Las claves de la ‘guerra’ de los abogados y procuradores mutualistas: qué piden y qué les ha respondido la Seguridad Social
Hasta 80.000 profesionales reclaman una equiparación de sus aportaciones al sistema público para evitar el cobro de pensiones de jubilación de 300 euros
Abogados y procuradores de toda España han salido a las calles para denunciar la precaria situación en la que se encuentran muchos de ellos al jubilarse. Reclaman al Ministerio de Seguridad Social que les permita trasladar las aportaciones que han venido realizando en los últimos años a sus mutuas al sistema público, puesto que las pensiones que están recibiendo una vez abandonada la práctica profesional en ocasiones no superan los 300 euros. Hasta 10.000 personas se han llegado a reunir en Madrid en busca de una solución que evite el escenario de precariedad al que se encamina una gran parte de este colectivo de trabajadores, la mayoría de ellos por cuenta propia.
¿A cuántas personas afecta esta situación?
Sumando el número de abogados que han venido realizando aportaciones mensuales a la Mutualidad de la Abogacía —que hoy ha adquirido el nombre comercial de La Mutualidad—, con el de los miembros de la Mutualidad de los Procuradores, y los mutualistas de la Hermandad Nacional de Arquitectos, la Mutua de los Aparejadores (Premaat) o la Mútua dels Enginyers, en total se engloban cerca de 80.000 profesionales afectados.
¿Cuándo empezaron a cotizar a las mutualidades?
Este conflicto se remonta a la época previa al nacimiento de la Seguridad Social, cuando los abogados y procuradores de entonces, al ser trabajadores autónomos, comenzaron a realizar sus aportaciones a las mutuas gremiales que nacieron en aquel momento —las había para panaderos, curas, notarios, ingenieros, profesionales del Derecho en incluso para las empleadas domésticas—, a cambio de que estas organizasen estos fondos y así les dieran una asistencia social. Cuando en 1963 se creó la Seguridad Social, muchas de estas mutuas profesionales se integraron en el sistema público, pero la de los procuradores y las de los abogados no lo hicieron. Hasta 1995 no tuvieron la opción de cotizar al estar encuadrados dentro de este régimen.
¿Por qué decidieron no cambiarse al sistema público?
A partir de 1996, a estos trabajadores se les abrió la posibilidad de elegir de qué manera querían ahorrar para el futuro: bien a través de sus mutualidades o cotizando para la Seguridad Social. Muchos mantuvieron la fórmula precedente, e incluso, en 2005, la Mutualidad de la Abogacía aprobó el paso de un sistema colectivo y solidario, a un sistema de capitalización individual. Esto es, un modelo de gestión de pensiones en el que cada individuo acumula fondos para su jubilación de manera independiente. Un cambio que también llevó a cabo la Mutualidad de los Procuradores en el año 2000. Según ha reconocido el presidente de esta organización, Luis Sánchez, el problema es que se venía de épocas de tipos de interés muy altos, pero desde hace más de una década era más que evidente que si se hacían aportaciones muy bajas, esto repercutiría en las rentas tras la jubilación, que se verían considerablemente reducidas.
¿Qué reclaman al Ministerio?
La principal demanda de los afectados por estas pensiones tan bajas —mientras en 2009 estas mutuas les prometían unas prestaciones de entre 1.200 y 1.500 euros, hoy muchas de ellas apenas rebasan los 300 euros—, es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponga en marcha una pasarela que permita a quienes lo deseen convertir sus aportaciones a la mutualidad en años de cotización pública.
¿Y qué se les ha contestado?
La respuesta del departamento que dirige Elma Saiz reconoce, por un lado, la delicada situación en la que se encuentran muchos de estos profesionales, pero no satisface por completo sus demandas. ¿Por qué? Porque aunque la ministra anunció hace un mes que quieren crear esta herramienta, esta solo estará disponible para aquellos mutualistas que empezaran a aportar a sus mutualidades antes de 1996. Además, ha puesto la condición de que solo podrán utilizar esta pasarela los profesionales “en situación de vulnerabilidad”. “Deberían permitir que cualquier mutualista pudiera utilizar la pasarela. Si ponen tantas restricciones, no van a permitir utilizarla a casi nadie”, ha replicado Nuria Cachafeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA).
¿Cuál es el siguiente paso?
En vista de que la solución ofrecida por el Ministerio no satisface a la mayor parte de afectados —dentro del gremio existen situaciones muy diferenciadas, como la de los socios de los grandes despachos y los autodenominados “obreros de la Justicia”—, es de esperar que la convocatoria de movilizaciones se mantenga. Especialmente, porque denuncian que para otros colectivos que se enfrentaron al mismo problema —como los notarios y los curas—, se crearon pasarelas muy favorables.
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