Hacienda avisa al PP: si bloquea la senda del déficit las regiones tendrán menos margen fiscal
Montero riega a las autonomías con más dinero que nunca antes de exigir ajustes
La mayoría que ostenta el Partido Popular en el Senado podría bloquear los nuevos objetivos de estabilidad fijados por el Gobierno para comunidades y entidades locales. En tal caso, advirtió ayer la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se volvería a los aprobados en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, que son más duros y exigentes. “El PP estaría tirando piedras sobre su propio tejado”, dijo.
Hacienda, en sendas reuniones con las autonomías y ayuntamientos, comunicó ayer los nuevos objetivos de déficit para 2024. Estos serían del 0,1% para las autonomías y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido previamente para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. Es decir, “tendrán mayor margen fiscal”, resumió Montero.
Sin embargo, en plena guerra abierta entre Gobierno y oposición, cabe la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría en el Senado –tras la aprobación que se presupone en el Congreso– para tumbar los nuevos objetivos de déficit, que rechazaron ayer las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto sería contraproducente, advirtió Montero, ya que inmediatamente después entrarían a funcionar “los objetivos vigentes del Plan de Estabilidad remitido en abril a la Comisión Europea”, mucho más estrictos.
Para llegar a esta conclusión, Hacienda se apoya en un informe jurídico de la Abogacía del Estado en el que se detalla que, si los objetivos de estabilidad son rechazados dos veces en las Cortes, entrarían en vigor los remitidos en abril. Esto, a su vez, complicaría las cuentas de muchas regiones que se encuentran ahora elaborando sus Presupuestos y que cuentan con ese margen fiscal del 0,1%. Lo mismo sucedería con el equilibrio presupuestario con el que ya cuentan muchos consistorios. Si los nuevos objetivos caen, dijo Montero, todas estas cuentas decaerían al ser “ilegales”.
Por ello, “si el PP piensa que con esa estrategia impide el desarrollo de unos Presupuestos nuevos para España se equivoca”. “Está tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían un objetivo más exigente”. Montero también recordó que, bajo este supuesto, la tramitación de las cuentas se retrasaría como máximo un mes, que es el límite legal para el tiempo de debate de los objetivos. “Vamos a tener Presupuestos”, independientemente de que “otros juegan a bombardear o torpedear”, añadió tras avanzar que este martes se llevará el techo de gasto al Consejo de Ministros.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reunió ayer en un ambiente visiblemente crispado que evidenció las fuertes diferencias que hay entre el Gobierno y la mayor parte de autonomías, gobernadas por el PP. Las regiones criticaron lo que conciben como una negociación bilateral entre el PSOE y ERC para condonar parte de la deuda catalana. A ello se le suma que la agenda no incluía la reforma del sistema de financiación y que las comunidades denunciaban un reparto desigual del ajuste del déficit. El Gobierno respondió anunciando a las autonomías que recibirán los mayores recursos de toda su historia. A su vez, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó cualquier trato bilateral con la Generalitat y recordó que la asunción parcial de la deuda beneficiará a todos.
Los recursos que recibirán las regiones ascenderán a los 154.467 millones de euros, un incremento de casi el 15% respecto a 2023. En euros, el volumen supone un aumento de 20.000 millones que podrán destinarse a fortalecer las políticas públicas, avanzaron desde Hacienda. La cifra total incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones. En los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido un 40% más de recursos que en los cinco últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone casi 180.000 millones más, resaltaron las mismas fuentes.
Para las autonomías, sin embargo, hay otros asuntos clave más allá de la asignación de recursos. Uno de ellos es un ajuste del déficit “arbitrario”, puesto que va a “recaer principalmente sobre las comunidades autónomas mientras que el Gobierno central tendrá mayor margen de maniobra”, según denuncian fuentes de los gobiernos autonómicos del PP. Montero detalló que se ha flexibilizado el objetivo de déficit de las comunidades de 2024, que pasará a ser del 0,1%. Esto supone una décima más de margen respecto al objetivo de equilibrio presupuestario fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la Comisión.
Otro de los asuntos espinosos es la negociación entre el Gobierno y Cataluña, algo que, denuncian los gobiernos del PP, “supone un agravio comparativo con el resto de territorios”. En este punto, visiblemente molesta, Montero insistió en que “el compromiso del Gobierno es que la Administración Central asuma parte de la deuda de todas las comunidades de régimen común”, estén o no suscritas al fondo de liquidez autonómico. También insistió en que tales conversaciones no han tenido lugar.
En cuanto a la financiación autonómica, un modelo caduco en el que hay regiones beneficiadas y otras perjudicadas, la vicepresidenta cuarta confió en avanzar en un rediseño a lo largo de la legislatura. En Hacienda son conscientes de que cada territorio arrima el ascua a su sardina para intentar dar más o menos peso a los criterios que determinan el modelo de reparto. Sin embargo, apuntó Montero, hay que tener en cuenta que una eventual reforma necesita de “mayoría cualificada en las Cortes, más allá del pronunciamiento de cada territorio”. Por eso, ironizó sobre lo que votará el PP en el Congreso y el Senado teniendo en cuenta que Madrid, Galicia y Andalucía, las tres gobernadas por el PP, “mantienen posturas diferentes”. Montero aprovechó para pedir a las regiones que abandonen las posturas de máximos para llegar a un consenso.
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