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En colaboración conLa Ley
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De la indignación por ‘La Manada’, a las sentencias con "perspectiva de género"

Las expertas afirman que la judicatura ha avanzado en igualdad

Imagen de la manifestación del pasado 8 de marzo a su paso por la Gran Vía de Madrid.
Imagen de la manifestación del pasado 8 de marzo a su paso por la Gran Vía de Madrid.PABLO MONGE

A lo largo de 2018, la sociedad española ha vivido un cambio de mentalidad significativo en materia de igualdad. Numerosas reivindicaciones han hecho patente el deseo de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, colocando esta cuestión en el centro del debate. No obstante, esta transformación no se ha limitado al ámbito social.

Tal y como apuntan las expertas consultadas por este diario, la justicia también ha adoptado una mayor concienciación y sensibilización hacia la igualdad de género. Y, aunque todas coinciden en que todavía queda un largo camino por recorrer, son varios los avances conseguidos.

Perspectiva de género

En los últimos meses, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que incorpora la perspectiva de género. Aplicado al ámbito judicial, este concepto se refiere a que el juzgador debe despojarse de estereotipos y convenciones sociales para atender a la realidad sobre la que aplica la norma. Así, tiene en cuenta todos los factores que puedan influir en el caso y evita hacer una aplicación formalista del derecho.

“Hay máximas que aceptamos como plenamente válidas, pero no deberíamos hacerlo”, apunta María Tardón, magistrada y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que aplaude incorporar dicha perspectiva no solo en la interpretación y aplicación de la norma, sino también en la valoración de la prueba. Fallos así “evidencian la progresiva concienciación de la carrera judicial”, concluye.

A pesar de estos dictámenes, la percepción social hacia la justicia en 2018 no ha sido precisamente favorable. Juicios mediáticos como el del caso de La Manada han desatado la opinión pública, que ha tildado a la judicatura de machista.

En este sentido, Lucía Avilés, magistrada y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, afirma que “juezas y jueces formamos parte de la sociedad, somos un reflejo tanto de lo malo como de lo bueno de la misma”. Por lo tanto, esos sesgos discriminatorios “los encontraremos también en la forma de actuar de los miembros del poder judicial”, razona la jurista.

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Por otro lado, Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, señala que las acusaciones que se han hecho hacia la judicatura parten también de un problema de comunicación. “Explicar una sentencia es una labor complicada, y más cuando se trata de un proceso penal”, reflexiona la magistrada.

Hay varios factores que son decisivos en un juicio, como la valoración de la prueba o la presunción de inocencia. Al no aclararlos correctamente a los ciudadanos, que en su mayoría no tienen conocimientos jurídicos, “se genera una visión distorsionada de la realidad”.

Educación

Para alcanzar una justicia plenamente igualitaria, “hace falta formación en género”, asevera Avilés. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amplió el pasado septiembre la educación que prestaba en este sentido a sus miembros.

Anteriormente, ésta consistía en un curso online y 10 horas de prácticas en órganos especializados. Ahora, el CGPJ ofrece la posibilidad de formación en violencia doméstica y de género a los jueces que conozcan esta materia, pero sin competencia exclusiva sobre ella.

No obstante, matiza Avilés, la igualdad no debe ser una materia que se enseñe puntualmente, sino que tiene que tratarse como un “temario transversal que se aborde durante la carrera universitaria y las oposiciones”.

Representación femenina

A pesar de los progresos por parte del Poder Judicial, las expertas inciden en que uno de los aspectos a mejorar es la escasa presencia femenina en los órganos judiciales y directivos de más peso. Efectivamente, los datos son reveladores: en el Tribunal Supremo, tan solo 12 de los 83 integrantes son mujeres. En las Audiencias Provinciales, el número de presidentas suma 9 (de un total de 50), mientras que de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, tan solo uno lo preside una jueza.

Para Esther Castanedo, magistrada y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, estos bajos porcentajes se deben, entre otras causas, a la existencia de un techo de cristal. Y es que “no se está teniendo en cuenta a juezas muy formadas con varios años de experiencia”, agrega la experta. 

Además, la edad media para aprobar la judicatura ronda los 30 años, “etapa en la que se suele formar una familia”. A causa de la mentalidad social, se achaca a la mujer el cuidado de los hijos, lo que dificulta que éstas sigan formándose para acceder a órganos colegiados especializados. Para evitar esta tendencia, Castanedo incide, entre otras cosas, en la necesidad de implementar medidas de conciliación familiar y laboral.

Avances en laboral

Cambio tímido. El incremento de la concienciación de la judicatura incluye, asimismo, el ámbito laboral. Estos cambios, tal y como señala Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas, se han producido “de manera tímida y con poco impacto respecto a la brecha salarial entre hombres y mujeres”, que sigue estando por encima del 25%.

Permiso de paternidad. La medida legislativa más significativa de 2018 ha sido la ampliación del permiso por paternidad a cinco semanas. Para Pedrajas, se trata de una decisión “aparentemente positiva, cuya intención va encaminada a igualar el disfrute de derechos conciliadores entre mujeres y hombres”. Además, al margen del impacto económico de la prestación, queda por ver el régimen de disfrute que se fija “y el porcentaje de hombres que hacen uso de este permiso en su totalidad”.

Tribunal Supremo. Por otro lado, el socio apunta que los avances más significativos se refieren a conciliación de la vida personal y situaciones de maternidad. En este sentido, destaca los pronunciamientos del Tribunal Supremo que consideran discriminatorios por razón de sexo los planes de retribución variable que exigen la presencia efectiva de la trabajadora a lo largo del año (incluidas las 16 semanas por maternidad) para el devengo del variable.

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