Los proyectos renovables en Galicia, a la espera de la decisión de la justicia europea
3.000 megavatios de parques eólicos, suspendidos por los tribunales. Las eléctricas avanzan en el cumplimiento de la ley de recursos naturales
El futuro del sector energético gallego se decidirá el día 1 de agosto. La fecha prevista para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamine sobre la consulta elevada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) concerniente a los proyectos eólicos. Un trámite que –solo tal vez– puede desbloquear la situación de inseguridad jurídica que se viene denunciando desde este ámbito hace dos años. En concreto, resolver la suspensión de casi un centenar de nuevos parques, que suman unos 3.000 megavatios (MW) de capacidad (frente a 3.956 MW instalados).
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En palabras de Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se trata de “una estrategia destructiva de bloqueo que ha evitado que la inversión llegue a Galicia”. Así, asegura que, “para ser competitiva, la economía gallega necesita más eólica y la necesita más rápido”, mencionando los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
No obstante, apunta varias cuestiones que surgen si el TJUE falla en contra del TSXG: “¿Se van a desbloquear los proyectos o habrá otra nueva interpretación de la legislación? ¿Será ágilmente o la resolución de los casi 300 recursos pendientes se eternizará?”. A lo que añade la responsabilidad por las pérdidas y daños ocasionados a promotores, industria, ayuntamientos y ciudadanos.
La normativa de la Xunta obliga a la renovación de los parques eólicos con más de 25 años
A este respecto, el director general de Planificación Energética y Minas de la Consejería de Economía e Industria, Pablo Fernández, aclara que “el horizonte para los parques paralizados es ahora mucho más optimista”. Y apunta las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que avalan la tramitación medioambiental de la Xunta.
Por su parte, el Real Decreto 7/2025 del Ministerio para la Transición Ecológica, recogía entre sus actuaciones la suspensión del cómputo de plazos administrativos durante la paralización de los proyectos. “Una medida que llevábamos demandando desde hace meses”, indica Fernández, argumentando que “no tiene sentido que un parque pierda los permisos y luego, a nivel judicial, se confirme que estaba correctamente autorizado”. Sin embargo, el mismo fue rechazado en el Congreso el pasado miércoles, para preocupación del sector.
Repotenciación
Desde la compañía eléctrica EDP, fuentes consultadas por este periódico matizan que si bien el decreto “contribuye a mitigar un riesgo significativo para las renovables, el contexto sigue siendo complejo; aún queda camino por recorrer para impulsar la electrificación limpia de la industria gallega”.
Parte de ese recorrido pasa por el cumplimiento de la ley de recursos naturales (Ley 2/2024), aprobada por la Xunta en noviembre, que contempla la repotenciación de los parques eólicos con más de 25 años de antigüedad. Esto supone la sustitución de 800 aerogeneradores en toda la comunidad por nuevas unidades de mayor potencia. Aunque las compañías disponen de un plazo de un año para presentar sus proyectos, EDP ha ejecutado ya dos de los mismos en los parques de Zas y Corme (A Coruña).
El nuevo decreto flexibiliza los plazos de instalación y favorece los proyectos bajo medidas cautelares
Iberdrola, que opera 18 instalaciones eólicas terrestres en Galicia con una capacidad de más de 600 MW, también ha anunciado dos de estos proyectos (en Muras, Lugo y en Serra da Panda, A Coruña), que implican desmantelar casi un centenar de turbinas. Enrique Fernández, director de promoción eólica de la zona noroeste de la compañía, detalla que, en su lugar, se instalarán 14 nuevas unidades, con una potencia de 4,3 MW cada una, seis veces más que las actuales.
Para llevarlo a cabo, Iberdrola contará con las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); no obstante, “para acomodarse a la realidad de los permisos y los potenciales recursos judiciales”, los plazos de ejecución podrían ampliarse.
Acciones para el futuro
Almacenamiento. La optimización de la central de acumulación por bombeo de Santiago Sil-Xares (Ourense) de Iberdrola, con una capacidad de almacenamiento de casi tres gigavatios hora (GWh), es el primer proyecto autorizado en España de su tipo. Una instalación que representa para la compañía un elemento imprescindible de cara a la descarbonización, al permitir aprovechar los excedentes de energía procedentes de fuentes renovables no gestionables. Miguel Ángel López, director de generación hidroeléctrica de la empresa, destaca el “gran proyecto Conso 2, ahora en fase de tramitación administrativa”.
Solar. La instalación de autoconsumo fotovoltaico es, según fuentes de la eléctrica EDP, “uno de nuestros mayores ejes de crecimiento, y donde tenemos ambiciosos planes de seguir invirtiendo en la transición energética de la industria gallega”. El proyecto más reciente puesto en marcha, para la conservera Nauterra en A Coruña, supondrá una producción anual de 1.290 megavatios hora anuales (MWh/año), lo que equivale al 10% de su consumo eléctrico.
Requisitos. La ley de recursos naturales de la Xunta de Galicia busca que “cualquier proyecto energético que se desarrolle en nuestra comunidad deba garantizar la generación de riqueza social y económica en el territorio”, explica Pablo Fernández, desde la Consejería de Economía e Industria. Así, todos los proyectos eólicos que se han presentado desde su entrada en vigor –en noviembre del pasado año– han tenido que presentar una memoria del impacto que generarán. “Aún no se pueden apreciar los efectos, pero va a marcar un antes y un después en la política energética e industrial y garantizará una mejor percepción por la ciudadanía”, concluye.
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