El bloqueo de la renovación del CGPJ asfixia a los tribunales económicos
El impedimento para nombrar magistrados en la cúpula judicial deja un 30% de plazas en el Tribunal Supremo sin ocupar y casi 42.000 asuntos sin resolver
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy cinco años en funciones. Sus actuales vocales arrastran 10 años de mandato, un dato alarmante si se tiene en cuenta que la Constitución establece que el tiempo máximo en el órgano debe ser de cinco años y no contempla situaciones de interinidad como la que se vive. Los desencuentros de las principales formaciones políticas y las convocatorias electorales han provocado...
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy cinco años en funciones. Sus actuales vocales arrastran 10 años de mandato, un dato alarmante si se tiene en cuenta que la Constitución establece que el tiempo máximo en el órgano debe ser de cinco años y no contempla situaciones de interinidad como la que se vive. Los desencuentros de las principales formaciones políticas y las convocatorias electorales han provocado un bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la desesperación del sector judicial, que sufren las consecuencias directas de esta situación y que, indirectamente, se trasladan a los ciudadanos. Causas relativas al trabajo, Seguridad Social o medidas adoptadas por el Gobierno se encuentran lastradas por la falta de recursos.
Aunque el CGPJ ha seguido funcionando con normalidad durante todo este tiempo, una de sus principales funciones se encuentra limitada. A raíz de un cambio legal producido en 2021, el órgano no puede nombrar magistrados en la cúpula judicial, lo que implica que, a día de hoy, haya en total 85 vacantes (23 en el Tribunal Supremo, 36 en Tribunales Superiores de Justicia, 25 en las Audiencias Provinciales y uno en la Audiencia Nacional), derivadas de la jubilación, bajas o traslados de los magistrados. El efecto directo de las plazas vacías es el dictado de menos sentencias. De hecho, el Tribunal Supremo ya alertó, en octubre de ese mismo año, de que la situación era “insostenible”, ya que se quedarían sin resolver aproximadamente 1.000 asuntos al año y que los tiempos de respuesta se retrasarían.
De hecho, según recoge la Memoria del Alto Tribunal presentada el pasado mes de septiembre, relativa al año 2022, casi 43.000 casos quedaron pendientes al finalizar el año, más del doble de lo que quedaron sin resolver en 2021 (casi 20.000 asuntos). Asimismo, de acuerdo a los datos públicos del CGPJ, la litigiosidad lleva incrementando en todos los juzgados y tribunales de España desde 2016, salvo en el año 2020 cuando la actividad judicial se paralizó por la pandemia.
“Menos jueces y más asuntos”
Precisamente, los efectos de la crisis sanitaria motivaron la presentación de numerosas demandas sobre temáticas de las que no existía jurisprudencia y que finalmente han llegado hasta el Supremo para que marque el camino a seguir a las instancias judiciales inferiores. Así ha ocurrido con las medidas gubernamentales aprobadas para frenar la pandemia y su posible responsabilidad patrimonial; la regulación del teletrabajo; o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), entre otras cuestiones.
No obstante, estas causas nuevas se han acumulado a todas aquellas que ya estaban en las bandejas de asuntos pendientes de las cinco salas del Tribunal Supremo (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), que en total cuenta con un 30% de la plantilla sin renovar. “En definitiva, menos jueces para resolver más asuntos”, resume un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, que insiste en que los juzgados ordinarios tienen causas paralizadas a la espera de que el Alto Tribunal dé respuesta sobre asuntos controvertidos, como pueden ser los relacionados con materia fiscal o de la jurisdicción civil.
“El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”, afirmó el expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes en septiembre de 2022, en la apertura del año judicial celebrada unos días antes de que presentara su dimisión para forzar la renovación. El bloqueo continuó y su sustituto en la presidencia del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, repitió la misma idea un año después, en el inicio del curso judicial de este año.
Salas desbordadas
En el caso del Tribunal Supremo, la sala más perjudicada por el bloqueo del CGPJ es la de lo Social, que debería estar compuesta por 13 magistrados pero seis de sus sillas están sin ocupar. Los togados de esta sección son los que están especializados en todos los asuntos en materia laboral y de la Seguridad Social. Entre los últimos casos resueltos, destaca la unificación de doctrina sobre la obligación del empresario de demostrar el abono de salarios de sus trabajadores, aunque sea “en negro” o la fijación de una indemnización de 1.800 euros a los padres a los que se les negó el complemento por hijos en su pensión, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los magistrados de esta sala prevén un aumento significativo de la litigiosidad debido a la reforma laboral, aprobada a principios de 2022, “que ha generado múltiples dudas interpretativas”, así como por la “prevista crisis económica”, afirman en su última memoria.
Otra de las salas más afectadas, con 11 vacantes de 33 magistrados, es la de lo Contencioso-Administrativo. Además, esta división se encuentra desbordada, ya que es una de las que más casos recibe y tiene pendiente por resolver. De hecho, se ha visto obligada a adoptar medidas extraordinarias para evitar su colapso.
Estos jueces son los encargados de analizar los acuerdos aprobados por Consejo de Ministros y recursos contra las decisiones de órganos administrativos. Así, entre sus cometidos se encuentra aclarar numerosas discusiones que mantienen contribuyentes y empresas con la Agencia Tributaria; recursos en materia urbanística, en especial sobre la aplicación de la Ley de Costas; o la revisión de convocatorias de oferta pública de empleo, entre otras.
De hecho, uno de los asuntos que está por dilucidar si los gastos por actividades de innovación tecnológica consistentes en el desarrollo de aplicaciones informáticas generan derecho a la deducción fiscal que recoge la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Por otro lado, tiene pendiente de dictar la sentencia sobre la petición de las víctimas del Alvia, accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Galicia) en julio de 2013, de que orden nueva comisión de investigación “imparcial y objetiva” sobre la tragedia.
Así las cosas, la renovación del CGPJ es urgente, si bien fuentes judiciales advierten de que una vez que ello ocurra, la situación “no volverá a la normalidad al día siguiente”. Antes de cubrir todas las vacantes de la cúpula judicial, los vocales del órgano de gobierno de los jueces deben realizar los trámites de selección; y después, las nuevas incorporaciones tienen que ponerse al día de todos los asuntos. En consecuencia, las fuentes estiman “seis meses más, a partir de entonces” para que el sistema judicial vuelva a rodar.
El sistema judicial, en cifras
Media europea. La media europea en número de jueces y fiscales en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. España cuenta con 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto de los países del entorno se sitúa en 17,60 magistrados para el mismo rango de población.
Edad de jubilación. La edad límite de trabajo para los jueces y magistrados es de 70 años, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge la prórroga de la jubilación forzosa hasta los 72 años. No obstante, también existen jubilaciones anticipadas, pues pueden optar por el retiro, a partir de la edad de jubilación ordinaria a los 67 años.
Retirada masiva. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) –la segunda mayoritaria entre jueces y magistrados– estima que un 32% de la plantilla actual de jueces estará fuera de los juzgados en un plazo de 10 años si no se toman medidas a corto plazo.
Más de 60 años. Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, aprobada el pasado mes de julio, la edad media de los jueces y magistrados españoles supera los 60 años. En el Tribunal Supremo, la media edad de las magistradas es de 64,9 años; mientras que la de los magistrados es de 65,1 años. Situación similar se vive en la Audiencia Nacional, donde las mujeres tienen 61,3 años de media y los hombres están en 62,8 años de media. En cuanto a los 17 tribunales superiores de justicia, el escenario es muy parecido.
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