El despliegue de los fondos europeos se ralentiza: solo se ejecutan un 28% en 2023
Entre enero y agosto de 2022 se reconocieron el 40% de los créditos presupuestados
La ejecución de los fondos europeos en España pierde fuelle y amenaza con incumplir el calendario previsto. El despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canaliza el dinero comunitario va por fases. Primero, se presupuestan las cuantías. Más tarde, en función de los proyectos y objetivos, se autorizan, se comprometen, se reconocen y, finalmente, se abonan. Así, atendiendo a este proceso, entre enero y agosto de 2023 las obligaciones de pago reconocidas fueron del 28%, una caída de más de 10 puntos porcentuales si se compara con el 40,8% anotado en el mismo periodo del pasado ejercicio.
Los datos, actualizados la semana pasada, se extraen de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y permiten analizar el despliegue del plan desde otras ópticas. Así, si se analiza únicamente el volumen de pagos efectivamente realizados, la tendencia dibujada es similar. Hasta el octavo mes del año, alcanzaron un grado de ejecución definitivo del 16%, por debajo de casi el 20% logrado en el mismo periodo de 2022.
El lento ritmo de ejecución real se debe a diversos factores, desde la falta de un Gobierno en plenos poderes tras la disolución de las Cortes en el mes de junio, hasta la negociación de la adenda –recientemente aprobada por Bruselas– o la crisis inflacionista que ha retrasado varios proyectos. Sin embargo, el mayor motivo se encuentra en el efecto bola de nieve provocado por aquellas cuantías que no terminaron de ejecutarse en 2022 y que se cargaron a las cuentas de 2023.
Para el año en curso, en efecto, se habían presupuestado originalmente unos 28.700 millones de euros, que finalmente llegaron a una cuantía cercana a los 36.000 millones tras incluir 7.200 millones que no se habían ejecutado en 2022 y que provocaron una suerte de efecto arrastre.
El análisis del despliegue del plan de recuperación puede hacerse desde dos ópticas. El Gobierno, ahora en funciones, defiende que la variable que mejor ilustra su marcha es la cantidad de obligaciones reconocidas netas sobre el total de créditos presupuestarios definitivos, que tendrían un grado de cumplimiento del 28% entre enero y agosto de 2023, con unos 10.000 millones de euros. Esto es así, explican fuentes del Ejecutivo, porque este indicador es el que permite mostrar que ya hay proyectos aprobados que cuentan con la financiación europea necesaria para su puesta en marcha. Son, por así decirlo, las cuantías reconocidas y aprobadas.
Al otro lado, la oposición y buena parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular sostienen que la variable que mejor muestra el ritmo real de despliegue son los pagos efectivamente realizados sobre el total de créditos definitivos. En este caso, la cifra sería mucho menor, de 5.700 millones de euros, con un grado de cumplimiento del 16%.
Las mismas fuentes del Gobierno central contradicen este planteamiento y argumentan que los pagos realizados no terminan de mostrar el ritmo real porque “algunos de ellos pueden haber sido ya autorizados, comprometidos y reconocidos pero estar todavía en proceso de llegar a su destino final por diferentes motivos”. En este caso, ponen como ejemplo una partida ya reconocida cuyo trámite final puede estar gestionado por un gobierno autonómico o local.
A raíz de todas estas cifras, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó ayer la última actualización del seguimiento de las inversiones y ayudas del plan y su adenda. En términos de ejecución presupuestaria, Fedea avisa de que la situación es “complicada”. Así, aunque el balance general “no es malo”, pues el grueso del gasto presupuestado (un 83% en 2021 y un 69% en 2022) se ha ejecutado dentro del ejercicio, no se puede decir lo mismo del resto del despliegue.
En muchos casos, explica, las obligaciones reconocidas todavía no se han desembolsado. “Esto solo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes”, apunta.
Sin embargo, fuentes de algunas de esas administraciones intermedias, como son las autonomías gobernadas por el PP, no dejan de reprochar la falta de información durante todo el proceso y, en particular, exigir datos del impacto final de estos miles de millones para la economía real, es decir, en términos de aportación al Producto Interior Bruto o en empleos. Un aspecto en lo que la Airef también encuentra lagunas desde el primer momento y que, con casi dos ejercicios completos ya liquidados.
La acumulación de inversiones sin adjudicar también se señala desde el principal partido de la oposición como la razón por la que la adenda al plan de recuperación recientemente ratificada por Europa incluye hasta 52 modificaciones en los plazos y objetivos comprometidos. “Están admitiendo que no llegaban y han tenido que pedir más tiempo o reducir su ambición, pero siempre nos enteramos de todo a posteriori”, lamentan desde las autonomías populares.
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