La ejecución de sentencias, el agujero negro de la justicia española
Tan solo el 39% de las sentencias firmes se habían ejecutado al finalizar 2015 Mejorar este trámite judicial ampliaría la disponibilidad de crédito en España
El trámite de ejecución de sentencias es uno de los grandes lastres de la justicia española actualmente. Y es que, muchas veces, ganar un pleito no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva lucha para lograr que lo decidido en los tribunales finalmente se ejecute y se haga cumplir. El problema de que, tras obtener una sentencia favorable, esta tarde en hacerse efectiva no solo supone una frustración para el interesado, sino que puede llegar a crear desconfianza en la seguridad jurídica del país y, por ende, en la economía.
Son numerosos los estudios que demuestran la enorme influencia que puede tener el funcionamiento de la justicia en la economía y mucha la literatura que se ha publicado al respecto. De hecho, los datos permiten ver en qué medida el diseño de determinados procedimientos judiciales puede ser más decisivo en unos casos que en otros. En el caso de las ejecuciones judiciales, un agujero negro de la justicia española, los resultados no dejan lugar a dudas: los retrasos pueden llegar a afectar a la disponibilidad de crédito en nuestro país.
Así lo ponía de manifiesto un estudio del Banco de España, según el cual existe una relación directa entre la eficacia delas ejecuciones judiciales y la disponibilidad de crédito en España. Las conclusiones, publicadas en un documento de trabajo del ente público, señalan que una mejora en la eficacia de las ejecuciones judiciales (cuando el juez obliga forzosamente al pago de una deuda) incrementaría la disponibilidad de crédito en nuestro país.
Sin embargo, la eficacia de otra fase del procedimiento, como la fase declarativa (cuando la existencia de una deuda es verificada por un juez), no parece tener un efecto tan significativo sobre el crédito. Según explicaban los autores del documento, Juan S. Mora-Sanguinetti, Marta Martínez Matute y Miguel García-Posada, una posible explicación de esta observación es que una proporción importante de los impagos es estratégica, es decir, realizados por deudores que son, en realidad, solventes.
Eso sí, el informe también detectaba una menor morosidad en las provincias en las que los procesos declarativos son más eficaces. Pero esta última observación es significativa “solamente después del inicio de la gran recesión de 2008 y podría estar relacionada con el incremento de los impagos no estratégicos que se produce durante las crisis económicas”, según explica el documento.
La ejecución de sentencias es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia española. Lo reflejan también otros informes, como el del Observatorio dela Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, según el cual el porcentaje de sentencias firmes que llegaron a ejecutarse en el año 2015 fue de apenas el 39,10%. Se trata de un dato preocupante, tal y como ha reconocido en diversas ocasiones el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando que es una cuestión sobre la que deben tomarse medidas. De hecho, se ha llegado a plantear la posibilidad de acometer una reforma procesal en el ámbito civil para revisar las fases de ejecución de sentencia.
Según los datos recogidos en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –publicada en 2016 con datos relativos a 2015–, el número de ejecuciones que quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. Concretamente, en los datos de 2015 del CGPJ que se centran en los juzgados de primera instancia, de familia y de primera instancia e instrucción –los que representan la mayoría de las ejecuciones–, el resultado fue que quedaron pendientes más de dos millones de ejecuciones de sentencias.