esta abogada, quien reclama mayor concienciación en las oficinas públicas y “que haya al menos un funcionario en juzgados y comisarias que tenga nociones básicas de lengua de signos”.
“No es tan difícil aprender lengua de signos en un nivel básico”, asegura Marín. “En los juzgados no se habla lengua de signos y la auditiva es una discapacidad invisible. Cuando se detiene a una persona sorda, muchas veces se les obliga a escribir o a leer, pero muchos no pueden, porque su forma de comunicación es completamente distinta”. Al menos un funcionario en juzgados y comisarias debería tener nociones básicas de lengua de signos"
El área jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas confirma el desconocimiento de los protocolos por parte de algunas administraciones. “En muchos juzgados desconocen los procedimientos a seguir para contar con estas y estos profesionales cuando una de las partes es una persona sorda”. Un malentendido que deriva a que “en ocasiones, cuando llega el día del juicio, no cuenten con la figura profesional pertinente”.
Jerga legal
Circunstancias personales llevaron a Francisco Sánchez (Elche, 1973) a aprender la lengua de signos. Su hija mayor tiene cofosis bilateral con pérdida casi total de la audición, lo que le acercó a la comunidad sorda y al colectivo signante. Al correrse la voz de su condición de abogado, las peticiones de ayuda comenzaron a lloverle.
“A raíz de la niña contactamos con mucha gente. Tenemos amistades entre sordos y muchos nos trasladaban sus problemas del día”. Hoy se define como un abogado que huye “del tópico del traje y la corbata”, porque así “se gana cercanía”.
Para el jurista, una de las mayores dificultades estriba en convertir en lengua de signos un vocabulario tan técnico e inabarcable como el jurídico (y, además, hacerlo de forma sencilla). “La lengua de signos es limitada y muchos términos jurídicos que no tienen equivalente”, explica. Hay trucos. Sánchez utiliza comparaciones. Por ejemplo, traza un camino de asociaciones hasta dar con gestos que sean conocidos por el cliente.
Lejos de la igualdad de armas
Blindaje. La lengua de signos –cuyo día internacional se celebra este 23 de septiembre– recibe en España el tratamiento de lengua cooficial desde 2007, como el catalán, el euskera, el gallego o el aranés, en sus variantes española y catalana. La principal consecuencia es que la administración tiene la obligación de proveer un intérprete de signos gratuito e inmediato a cualquier ciudadano que acuda a una ventanilla pública y lo precise.
Diferencias. Pese al blindaje estatal, hay una brecha de recursos. “La disponibilidad de interpretación en lengua de signos varía mucho de unas comunidades autónomas a otras”, confirman fuentes del área jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas. De esta realidad dan su versión los letrados consultados: Maria Marín, abogada en Zaragoza, opina que los medios en Aragón son muy buenos (“siempre que llamamos al intérprete viene”, asegura); Gema Gil, letrada en Madrid, afirma en cambio que los retrasos y los aplazamientos de vistas no son infrecuentes en la comunidad.
Medios. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas advierte de las dificultades que enfrentan en sus trámites las personas sordas con prótesis auditivas y que comunican en lengua oral. Denuncian que muchos juzgados no cuentan con herramientas para asistir a este colectivo, como el subtitulado en directo o el bucle magnético (un mecanismo que ayuda a las personas con prótesis a escuchar mejor). Esta falta de medios, apuntan, les impide “acceder a la información” en igualdad de condiciones, y, en consecuencia, “tener un proceso justo”.