Sector Legal 2021: nuevas dinámicas y conceptos
Tanto la abogacía como la Administración de Justicia española han destacado históricamente por ser espacios resistentes al cambio
El año 2020 que dejamos atrás será recordado por la trágica crisis del coronavirus SARS-CoV-2 y por las numerosas derivadas sociales y económicas que la misma ha impuesto en todos los ámbitos profesionales. No obstante, pretender una lectura exclusivamente negativa de la crisis del Covid-19 supondría eliminar el factor de oportunidad y aprendizaje que las consecuencias asociadas a la enfermedad han implicado en algunos sectores y, específicamente, en el legal.
Tanto la abogacía como la Administración de Justicia española han destacado históricamente por ser espacios resistentes al cambio, de cultura marcada por el escepticismo ante lo novedoso y, sobre todo, de mecánicas laborales muy rígidas y con una escasísima orientación al rendimiento y los resultados. No parece resultar azaroso que, aunque salvadas ciertas distancias, algunos «vicios» del sector legal público encuentren espejo en el privado y que, por virtud de ello, los cambios operados en los primeros sean recibidos con dificultad en el segundo. Desgraciadamente, además de las características anteriores, podemos señalar con certeza que la incomunicación y el “diálogo de sordos” son notas definitorias de la relación público-privada entre abogacía y poderes públicos. Las burocracias administrativas y privadas que vertebran nuestra Justicia convierten a ésta en algo ineficiente para un ciudadano que no es sólo un consumidor de servicios profesionales, sino también un usuario de servicios públicos que, en cuanto tal, y desde esa dualidad inescindible que conlleva la acción legal, exige legítimamente que la cobertura de su necesidad de tutela judicial ─en la que confluyen abogados, autoridades y funcionarios─ sea eficaz, eficiente y concedida en un plazo razonable. Esto no ocurría antes del Covid-19 y si no existe un esfuerzo conjunto en la apuesta global por nuevas dinámicas, lamentablemente, la crisis del coronavirus habrá sido una oportunidad perdida para la gran reforma del sector legal español; una reforma que, sumativamente, también habrá de abordar los problemas provocados los altos índices de ansiedad, estrés y depresión entre los profesionales jurídicos, en una consciencia de la relevancia de la salud como pivote central de la actuación jurídica, última manifestación de la imprescindible “humanización” de la Justicia.
La emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 ha hecho emerger nuevas realidades: el teletrabajo, la orientación a resultados, la “Justicia telemática” …Todas ellas delimitadas por la irrupción incontestable de las nuevas tecnologías y la consolidación de éstas como una alternativa sólida frente a los medios tradicionales de prestación profesional. Herramientas e instrumentos antes válidos dejaron de serlo cuando la pandemia nos obligó a trabajar desde casa, cuando la atención a ciudadanos y clientes se hizo precisa desde kilómetros de distancia, cuando, al fin, comprobamos que lo importante no es el dónde, sino el qué, y que la responsabilidad pública o corporativa es una responsabilidad que alcanza cualquier momento, cualquier instante.
Esta lectura sigue encontrando, de forma sorprendente, todavía resistencias en algunas áreas. El escepticismo, las resistencias culturales, la comodidad que confiere lo establecido (aunque no sea mejor) o la falta de auténticos indicadores de eficiencia, otorgan a la reivindicación de un sector legal moderno, adaptado a las circunstancias de un siglo XXI definido por el "hecho tecnológico" y responsable con el entorno la naturaleza de “singular”. ¿Una proclama solitaria en el desierto de la desidia?, Quizá, pero no por ello podemos dejar de insistir: el sector legal de 2021 o es capaz de acometer una transformación profunda desde sus bases que cambie los enfoques, dinámicas y conceptos actuales o, de forma irremediable, habrá de afrontar en los próximos años un deterioro en la calidad de un servicio ─el jurídico─ que es consustancial a la misma relación del ser humano con sus semejantes y el mundo que constituye “su circunstancia”. El riesgo social es demasiado alto.
Estamos a tiempo. Todos. El sector legal español, con sus profesionales públicos (jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales…) y privados (abogados, consultores…), puede conducirse hacia el 2021 con la voluntad de cambio que reclama una ciudadanía cada vez más exigente y que ahora, además, sufre los efectos económicos y sociales adversos del virus. Estamos a tiempo. Una Justicia eficaz, eficiente, responsable y comprensiva del valor humano que hay detrás de cada una de sus acciones es posible. Como ocurre con casi todo: sólo debemos dar el primer paso. Comencemos.
Álvaro Perea González, es letrado de la Administración de Justicia, y Manel Atserias Luque, culture & wellbeing advocate en Ambar Partners.