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En colaboración conLa Ley

El Colegio de Barcelona crea el primer certificado de igualdad para bufetes

Mª Eugènia Gay confía en que la iniciativa se extienda a otras instituciones colegiales: "Ya nos han preguntado por él"

Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona, y Jesús Sánchez, secretario de la junta de gobierno.
Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona, y Jesús Sánchez, secretario de la junta de gobierno. ICAB

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha creado el primer certificado de calidad para bufetes de abogados que, entre sus indicadores, incluye una evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres efectivamente implementadas por la organización. De este modo, para obtener la llamada Garantía Abogacía ICAB, la firma deberá acreditar que garantiza "el respeto a los principios de igualdad de trato y de oportunidades en la contratación, formación, desarrollo profesional y retribución a todo su personal y asociados".

En materia de lucha contra la discriminación, el esquema de certificación diseñado por el colegio establece varios requisitos. El primero, cuando así lo disponga la ley (tras la última reforma, es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores) o lo haya decidido la organización, contar con un plan de igualdad que incluya medidas específicas contra cualquier tipo de discriminación. En segundo lugar, disponer de un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual o moral y, además, darlo a conocer a todo el personal, colaboradores y socios.

Asimismo, las organizaciones deberán acreditar que no existe en su seno ningún tipo de discriminación por razón de género en cuanto a la retribución de los profesionales con iguales tareas y responsabilidades. Y, finalmente, generar evidencias de la implantación de las actuaciones acordadas. El esquema exige que las organizaciones revisen todos estos programas y protocolos, como mínimo, cada dos años.

Claridad y transparencia

El examen de las políticas de igualdad es el punto más novedoso del certificado, pero no es el único. El despacho que aspire a conseguirlo también deberá dejar constancia, entre otras cuestiones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos y de lucha contra el blanqueo de capitales.

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Asimismo, para fomentar las buenas prácticas en la prestación del servicio de la abogacía, el texto demanda una mejor definición del servicio al cliente, con hojas de encargo claras e inequívocas. También obliga a las firmas a definir y documentar los derechos de los defendidos (e informarles sobre los mismos), y trata de introducir más transparencia en el pago de los honorarios, obligando a detallar en las facturas "las actuaciones profesionales realizadas y su importe".

La Garantía Abogacía ICAB, aprobada el pasado 14 de mayo por la junta de gobierno del colegio, es de aplicación a los letrados o bufetes que ejercen su actividad en Barcelona. Sin embargo, como señala Jesús Sánchez, secretario de la junta del ICAB, "los despachos que la obtengan podrán hacerla valer en todo el territorio español".

No obstante, la decana, Maria Eugènia Gay, está convencida de que la iniciativa servirá de ejemplo para otros colegios. "En el Congreso Nacional celebrado en Valladolid hace apenas diez días explicamos la iniciativa a todos los compañeros y compañeras, y muchos ya nos han preguntado por la posibilidad de expandirlo", asevera.

Consumidores

El reglamento que determina las condiciones de obtención, mantenimiento y uso de la Marca Garantía Abogacía ICAB define que el sello es un "mecanismo para garantizar mayor información a los consumidores en relación con la eficiencia sobre el funcionamiento" de los bufetes y abogados.

"Nuestro objetivo es ayudar a nuestros despachos a mejorar y ser más competitivos", explica Gay. Según la decana, el mercado, "a veces prima erróneamente el precio", olvidando que "en la relación que se establece entre los abogados y abogadas con sus clientes es fundamental que exista un componente de calidad y una práctica deontológica impecable que preserve el derecho de defensa por encima de los intereses privados".

La solicitud del certificado es voluntaria y requiere que no se tengan sanciones deontológicas vigentes. El examen deberá realizarlo una organización certificadora independiente, quien, a su vez, debe haber sido evaluada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac).

Los despachos, siempre sometiéndose a las condiciones que impone el reglamento, podrán hacer uso de la marca en sus comunicaciones. No obstante, para dotar de fuerza al sello, el Colegio de Barcelona creará un registro en el que se inscribirá a todos los despachos que hayan recibido la distinción. Cualquier ciudadano o usuario de los servicios de las firmas podrá consultar dicho registro y, además, el ICAB se reserva la capacidad de publicitar a través de cualquier medio las certificaciones. "Contribuimos así a la transparencia y damos valor a una marca que tendrá una vigencia de dos años, pero que estará al servicio de la sociedad", apunta Jesús Sánchez.

El ICAB, por último, remarca que, gracias al diseño del certificado, pueden aspirar a él tanto despachos grandes como pequeños. Igualmente, al no incluir parámetros de experiencia, los abogados jóvenes y los veteranos podrán solicitarlo en igualdad de condiciones.

De origen anglosajón

Requisitos de formación y gestión. La decana del Colegio de Barcelona, Maria Eugènia Gay, destaca que el certificado se inspira en modelos similares implantados en la abogacía anglosajona y en otros sectores de actividad económica. "En un mundo en el que la globalización y la multidisciplinariedad están cobrando importancia, es responsabilidad el colegio facilitar herramientas que posibiliten no solo distinguirse en términos de buenas prácticas, sino también tener modelos y guías para mejorar en la prestación del servicio", asevera en referencia a los requisitos que incorpora el esquema en relación a la planificación y gestión del despacho, así como a la formación de sus profesionales.

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