Radiografía de los retos de los abogados internos
Los ‘in house’ ganan peso: la mayoría reporta al CEO
La protección de los datos personales y empresariales, los cambios regulatorios, la actualización tecnológica y las nuevas exigencias en materia de ética, compliance y antisoborno son los cuatro factores que más preocupan a los departamentos legales de las compañías de todo el planeta. Así lo pone de manifiesto el informe 2019 ACC Chief Legal Officers Survey, elaborado por la Association of Corporate Counsel (ACC), la mayor organización mundial de abogados de empresa, y cuyo contenido adelanta en exclusiva CincoDías. La encuesta, que recoge la opinión de 1.639 directores de asesorías jurídicas internas (o general counsels) de 55 países, ofrece un mapa detallado de los retos legales a los que se enfrentan las compañías en el diseño y ejecución de su estrategia de negocio. Una labor en la que cada vez cobra más peso el área legal, de quien se espera un rol protagonista en la definición de las líneas de actuación, lejos del tradicional no a todo que suele atribuirse a los abogados.
La preocupación que los general counsels manifiestan por la protección de los datos se debe, en gran medida, a la plena vigencia, en mayo del año pasado, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma que ha revolucionado la privacidad en la Unión Europea, incrementando las exigencias legales y elevando las sanciones hasta los 20 millones de euros. Asimismo, también es muy relevante la seguridad de la información, cada vez más amenazada por la ciberdelincuencia.
“Cualquier estrategia comercial tiene que tener en cuenta los nuevos principios de privacidad”, apunta Jorge Muñoz, abogado de empresa y responsable de la sección europea de la ACC. Para ello, los departamentos legales deberán educar tanto a la dirección como al resto de áreas en las nuevas obligaciones y riesgos derivados de la normativa. Asimismo, según Muñoz, es recomendable llevar un seguimiento del resto de equipos que trabajan con datos personales y “tomar las protecciones apropiadas para evitar incumplimientos”.
Tal y como recoge la encuesta (que puede adquirirse en la web de la ACC y es gratis para los asociados), las preocupaciones de los CEO no son las mismas que las de los jefes de la asesoría jurídica, pero todas ellas tienen un fuerte componente legal. Según el informe, lo que más inquieta a los consejeros delegados de las compañías es la aparición de nuevas normativas, los asuntos relacionados con la reputación y la marca, y la tecnología disruptiva.
Bufetes de abogados
Una de las razones que llevan a los abogados internos a recurrir al asesoramiento jurídico externo es la complejidad de los asuntos y la necesidad de una especialización técnica superior a la de sus propios perfiles profesionales. En este sentido, el informe señala que nueve de cada diez general counsels estiman que la cantidad de trabajo que se externaliza se incrementará o se mantendrá a lo largo de este año.
Según el último barómetro del Observatorio Legal de Deloitte (que recogía la opinión de 240 empresas españolas), por materias, las compañías suelen derivar a los bufetes los asuntos fiscales, los litigios, los conflictos sobre propiedad industrial e intelectual y, precisamente, el cumplimiento sobre protección de datos. La experiencia, la calidad del servicio y la confianza son los tres elementos decisivos que inclinan la balanza entre un despacho u otro.
Jorge Muñoz añade un cuarto elemento: la rapidez de respuesta. “Los directivos nos trasladan asuntos a las asesorías jurídicas que deben ser resueltos con mucha rapidez”, apunta. En general, todos los in house valoran muy positivamente que el despacho se preocupe por conocer y entender el negocio de su cliente, así como que sea flexible ante sus necesidades particulares y las de su sector.
Puede sorprender que el precio (tanto el montante final como la forma de calcularlo) no aparezca en las primeras posiciones, pero eso no quiere decir que no juegue un papel muy importante. Los general counsels se encuentran cada vez más sometidos a la presión del departamento financiero. Con su presupuesto deben cubrir los costes de su equipo y los servicios que externalizan, por lo que la flexibilidad en los modos de facturación de las firmas es un valor añadido, tal y como enfatiza Muñoz. Facturar por horas es el método “menos valorado por las asesorías” y de ahí que se encuentre en retroceso.
El futuro radica en sistemas alternativos, como puede ser la facturación fija (se cierra un precio por adelantado) o el pago por éxito (que condiciona el abono del servicio a si el despacho cumple con el propósito acordado). Otra de las fórmulas de cobro a la que cada vez recurren más los departamentos jurídicos son los bonus: un sistema a través del cual la empresa ofrece una recompensa extra al despacho si consigue resultados que van más allá del encargo propiamente dicho.
¿Cómo evolucionará la contratación de asesoramiento jurídico externo? El 35% cree que a lo largo de este año aumentará; el 55%, que se mantendrá, y el 10% prevé una caída.
Posición estratégica
La creciente presión regulatoria ha elevado la importancia de los departamentos jurídicos, incrementando el peso que estos tienen dentro de las compañías. Así, la encuesta de la ACC refleja que casi la mitad de los general counsels consideran que los presupuestos que la firma destina al área legal crecerán este 2019.
“Las empresas se han dado cuenta de la relevancia del departamento legal”, apunta Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de Esade Law School, y explica que, cada vez con más frecuencia, los in house acompañan al CEO en las decisiones de negocio, adoptando un papel estratégico dentro de las compañías. De hecho, como pone de relieve la encuesta de ACC, los directivos acuden con frecuencia al departamento legal para resolver cuestiones de todo tipo, aunque principalmente estas versan sobre riesgos. Por su parte, el compliance y la gobernanza corporativa son otras de las dudas que con más frecuencia atiende el área jurídica.
Esto se explica, entre otras razones, por la evolución de la función que desempeña el abogado interno. La visión de los departamentos legales como los que se limitan a decir qué se puede hacer o qué no ha quedado atrás, dando paso a una actitud proactiva que no solo identifica y previene posibles riesgos, sino que además aporta soluciones alternativas.
En este sentido, el informe destaca la importancia de una relación estrecha entre la alta dirección y el área legal. Así, en tres de cada cuatro organizaciones se ha establecido una línea directa de comunicación y reporte entre ambos, sin intermediarios. De hecho, Navarro comparte esta visión e incide en la figura del abogado interno como business partner: “No es un mero servicio jurídico, sino que forma parte del proceso de valor de la compañía”.
Habilidades extra del 'in house'
Proactividad. La progresiva evolución de las funciones del área jurídica dentro de la empresa ha puesto de manifiesto una serie de habilidades con las que deben contar el abogado interno y que van más allá de lo legal. Una de las más destacadas es la proactividad, es decir, no limitarse a estimar qué proyecto es viable o no dentro de los términos de la legalidad, sino proponer ideas y soluciones alternativas.
Comunicación. La jerga legal es muchas veces incomprensible para aquel que no está especializado en la materia. Por ello, y especialmente al dirigirse a la dirección general de la empresa, es vital que el in house sepa comunicarse con un lenguaje fácilmente comprensible, pero sin perder el rigor y la profesionalidad.
Negocio. Otra de las aptitudes que cada vez más se requieren de un miembro del departamento jurídico es que conozca el negocio. De esta forma, podrá prestar un asesoramiento más especializado, poniendo de manifiesto el valor añadido que aportan los departamentos legales a las compañías.
Urgencia. Las empresas suelen pedir a sus asesorías jurídicas que resuelvan asuntos con la mayor rapidez posible, por lo que los in house deben tener este sentido de la urgencia y saber trabajar bajo presiones de este tipo.
Riesgo. La encuesta de la ACC distingue el riesgo como el factor por el que los CEO preguntan más a sus departamentos legales. En este sentido, el abogado interno debe actuar como guardián del negocio, pero también como conciencia de la organización: ha de decir siempre lo que considere más adecuado, incluso aquellas cosas que la empresa no quiere oír.