Abogados y procuradores batallan por una pensión digna: “Tras 40 años cotizando nos dicen que nos quedan 300 euros al mes”
Casi 80.000 profesionales liberales ahorran para su jubilación a través de mutualidades en lugar de con la Seguridad Social
Los abogados y los procuradores de España están en pie de guerra. El colectivo lleva una racha complicada: por la huelga de los funcionarios de Justicia, que mermó sus ingresos en 2023; porque el turno de oficio lo cobran tarde y mal; y ahora también porque el dinero que van a percibir al jubilarse no les permite a muchos de ellos vivir dignamente.
El colectivo ha convocado el sábado su tercera gran manifestación para reclamar al Gobierno que ponga ya en marcha un mecanismo para garantizarles unas pensiones decentes. “Hay compañeros que tras 40 años aportando, se ven con 300 euros al mes al jubilarse, lo que es intolerable”, explica Antonio Villaluenga, abogado penalista y uno de los portavoces de la plataforma J2 (Jodidos [sic]), que está canalizando las protestas. En febrero movilizaron a casi 10.000 personas en Madrid.
El origen del conflicto viene de lejos y está ligado al hecho de que la mayoría de los abogados y procuradores sean trabajadores autónomos. En los años cuarenta del siglo pasado, cuando aún no existía la Seguridad Social, se crearon mutuas gremiales para organizar fondos que permitieran dar una asistencia social a los trabajadores. Había mutuas de panaderos, de curas, de notarios, de ingenieros, y también de profesionales del Derecho. Incluso se creó una mutua para las empleadas domésticas.
Cuando se formó la Seguridad Social en 1963, muchas de aquellas mutuas profesionales se integraron en el sistema público, pero la de procuradores y la de abogados decidieron seguir como mutualidades independientes. De hecho, hasta 1995 estos profesionales no tenían otra opción más que darse de alta en las mutuas, ya que no cabía la posibilidad de cotizar en la Seguridad Social como trabajadores autónomos.
Aunque ahora ya se puede elegir, todavía sigue habiendo 60.000 abogados que no cotizan a la Seguridad Social (en su caso al régimen alternativo para trabajadores autónomos, RETA), sino que hacen aportaciones mensuales a la Mutualidad de la Abogacía, que ha adoptado el nombre comercial de “La Mutualidad”. Por su parte, la Mutualidad de los Procuradores cuenta con otras 5.000 personas en una situación similar. También hay mutualistas alternativos al RETA en la Hermandad Nacional de Arquitectos, la Mutua de los Aparejadores (Premaat) o la Mútua dels Enginyers. En total, cerca de 80.000 profesionales.
A partir de 1996, el modelo cambió y se permitió que estos trabajadores por cuenta propia pudieran elegir si ahorrar a través de su mutualidad profesional o cotizar para la Seguridad Social. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando la Mutualidad de la Abogacía aprobó el paso de un sistema colectivo y solidario, a un sistema de capitalización individual. “Antes sí que se llegaba a hablar de que el abogado podría jubilarse con 600 euros al mes, pero con el aumento de la esperanza de vida, los bajos tipos de interés y las escasas aportaciones vimos que era cada vez más difícil que la Mutualidad pudiera garantizar esas cifras a todos, por lo que optamos por evolucionar hacia un sistema individual”, ha comentado en varias ocasiones Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de La Mutualidad, una organización que ya gestiona más de 10.200 millones de euros de ahorros de sus mutualistas y clientes. La transformación se aprobó en los órganos de gobierno y se informó a todo el colectivo.
En el caso de la Mutualidad de los Procuradores, el cambio fue incluso anterior. “A partir del año 2000 ya teníamos un sistema de capitalización individual”, recuerda Luis Sánchez, presidente de esta organización. “El problema es que se venía de épocas de tipos de interés muy altos, pero desde hace más de una década era más que evidente que si se hacían aportaciones muy bajas, se tendría una renta tras la jubilación muy pequeña”.
El problema con este sistema mixto es que seguía habiendo mucha inercia. Los abogados y procuradores veteranos siempre habían aportado por la mutualidad, y las nuevas generaciones siguieron haciéndolo, aunque el contexto económico y el modelo empresarial había cambiado por completo. Isabel Jiménez Amor, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, asegura que “cuando me di de alta en la Mutualidad, en 2009, me prometían una pensión de jubilación de entre 1.200 y 1.500 euros si pagabas las cuotas que te decían, y que eran inferiores a las de la Seguridad Social, pero ahora estamos viendo que lo que nos va a corresponder es mucho menos”.
Esperando una pasarela
En la manifestación del 13 de abril, la principal demanda de abogados y procuradores es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponga en marcha una pasarela que permita a quienes lo deseen convertir sus aportaciones a la mutualidad en años de cotización pública. La ministra, Elma Saiz, anunció hace un mes que quieren crear esta herramienta, aunque solo para aquellos mutualistas que empezaran a aportar a sus mutualidades antes de 1996. Además, han puesto la condición de que solo podrán utilizar esta pasarela los profesionales “en situación de vulnerabilidad”.
Todas las plataformas de afectados han criticado con dureza esta propuesta, por quedarse muy corta. Nuria Cachafeiro es presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA). A su juicio, la propuesta del ministerio se ha quedado tremendamente corta. “Deberían permitir que cualquier mutualista pudiera utilizar la pasarela. Si ponen tantas restricciones, no van a permitir utilizarla a casi nadie”.
Durante el mes de abril se esperan nuevas reuniones de trabajo entre los técnicos del ministerio y los responsables de las mutualidades. Rafael Navas, director general de la Mutualidad de la Abogacía, explica que desde la entidad han mostrado su “plena colaboración con el ministerio para facilitar la creación de esa pasarela, eso sí, buscando siempre un trato justo también para aquellos mutualistas que quieren quedarse con nosotros”.
La sensación entre los colectivos de afectados es que el ministerio de Seguridad Social tiene que ir más lejos. El malestar en el gremio es enorme y hay algunas desigualdades flagrantes entre los socios de los grandes despachos y los autodenominados “obreros de la Justicia”. Además, recuerdan que con otros colectivos como con los notarios y los curas ya se crearon pasarelas muy favorables. Los abogados y procuradores han alzado la voz y nadie les va a hacer callar.
Las coberturas adicionales
Aunque el foco del conflicto entre los mutualistas y la Seguridad Social se ha puesto en las insuficientes rentas que están percibiendo algunos de ellos al jubilarse, el problema va más allá.
Cuando se cotiza a la Seguridad Social no solo se tiene derecho a cobrar una pensión de jubilación, también se incluyen prestaciones por maternidad y paternidad, por incapacidad permanente y temporal, derecho a cobrar una pensión de orfandad o de viudedad, auxilio para los gastos de defunción...
En el caso de la contribución a mutualidades, las coberturas incluidas son mucho más limitadas. "Nos dicen que aportamos menos, pero es que también recibimos mucho menos, con unas bajas por enfermedad o incapacidad casi inexistentes", apunta la abogada Isabel Jiménez Amor.
El abogado Daniel Gonzálvez Mas, diagnosticado de cáncer linfático, lleva meses denunciando en redes sociales que haber aportado a la Mutualidad de la Abogacía en lugar de cotizar ha hecho que "solo pueda tener 365 de incapacidad permanente, frente al periodo ilimitado de la Seguridad Social". En el caso de la incapacidad por enfermedades de salud mental, los mutualistas solo pueden beneficiarse de 60 días en toda su vida laboral.
Para tratar de hacer más atractivo el sistema mutualista, la Mutulidad tiene previsto aprobar en asamblea la mejoría de las coberturas en salud mental y oncológica. También se ofrecerá una nueva cobertura de incapacidad permanente profesional, previo pago de una cuota entre 10 y 15 euros al mes.
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