Una guía para que los jueces actúen contra la corrupción
El texto ha sido redactado por el Consejo General del Poder Judicial El objetivo es facilitar la adopción de decisiones y proporcionar mayor seguridad jurídica
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de la carrera judicial con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una ágil y rápida respuesta a los mismos, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica en esta materia.
El documento desarrolla el protocolo de actuación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), constituida en marzo de 2015 como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados cuya función principal consiste en agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.
La guía propone pautas de actuación en la investigación de ciertos tipos delictivos, relacionados con la corrupción a todos los niveles: las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones internacionales, entre otros.
Elaboración
En la elaboración de la guía, coordinada por el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito, han intervenido una veintena de personas, en representación de todas las instancias judiciales con competencias en la lucha contra la corrupción.
Así, han participado los jueces de Primera Instancia e Instrucción Manuel Luna y de Instrucción Carmen Rodríguez-Medel y Pablo Ruz; el juez decano de Valencia, Pedro Viguer; el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández; y la magistrada de la Audiencia de Baleares María del Carmen Rodríguez Miró; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva; y el magistrado de la Sala Civil y Penal de ese mismo tribunal José Francisco Ceres; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y decano de los jueces centrales de Instrucción, Santiago Pedraz.
También han colaborado la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez; las letradas de la Administración de Justicia María del Carmen Buendía y Estefanía Olaya; y la directora de la ORGA, Isabel Tarazona; además de miembros del Servicio de Inspección, el Servicio de Relaciones Internacionales, la Sección de Apoyo a la Secretaría General y la Oficina de Comunicación del CGPJ.
Todas las etapas del procedimiento
El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa hasta su enjuiciamiento.
La guía también hace referencia a las relaciones del juez instructor con otros operadores jurídicos en las causas por corrupción, como la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y otros organismos públicos de control, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos o el Tribunal de Cuentas. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.
Apoyo a los jueces y tribunales
La guía recoge las medidas de apoyo a los órganos judiciales que el Consejo General del Poder Judicial puede adoptar en el ámbito de sus competencias: de refuerzo judicial, dirigidas a garantizar la independencia de jueces y magistrados, tendentes a recabar la colaboración de las Administraciones Públicas, de apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y de formación.
De este modo, el texto incluye el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial, refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales.
Además, y como una medida más de auxilio que estará disponible próximamente, el CGPJ está trabajando en la constitución de un grupo de apoyo directo a los mismos, formado por magistrados especialistas en esta materia en el ámbito de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia y en el de la Audiencia Nacional.
Disposiciones normativas e instrumentos internacionales
La guía incorpora un catálogo de las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la corrupción, desde el Código Penal a las leyes General Tributaria, de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos o reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
El texto también recoge los instrumentos internacionales sobre esta materia en los ámbitos de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y europeo, con información sobre los instrumentos de asistencia convencional y de reconocimiento mutuo y referencias a las órdenes europea de detención y entrega y de investigación, las medidas alternativas a la prisión provisional y el embargo preventivo y aseguramiento de prueba.
Tanto en un caso como en otro, la versión electrónica de la guía –también hay una edición en papel- incluye enlaces a la página web del Boletín Oficial del Estado y al prontuario del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que recoge toda la información de interés en relación con las distintas actividades jurisdiccionales que inciden en la cooperación internacional, de modo que se puede acceder directamente a la norma o el instrumento internacional que se quiera consultar.
El documento, por último, incluye un directorio de contactos útiles con números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los organismos de la Administración del Estado, departamentos policiales e instancias internacionales con competencias en la lucha contra la corrupción, así como de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial que prestan apoyo a los jueces y magistrados que desarrollan esta labor.
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