Decae desde este sábado la prórroga automática de seis meses de los alquileres
Sí podrán extenderse, por un período de un año, aquellos contratos de personas vulnerables en viviendas de grandes tenedores
La prórroga automática de seis meses en los alquileres de vivienda habitual decayó este viernes, por lo que los contratos que finalicen a partir de este sábado no podrán extenderse, aunque sí lo podrán hacer, por un período de un año, aquellos de personas vulnerables en viviendas de grandes tenedores, tal y como estipula la Ley de Vivienda.
La medida fue introducida en el real decreto aprobado el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo y buscaba una mayor protección a los inquilinos en plena escalada de la inflación en el contexto de la guerra en Ucrania. En concreto, se extendían, a solicitud del arrendatario, aquellos contratos que finalizasen entre la fecha de entrada en vigor del real decreto y el 30 de junio de 2023 con un incremento de la renta que no podía ser superior al 2%.
De hecho, un inquilino cuyo contrato finalizase este viernes tenía la opción de solicitar una prórroga de seis meses hasta el próximo 30 de diciembre. La prórroga tenía que ser aceptada por el arrendador salvo que se hubieran fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de haber comunicado con la antelación marcada en la ley la necesidad de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí, para familiares o su cónyuge.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, criticó la decisión de dejar caer esta medida como “un error” por parte del PSOE: “Esta mañana el Partido Socialista ha decidido no prorrogar la medida que permitía ampliar la duración de los contratos de alquiler seis meses, una medida imprescindible para evitar subidas abusivas”, dijo en un vídeo subido a sus redes sociales.
Desde el Sindicato de Inquilinos cargaron contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber “cedido a las presiones” de su vicepresidenta Nadia Calviño para no prolongar la prórroga. La organización subrayó que la medida “ha salvado a miles de hogares durante los últimos meses de subidas de alquiler totalmente desproporcionadas, y expulsiones a través de la no renovación de los contratos” y apuntó que no renovarla “supondrá una oleada de desahucios”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, la número dos del Ejecutivo lamentó, frente a las críticas, que “haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego, teniendo en cuenta que estos años”, el Gobierno ha “reforzado mucho” el marco sobre alquiler. En este mismo sentido se pronunciaron desde el Ministerio de Transportes, desde donde defendieron que la prórroga automática era una medida “extraordinaria y coyuntural”, que estaba enmarcada “en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos”, una etapa que “por fortuna” ya ha pasado.
Asimismo, recordaron que la Ley de Vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad y que tiene que se aceptada obligatoriamente si el propietario es un gran tenedor, es decir, si tiene 10 viviendas o más. “Aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año”, señalaron las fuentes procedentes de la cartera dirigida por Raquel Sánchez.
Se suspenden los desahucios hasta final de año
En cambio, el Ejecutivo sí decidió ampliar hasta final de año la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. La vicepresidenta justificó esta decisión en que, aunque ya esté prevista en la Ley de Vivienda, “es cierto que las comunidades autónomas no han dispuesto de tiempo suficiente” para poner en marcha los mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas habitacionales.
En concreto, la Ley de Vivienda contempla que los procedimientos de desahucios paralizados por el real decreto sólo se reanudarán a partir del 30 de junio si la parte solicitante acredita que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas. Asimismo, la norma incluye unas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer nuevas condiciones en los desahucios de personas vulnerables.
Desde la oposición criticaron esta cuestión como “un incentivo a la ocupación”. La disposición final quinta, objeto de la polémica, establece que no se atenderán las demandas de desahucio si el propietario no especifica tres cuestiones. En primer lugar, deberá certificar que el inmueble constituye la “vivienda habitual de la persona ocupante”; en segundo lugar, tendrá que determinar si es un gran tenedor y, en esta circunstancia, también deberá dar cuenta de la situación económica de la parte demandada.
De tal manera, sólo en el caso de que se trate de un gran tenedor, el inmueble objeto de demanda constituya vivienda habitual de la persona ocupante y esta se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, “no se admitirán las demandas” en las que no se acredite que el demandante “se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación” que establezcan las autoridades competentes a este respecto, en su mayoría, las comunidades autónomas.
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