El Gobierno promete reducir el déficit al 3% ya en 2024, un año antes de lo previsto
Según la senda que se enviará a Bruselas, España logrará un superávit primario ya en 2025
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno contempla una reducción del déficit al 3% del PIB ya en el año 2024. El Ejecutivo enviará entre hoy y mañana a Bruselas el Programa de Estabilidad, que prevé lograr este objetivo de equilibrio fiscal un año antes de lo anunciado. Todo ello gracias a la “buena” evolución de la economía y la creación de empleo, que está permitiendo aprovechar la mejora de los ingresos para el proceso de consolidación fiscal. Montero añadió que esta meta se va a cumplir antes de que se activen las nuevas reglas fiscales que se están discutiendo en el seno de la Unión Europea, congeladas desde 2020 para permitir a los socios de la Unión Europea desplegar el gasto público necesario con el que hacer frente a la pandemia y a la crisis inflacionista.
La senda de reducción de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, según explica el Ministerio de Hacienda, prevé cerrar el año 2023 en el 3,9% del PIB, para bajar al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. Con este plan, se alcanzaría un superávit primario ya en el año 2025. Cabe recordar que España cerró el año 2022 con un agujero fiscal del 4,8% del PIB tras reducirlo desde el 6,7% anotado un ejercicio antes.
Según detallan fuentes gubernamentales, el plan no incluye grandes palancas para aumentar los ingresos públicos o recortar los gastos. Es decir, la reducción de déficit se produce de forma natural “por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la UE, y al dinamismo en la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social. Por tanto, el Gobierno logra una consolidación fiscal sin aplicar recortes”, apuntan desde Hacienda.
Ambos factores, crecimiento económico y empleo, permiten un aumento estructural de los ingresos. La recaudación de 2022, tras lograr unos ingresos tributarios récord de 255.000 millones de euros al calor del IRPF, Sociedades e IVA, cerró con un avance anual del 14,4%. En esta mejora, siempre según el Gobierno, la inflación solo aportó cinco puntos a ese crecimiento de los recursos. La previsión es que el aumento de los ingresos vaya moderándose en los próximos años, pero siempre mantengan un crecimiento superior a la previsión de inflación, “lo que pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo”.
Según detalla el departamento que dirige María Jesús Montero, el Gobierno “está comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas”. De hecho, “pese a la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania”, en solo dos años España ha reducido su desfase más de la mitad al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de cinco puntos porcentuales de PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera. En total, se trata de una rebaja de 49.500 millones de euros desde 2020.
De lograrse los objetivos del Gobierno, España cumpliría a priori con las reglas fiscales que volverán a entrar en vigor a partir de 2024. Según la propuesta de la Comisión Europea, hecha pública el miércoles, los países tendrán que ceñirse a los límites anteriores, que fijan topes del 3% del PIB al déficit y del 60% del PIB a la deuda pública. Sin embargo, las capitales con mayores desequilibrios tendrían cierto margen para llegar a esos objetivos, reduciendo anualmente el agujero de forma paulatina, con un recorte mínimo del 0,5% del PIB cada ejercicio.
En plan de Bruselas, que tiene que aprobarse por los 27 socios durante el segundo semestre del año, en plena presidencia española del Consejo de la UE, contempla que cada país elabore su hoja de ruta. A partir de aquí, el documento tendría que ser validado por el resto de capitales para hacerse efectivo y ponerse en marcha. Bruselas, entre otras cosas, también propone una cláusula de escape que permita relajar las reglas en caso de crisis económicas como las recientes.
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