El transporte público propone financiarse con un fondo estatal
Piden su indexación al crecimiento del PIB en su nueva Ley de Financiación Se trata de evitar la instrumentalización política de los fondos
El transporte público necesita una ley de financiación que garantice su sostenibilidad y evite la instrumentalización política los fondos. El actual modelo está agotado. Con esta premisa se ha desarrollado este miércoles una jornada sobre la futura ley organizada por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), en el que miembros de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de los cuatro partidos políticos mayoritarios PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han debatido sobre la mejora del sistema y cómo debe articularse. La propuesta de crear un fondo estatal que sostenga y de estabilidad al sistema ha sido la gran novedad del borrador.
La secretaria general de Transporte, María José Rallo, destacó la importancia de regular un marco jurídico que garantice la sostenibilidad económica y ambiental y que respete el reparto competencial de las distintas administraciones públicas. Rallo ha recordado que el transporte público es una pieza fundamental para la movilidad sostenible, con la que el Gobierno está comprometido en Europa (Agenda 2030). En este sentido, agradeció la aportación del ATUC, a la que se ha sumado la iniciativa de cinco grandes Ayuntamientos, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña que han presentado una propuesta de ley recientemente. Los datos que aportó Rallo evidencian que la tendencia es la concentración de ciudadanos en las grandes urbes, cuyos servicios de transporte público ha que garantizar. La secretaria general dibujó un escenario complejo y transversal, en el que están implicadas distintas administraciones y ámbitos (fiscal, ambiental...), y se comprometió a trabajar en la ley, de la que, dijo, debe contar con el cambio de paradigma y promover la consecución de objetivos ambientales.
Situación actual
El presidente de ATUC, Miguel Ruiz, se mostró optimista sobre la aprobación de la futura ley. La asociación ha preparado un borrador que enviará próximamente al Ministerio y cuyos ejes principales fueron desgranados en la jornada. El apoyo casi unánime de la proposición no de ley presentada hace meses por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, es un buen inicio para lograr, señaló, el consenso político necesario para sacarla adelante. Ruiz subrayó la perentoria necesidad de dotar al sector de un nuevo modelo de financiación con el que superar un problema atávico. El actual sistema, que proviene de una ley de 1990, está agotado, destacó. Los nuevos retos sociológicos (congestión de las ciudades, nuevos modelos de movilidad) y tecnológicos no se pueden abordar con un sistema que no es previsible y no permite planificación alguna (depende de la asignación presupuestaria anual), es asimétrico y no se basa en criterios objetivos. Además, señaló, el sistema es cada vez más deficitario porque se han mantenido el volumen de aportaciones con una creciente demanda. La mejora del sistema resulta actualmente más necesaria que nunca, aseguró, teniendo en cuenta las restricciones al tráfico privado que se irán extendiendo por los centros urbanos de las principales ciudades, lo que provocará un incremento de los usuarios de metro, autobuses, car-sharing, bicicletas compartidas…
La nueva ley debe, indicó, posicionarnos a niveles de competitividad con otros países europeos que sí cuentan con una ley de financiación, dotar de estabilidad haciendo que las aportaciones al transporte colectivo sean previsibles, coherencia (teniendo en cuenta factores como el número de viajeros, el uso o los distintos modos de movilidad en cada ciudad o pueblo), y hacer una apuesta decidida por la modernidad. Según destacó, el problema de la imprevisibilidad que frena las inversiones de los operadores.
Fondo estatal vinculado al PIB
Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland y letrado de las Cortes, explicó las grandes líneas del borrador elaborado por ATUC desde el punto de vista legal. La propuesta estrella es la creación de un fondo (Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible) que dotaría de estabilidad y previsibilidad. Este fondo dependería de la Administración General del Estado y se regula su dotación inicial, vinculando su crecimiento al PIB del ejercicio precedente. Actualmente, indicó, los ratios de cobertura de financiación están en torno al 40 o 50 por ciento en las grandes ciudades Además, el borrador prevé que se especifique qué porcentaje de este fondo se destinaría a gastos operativos y cuánto a inversión. La propuesta establece una regulación de la gestión (autoridad, mayorías, controles..) y una distribución de los fondos basada en la automaticidad a través de indicadores o criterios objetivos y transparentes. El criterio estructural o troncal, indicó, sería el poblacional, corregido con otros factores como los de utilización o ambientales. La entidad perceptora de estas subvenciones serán las entidades locales, competentes en la gestión. Lo fundamental de la propuesta, precisó, es que de una manera respetuosa con las competencias legislativas estatales y de las comunidades autónomas, posibilitará la planificación plurianual. Uno de los objetivos es declarar legalmente la corresponsabilidad del Estado en la financiación. En conclusión, Dorrego describió la propuesta como una ley rigurosa, respetuosa con la complejidad del modelo, realista y simple.
No habrá ley antes de las elecciones
La presentación del borrador estuvo precedida por un debate entre los representantes de los grandes grupos políticos en la Comisión de Transporte del Congreso, moderado por la periodista de El Economista África Semprún. Interpelados por los plazos para aprobar la ley, los representantes de los partidos políticos coincidieron en que será poco probable que vea la luz antes de las elecciones de mayo. Cuestiones como el papel que debe asumir el Estado en la financiación del transporte público y cómo articular métodos colaborativos centraron las intervenciones de los políticos, con el telón de fondo del conflicto entre taxi y VTC .
Ana María Zurita, del PP, apuntó que la futura ley tiene que ser garantía de movilidad y solución al excesivo uso del vehículo privado. Abogó por una necesaria visión estatal que aportara una necesaria cohesión territorial.
Por su parte, César Ramos, del PSOE, invitó a reflexionar sobre la metodología para abordar la regulación. Ramos señaló que hay que hablar principalmente de movilidad, estudiar los cambios que se están produciendo y, desde este análisis, y a partir de ahí diseñar el modelo con las herramientas actuales. Es un servicio público que hay que garantizar, afirmó.
Félix Alonso Cartoné, de Unidos Podemos, explicó su experiencia como alcalde y subrayó que existe una falta de liderazgo político ante el colapso de un modelo agotado. Durante años se ha pensado exclusivamente en infraestructuras y no tanto en movilidad, señaló.
El representante de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, como empresario, empatizó con los problemas del sector y sus operadores. Subrayó la necesidad de incluir factores de calidad y eficiencia en la financiación, que, insistió, debe ser plurianual. Apuntó asimismo la necesidad de aprobar una Ley de Movilidad.