La tarea de Díaz para la próxima legislatura en materia laboral: del SMI a reescribir el Estatuto de los Trabajadores
También tiene pendiente el desarrollo del artículo 129 de la Constitución y una reforma de las reglas de representatividad empresarial
La ambición reformista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no parece que vaya a ceder en la próxima legislatura, a tenor de las numerosas propuestas de cambios laborales que logró incluir en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.
De la extensa agenda incluida en este acuerdo lo primero que previsiblemente tiene la intención de ejecutar Diaz es la negociación con empresarios y sindicatos de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, situado en 1.080 euros al mes en 14 patas tras haber aumentado un 47% en la legislatura pasada. Esta negociación que no es vinculante (el Gobierno solo tiene que consultar a los interlocutores sociales) no será fácil, para empezar. Entre otras cosas porque su intención no se solo aplicar un nuevo incremento sino blindar en el Estatuto de los trabajadores que esta renta crezca siempre acompasad con el 60% del salario medio para garantizar su poder adquisitivo.
Acto seguido, probablemente Díaz no tardará en poner en marcha la medida estrella en materia laboral: la reducción de la jornada de trabajo de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas. Su aplicación se producirá de forma progresiva, hasta las 38,5 horas en 2024 (una de las decisiones que podría tomar, por tanto, al principio de su nuevo mandato), culminando el recorte en 2025. A partir de ahí, la ministra pretende crear una mesa con los agentes sociales para seguir disminuyendo esta jornada máxima legal de manera pactada en función de los sectores de actividad. Esta iniciativa se completará con el diseño y aprobación de una Ley de Usos del tiempo de trabajo que incluya nuevas medidas de conciliación y que tuvo que dejar en el cajón en la pasada legislatura por el adelanto electoral.
Pero probablemente su proyecto más complicado, sobre todo por las numerosas horas de negociación que requerirá con empresarios y sindicatos, será el de reescribir el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI, incluyendo todas las formas de trabajo (autónomos y cooperativistas) e incorporando en esta norma la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos y la transición verde, todo ello con la negociación colectiva (y, por tanto, la concertación social) como guía.
Las normas laborales que quiere reformar Díaz, dentro de este nuevo redactado del Estatuto de los Trabajadores no son de menor importancia. La más polémica será, sin duda, la esperada reforma de la indemnización por despido, para que esta se fije no solo en función de la antigüedad del trabajador despedido sino también con otros parámetros y características del afectado. Junto a esto, pretende hacer una mini reforma laboral, incorporando a la norma algunos aspectos que quedaron fuera del perímetro de negociación en la reforma anterior, como la revisión de las causas para que las empresas puedan modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados o puedan inaplicar los convenios de referencia; y establecer la obligatoriedad de que el empresario revierta los recortes que haga al amparo de dichas modificaciones.
Hay otras dos iniciativas que Díaz quiere desarrollar y que no le resultará sencillo: el desarrollo del artículo 129 de la Constitución para que los sindicatos se sienten en los consejos de administración de las empresas. Y, en segundo lugar, una reforma de las reglas de representatividad empresarial, especialmente de las pymes. Para ambas cuestiones se encontrará con la resistencia patronal.
Finalmente, el despliegue de la reformas de pensiones aprobada en dos fases en la anterior legislatura, culminará los principales planes del Ejecutivo relacionadas con el mercado de trabajo. En este punto, el horizonte de 2025 cobra especial importancia porque la Airef deberá hacer una primera evaluación de los efectos sobre las cuentas del sistema de estos cambios que podría obligar, según la opinión de numerosos expertos, a hacer nuevos retoques en la regulación de las pensiones.
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