Sánchez blinda a su núcleo duro económico para el asalto final a vivienda y fiscal
Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera mantienen sus tres vicepresidencias económicas, a las que se suma la de María Jesús Montero. Isabel Rodríguez dirigirá la nueva cartera de Vivienda y José Luis Escrivá, Transformación Digital
Hay cifras que hablan por sí mismas y en este caso es el trece. Ese es el número de ministros que estaban en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez y que van a seguir formando parte de su equipo en la nueva legislatura. Los viejos rostros demuestran que la apuesta del presidente es continuar por la misma senda socioeconómica y, en paralelo, cerrar los flecos que quedan en dos áreas de máximo interés para todos los agentes sociales: fiscalidad y vivienda. De ahí que María Jesús Montero repita como máxima responsable de Hacienda y Función Pública y que Vivienda vuelva a tener su propia cartera de la mano de Isabel Rodríguez, que durante los últimos dos años ha sido la portavoz del Gobierno y ha estado al mando de Política Territorial.
El propio Sánchez recordó ayer que en los siguientes cuatro años “el Gobierno será continuista en el área económica”, con Nadia Calviño (Economía), Yolanda Díaz (Trabajo), Teresa Ribera (Energía) y María Jesús Montero (Hacienda) como vicepresidentas, y José Luis Escrivá –que hasta ahora ocupaba Seguridad Social– al frente de Transformación Digital, a la espera de si Calviño llega finalmente a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
El nuevo equipo legislativo supone un mensaje de calado en el ámbito nacional e internacional. “La economía ha sido la pata que más sabores dulces ha dado al Gobierno en la anterior legislatura, y por eso se quiere continuar con la misma senda”, explica Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. En conjunto, supone un mensaje evidente a interlocutores como la Unión Europea y la propia Comisión, dejando claro que se culminarán las reformas e inversiones vinculadas al plan de recuperación. A la espera de lo que suceda con Calviño, “es un mensaje de continuidad y tranquilidad hacia Europa”, añade.
Otro mensaje, aunque este en clave nacional, se presenta con la recuperación del Ministerio de Vivienda, que tendrá la tarea de consumar la norma aprobada en mayo de este año. Los dos aspectos fundamentales son la promoción de nuevas viviendas públicas y el desarrollo del índice de precios para las zonas tensionadas, lo que permitiría poner topes a las subidas de las rentas. Es una misión titánica para la nueva titular, pues al menos en materia de control de precios choca de frente con las patronales y con la oposición, que gobierna en gran parte de las comunidades autónomas.
Además del bloque económico, Sánchez sigue confiando en el núcleo duro del anterior Gobierno y mantiene a Félix Bolaños (en Presidencia pero también Justicia), José Luis Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Luis Planas (Agricultura) y Pilar Alegría (Educación, pero también Deporte, así como la portavocía del Gobierno).
El contexto económico que se abre en la nueva legislatura será completamente diferente al anterior. El fuerte ritmo de recuperación posterior a la crisis sanitaria del Covid-19 está perdiendo fuelle y lo mismo está sucediendo con el mercado de trabajo. “Para el año que viene, lo que se espera de la economía española es distinto a lo que hemos vivido y los retos van a ser diferentes, con una situación algo incómoda y complicada debido al resentimiento del crecimiento”, recuerda Hidalgo. No obstante, añade, este es el Gobierno que lidió con la pandemia y con la crisis inflacionista posterior, y lo que venga “no debería ser más difícil que todo esto”.
Cumplir con las reglas fiscales se antoja como otro de los grandes retos económicos de la nueva legislatura. Desde Funcas recuerdan que toda la deuda pública que expira a partir del mes de febrero de 2024 habrá que renovarla con tipos más altos que la deuda que vence. El incremento del gasto solo por intereses es mayúsculo, pues en los próximos dos años expirarán 340.000 millones de euros, según detalla Raymond Torres, director de coyuntura económica del think tank.
Ante tal cifra, es previsible que los mercados se mantengan al tanto de los esfuerzos del país por corregir los desequilibrios presupuestarios más allá de las normas europeas que ya incluyen una reducción del déficit público al 3% del PIB. A día de hoy, el agujero fiscal se sitúa un poco por encima del 4% del PIB, mientras que la deuda ronda el 110%, muy por encima de las recomendaciones que previsiblemente se incorporarán a las reglas europeas.
Por eso, explica Hidalgo, otro de los desafíos es la consolidación fiscal en un contexto en el que volverá a estar funcionando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que pone límites a la deuda y el déficit públicos. Todo ello en un contexto en el que habrá que gestionar los niveles de gasto y también la capacidad que tienen los ingresos. “También será complicado gestionar la vuelta a esta consolidación en un Gobierno en el que, internamente, hay formas diferentes de encarar este tema”.
Este es un punto que también destaca Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research: “Va a ser clave ver cómo se compone el ajuste fiscal dependiendo de las reglas en Europa”. Todo apunta, como ya se ha confirmado con la rebaja del IVA a los alimentos, que se mantendrán algunas de las rebajas y bonificaciones puestas en marcha en varios impuestos para hacer frente a la crisis de los precios. “Si se van a extender estas políticas se tendrán que poner en marcha medidas compensatorias para salvar los ingresos, seguramente focalizadas en mayores costes tributarios para empresas y rentas altas”.
En materia impositiva, Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, enfatiza que “el Estado debe tener suficiente capacidad recaudatoria para redistribuir la renta nacional en aras del bien común. Si queremos más músculo financiero hay que mantener los impuestos a las eléctricas y entidades financieras”.
Además de los costes fiscales, Cardoso también apunta a un alza de los costes laborales de la mano del probable incremento del salario mínimo y de la paulatina reducción de la jornada laboral semanal en varios sectores.
Desde Comisiones Obreras recuerdan que las grandes reformas estructurales ya se han llevado a cabo durante la legislatura pasada, pero quedan por desplegar políticas muy sensibles en materia fiscal como es la condonación de la deuda autonómica y la reforma del sistema de financiación. Unai Sordo, secretario general del sindicato, defiende que esto debe llevarse a cabo en un marco multilateral, por lo que urge que el Ejecutivo convoque la mesa de política territorial en cuanto antes.
El otro fleco sensible, según el propio Sordo, es vivienda. Aunque ha visto con buenos ojos que vuelva a haber un ministerio independiente para gestionar este sector, considera que hacen falta “medidas valientes” destinadas a contener el precio y el acceso. “Creo que la actual Ley de Vivienda no va a ser ni mucho menos suficiente para conseguirlo por el boicot autonómico en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son casi todas, a su aplicación efectiva”, dijo ayer en rueda de prensa.
De manera similar, en UGT han precisado que en materia de vivienda, se requieren medidas urgentes porque el aumento de tipos está originando problemas económicos en las familias más humildes. “Son cosas que no pueden esperar y aunque los nombramientos nos alegran porque se trata de personas capaces y contrastadas, lo que realmente importa es que sean útiles”, ha explicado Luján.
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