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¿Por qué los fondos europeos son a prueba de la inestabilidad política?

Las inversiones, lejos de paralizarse, han aumentado durante los meses de las elecciones generales y autonómicas

Nadia Calviño
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros del 6 de junio en el que se aprobó la adenda al Plan de Recuperación.Eduardo Parra (Europa Press)

Independientemente de quién sea el próximo presidente del Gobierno, los fondos europeos encaran la segunda vuelta de su desembolso en la economía española. Tras haberse asignado más de 27.000 millones de euros hasta mayo, la Comisión Europea deberá aprobar en agosto la adenda del Plan de Recuperación que el Consejo de Ministros remitió en junio. Si sigue adelante, España recibirá a partir de 2024 más de 94.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU. La administración deberá de ser el brazo ejecutor que encauce esos recursos, pero el periodo electoral alargado que vive el país desde el pasado 28 de mayo dará un giro a la estructura de comunidades autónomas y ayuntamientos. Mientras, el Gobierno central seguirá en funciones, al menos, hasta septiembre.

No obstante, desde el ministerio de Asuntos Económicos afirman que en previsión de los procesos electorales avanzaron las reformas necesarias para percibir los fondos y que, más allá de aquellos proyectos que requieran de legislación parlamentaria, las inversiones seguirán su curso. De hecho, el director de Estrategia y Subvenciones de FI Group, Gerard Brinquis, explica que, lejos de frenarse, el despliegue de los fondos está acelerándose de cara al final del año. “En este último mes, hemos tenido muchísima más actividad a nivel de convocatorias de devengación de fondos o de subrogación de convocatorias que en los últimos cinco meses”, afirma.

Los fondos europeos están gestionados por todos los niveles de la administración. Mientras el estado se encarga de determinar las líneas maestras, las autoridades autonómicas gestionan parte del gasto según sus necesidades. En el caso de la mayoría de las autonomías que cambiaron su Ejecutivo tras los comicios del 28 de mayo, Brinquis concreta que los cambios serán de forma, no de fondo: “Lo que seguro que variará es cómo se enfocan los proyectos”. Por ejemplo, el especialista de FI detalla que dentro de una línea dedicada a la descarbonización, los nuevos gobiernos autonómicos pueden tener margen para modificar la distribución de los fondos, pero no el destino de las inversiones que deberán destinarse a promover la descarbonización.

A nivel de la administración central, otras fuentes jurídicas consultadas explican que, a diferencia de otras convocatorias electorales donde la licitación de proyectos y convocatorias se detienen por completo, en estas últimas los procesos de inversión de los fondos europeos han seguido adelante.

La Ley del Gobierno define un marco general para determinar el marco de actuación de un Gobierno en funciones, que establece que “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar (...) cualesquiera otras medidas”. Las mismas fuentes jurídicas afirman que, debido a la experiencia de los 10 meses de gobierno en funciones entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 y de 7 meses en el año 2019, hay consultas que permiten dar visibilidad sobre lo que se puede y no se puede hacer. Además, afirman que hay un interés general que hace necesario que los proyectos sigan adelante: “Una cosa es que el Gobierno en funciones trate de poner o establecer su visión política y otra que el estado esté de vacaciones”.

Viejo Gobierno o nuevo

El equipo de análisis de los fondos Next Generation de Llorente y Cuenca (LLYC) explica que el Gobierno marcó el compromiso de tener adjudicados a sus destinatarios 70.000 millones de euros destinados a subvenciones en un primer momento. El director de Estrategia y Subvenciones de FI Group afirma que, aunque el despliegue se haya ralentizado en la primera mitad de este año, “seguro” se cumplirá este objetivo a finales de 2023. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que en aquellos gobiernos autonómicos y locales donde ha habido cambio de dirección, lo esperable y normal es que haya retrasos con asuntos que requieran de decisión política.

Por parte del Gobierno central, desde FI explican que si la formación del Ejecutivo se dilata, se retrasará el proceso de renovación de la estructura de los diferentes ministerios, así como la rendición de cuentas de los hitos y objetivos establecidos para la recepción de fondos con Bruselas. Además, Brinquis concreta que más prioritario que la adenda será la aprobación de los Presupuestos de 2024, “para tener la potestad de dónde y cómo invertir”, explica.

De ir a más estos retrasos y alcanzar una situación de bloqueo legislativo que impidiera llevar a cabo reformas, se pondrían en tela de juicio las intervenciones semestrales que practica la Comisión a todos los países. Si se incumplen los planes o hitos, las fuentes consultadas aseguran que los pagos podrían llegar a dilatarse, aunque no a perderse.

Adenda

Préstamos. La adenda que aprobó el Consejo de Ministros en junio permitirá movilizar 7.700 millones de euros en transferencias adicionales, en torno a 2.600 millones de euros del programa REPowerEU y hasta 84.000 millones en préstamos blandos.

Refuerzo de líneas. Ejecutivo remitirá a Bruselas el documento para tratar, por un lado, de reforzar 12 líneas de los programas estratégicos (Perte) ya existentes y, por otro, garantizar los flujos de inversiones en los próximos años. En lo referente a los Perte, Asuntos Económicos afirmaba que los intensificará con 28.200 millones de euros, de los que más de 17.000 millones provendrán de las nuevas líneas de crédito que traen como novedad esta segunda parte del Plan.

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Sobre la firma

Pepe García
Redactor de la sección de Economía de Cinco Días. Estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y cursó el Máster de periodismo UAM - EL PAÍS.

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