Pilar Llop: “Con la reforma concursal estamos haciendo una intervención sanitaria en los concursos”

La ministra de Justicia habla de la reforma concursal y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial

La ministra de Justicia, Pilar Llop.Juan Lázaro

A punto de iniciarse un nuevo curso judicial, y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el centro del huracán, la ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe en su despacho a Cinco Días y pone las cartas sobre la mesa. Entre los frentes abiertos, un asunto de fondo, la modernización y transformación del modelo judicial, que deberá mitigar problemas endémicos como la lentitud de la justicia. Llop apuesta por el consenso (una de las palabras que más repite) para elaborar legislación una transformadora como la recién aprobada reforma de la ley concursal.

R. ¿Qué aspectos de la reforma concursal cree que incidirán más en la mejora del sistema?

R. Lo que hacemos con la reforma concursal, que ha sido un texto muy trabajado y consensuado, es alinear a nuestro país con otros países que tienen otros sistemas concursales avanzados y evitar el forum shopping. Es una reforma muy estructural del sistema que agiliza y que da más garantías y mayor seguridad. Algo muy importante es que se actúa en procedimientos preventivos. Me gusta asimilarlo un poco a la sanidad: estamos haciendo como una especie de intervención sanitaria en el ámbito de los concursos y las insolvencias porque se actúa de manera preventiva. Permite que empresas que son viables no tengan que ir directamente a un procedimiento de insolvencia, liquidando todos sus bienes, con los desgastes que ello supone, incluso personales. Son procedimientos muy largos. También se ha creado un procedimiento especial para microempresas que permite, a través de unos formularios que se van a elaborar, que estas puedan agilizar los trámites y no tengan que ir directamente a esos procedimientos de insolvencia.

R. España es un país de microempresas, muchas de ellas en pérdidas por la crisis. ¿En qué estado de desarrollo se encuentran las herramientas tecnológicas necesarias para que estas puedan iniciar los procedimientos especiales de insolvencia regulados?

R. Llevamos desde diciembre de 2021 elaborando los formularios previstos. Todo indica que para el 1 de enero de 2023 estarán disponibles. Tiene que ser así porque nos lo marca la ley.

R. Finalmente se ha optado por intervención obligatoria de abogados y procuradores, que inicialmente quiso excluirse en esos procedimientos. ¿Cuáles han sido los motivos de la reticencia a contar con estos profesionales?

R. El compromiso que tiene el Ministerio de Justicia y que tengo yo misma como ministra con el colectivo de los abogados y procuradores es evidente. Acabo de llevar el anteproyecto de la ley del derecho de defensa al consejo de ministros en primera vuelta. Debemos tener en cuenta que estamos respondiendo a una directiva europea que intenta armonizar. Hay países que tienen unos procedimientos ágiles en los que no hay tanta intervención profesional en determinados supuestos. Pero si tenemos que poner en una balanza el ahorro de costes para los deudores por un lado y por otro las mayores garantías que les ofrece la intervención de los profesionales, evidentemente, la balanza se tiene que inclinar hacía las mayores garantías. Además, donde se había suscitado esta duda es en procesos con pequeños empresarios que no tienen por qué conocer todos estos trámites a veces muy pesados y burocráticos.

R. Con la nueva segunda oportunidad, los ciudadanos endeudados podrán empezar de cero conservando su vivienda habitual, pero Hacienda solo les perdonará 10.000 euros. ¿Cree que la directiva ampara la exoneración total de la deuda pública?

R. En realidad, son 10.000 euros por deudas a la Seguridad Social y 10.000 por deudas a Hacienda. Hemos hecho un esfuerzo inconmensurable porque se ha mejorado absolutamente la situación que teníamos con el texto refundido, que decía que no era exonerable. Es verdad que, en la práctica, algunos tribunales entendían que era una ley ultra vires. Y también creamos certeza y seguridad jurídica sabiendo que la respuesta de los tribunales va a ser la misma en todos los territorios. Hemos tenido en cuenta las necesidades de estas personas que buscan una segunda oportunidad. Pero también debemos tener en cuenta que España es una economía social. Creo que no se trata de decir que el crédito público es privilegiado, sino que tiene que ser protegido, porque el crédito público es de todos y de todas.

R. En los últimos meses se ha dado luz verde a iniciativas legislativas relacionadas con los derechos de la mujer, como la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Qué le diría a quienes no las creen necesarias?

R. Cada vez que en este país hemos hecho leyes que van destinadas a la protección y a la garantía de las libertades y derechos de quienes somos más de la mitad de la población, que somos las mujeres, hemos tenido resistencias y negacionismos. Esas resistencias y negacionismos vienen de largo. La ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del año 2004 tuvo más de 200 cuestiones y recursos de inconstitucionalidad; es la ley más constitucional de nuestra democracia. La ley que combate la trata con fines de explotación sexual, de la que ya se ha elaborado el borrador, o la proposición de ley abolicionista del grupo parlamentario socialista que hay ahora en trámite en el Congreso de los Diputados, también la ley de garantías de la libertad sexual y otras leyes, como la ley del aborto, pretende combatir estructuras machistas, patriarcales. Yo creo que es una cuestión, evidentemente, de negacionismos y resistencias a avanzar en los derechos y libertades de las mujeres. Me preocupa muchísimo los estereotipos machistas y  sexistas que siguen presentes, y que una y otra vez siguen perpetuándose en nuestra sociedad. Lo hemos visto este mismo verano con el tema de los pinchazos, por ejemplo, cómo se nos sigue expulsando de los espacios públicos a las mujeres generando miedo e inseguridad. Esa sumisión social que es absolutamente despreciable.

R. A unos días de la apertura del año judicial, se agudiza la tensión política por la renovación del Consejo General del Poder Judicial ¿Cuál es la hoja de ruta?

R. Esta situación ya ha dejado de ser preocupante y, para mí, ya es escandalosa. Es un poder del Estado que emana del pueblo. No se puede cortar ese cordón umbilical entre quien ejerce un poder y quien le otorga ese poder, que es la ciudadanía. No voy a cejar en dirigirme a los responsables de quien la ha provocado, que es, exclusivamente, el Partido Popular. Ellos tienen esa llave y no han querido en ningún momento renovar, ni con el anterior líder, el señor Casado, ni con el actual, el señor Feijóo. Tienen infinitas excusas. La única hoja de ruta es cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que insistir y reclamar permanentemente al señor Feijóo que ponga ya los nombres de sus candidatos sobre la mesa.

R. ¿Es el mejor sistema? ¿De qué forma habría que garantizar la independencia judicial?

R. Es que nuestros jueces son independientes. Hay que diferenciar lo que es la justicia de trinchera, la justicia jurisdiccional, quien pone sentencias todos los días, que son nuestros jueces independientes, nuestros 5.500 jueces y juezas independientes en nuestro país, y, luego, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces y las juezas, que es un órgano que tiene una naturaleza necesariamente política porque lo nombra el Congreso de los Diputados y el Senado. Y eso es así por el propio diseño institucional y las competencias que tiene atribuidas por la ley orgánica. Hace informes a los proyectos de ley del gobierno, por ejemplo. He conocido otros modelos de otros países europeos y no hay ningún modelo perfecto. El nuestro ha demostrado que su imperfección deriva de un solo motivo, que es la deslealtad de un grupo político con la Constitución.

R. Hace unos meses el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de amparo por el retraso de tres años para celebrar un juicio ¿Está trabajando el ministerio para garantizar que la justicia llegue a tiempo?

R. Efectivamente, cuando la justicia es lenta, deja de ser tan justa. El problema que tenemos en España deviene de un modelo de organización judicial, también provocado por el modelo procesal, por ejemplo en el ámbito penal, y unas deficiencias tecnológicas, que está absolutamente superado. Es como una especie de agujero negro que absorbe todos los recursos que le echemos. Por eso se han elaborado los proyectos de ley de eficiencia, tanto en el ámbito procesal como en el digital y organizativo, que espero que se aprueben en este periodo de sesiones. Estamos trabajando en cogobernanza, con un diálogo permanente, institucional, con lealtad entre las distintas administraciones que estamos involucradas y también con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado. Porque hay un consenso unánime sobre el diagnóstico y también sobre qué es lo que tenemos que hacer para transformar nuestra justicia. Lo que se hace con estas leyes es actuar sobre los tres componentes más importantes que afectan a esta situación de la justicia española que provoca esos retrasos y una insatisfacción a la hora de la resolución de los asuntos, no por el trabajo de quienes trabajan en la justicia, sino por cómo está organizada. La ley de eficiencia organizativa lo que hace es superar este modelo atomizado de un juez con un juzgado, equis funcionarios, y, al lado, otro juzgado en la misma circunscripción territorial. Tenemos que aprovechar también que tenemos recursos económicos: 410 millones de euros adicionales para la digitalización que ya se han repartido a todas las comunidades autónomas, tanto para este año 2022 como para el año 2023. Hasta el momento hemos celebrado casi un millón de diligencias virtuales, lo que ha redundado en cohesión social, en cohesión territorial y en protección de nuestro medio ambiente. Calculamos que hemos ahorrado hemos ahorrado aproximadamente 19 millones de euros en traslados y en 9.000 toneladas de emisiones de CO2, un equivalente a 1.382 vueltas al mundo.

R. ¿Cómo está trabajando el ministerio los datos de los que dispone para mejorar la gestión de la administración de la justicia?

R. Uno de los grandes proyectos también que tenemos dentro del ámbito digital de Justicia es el de Justicia orientada al dato. También lo tenemos bastante avanzado. Estamos trabajando en la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal, que son siete actualmente. Por fin hemos conseguido algo que llevamos muchos años esperando. Nosotros nos encargamos de los nodos de interoperabilidad. En el ministerio estamos poniendo los recursos económicos para permitir que los sistemas de las comunidades autónomas sean traducibles y puedan hablarse entre ellos. Con respeto absoluto a los gobiernos autónomos, que son quienes deciden qué tipo de sistema de gestión procesal quieren utilizar. Por otro lado, los datos van a ser fundamentales. En la última conferencia sectorial que celebramos en Toledo estuvimos hablando de este tema y llegamos a aprobar un documento, El manifiesto del dato. Todas las comunidades autónomas están en esta misma línea, porque sabemos que con los datos es con lo que podemos luego hacer políticas públicas sabiendo dónde tienen que ir los recursos económicos, que es algo que a mí me preocupa mucho.

R. La abogacía ha pedido que se incluya la enfermedad del profesional como causa para suspender un juicio. ¿Está previsto?

R. Se va a contemplar en la ley de eficiencia procesal, y no solo en ese caso, sino también en los supuestos de parto inminente de la abogada que tampoco estaba contemplado. Parece mentira a estas alturas y con todo el trabajo que llevamos haciendo desde la ley de igualdad, que es del año 2007, y la conciencia que hay entre los jueces y juezas sobre este tema, que no estuviera contemplado cuando sabemos que los partos son circunstancias de riesgo.